La audiencia imputativa se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal.
Las denuncias de la Asociación de Fiscales de Santa Fe sobre lo que sus miembros denominan una grave situación de violación a su independencia de parte de otros poderes del Estado serán escuchadas en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington el próximo 18 de marzo.
La aceptación de llevar al máximo tribunal interamericano ese planteo no se circunscribe a situaciones en la provincia sino que engloba a denuncias de fiscales de otras regiones del país. Pero en la audiencia se transparentará el conflicto de poderes que desde 2016 de manera pública mantienen en especial el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con sectores del poder político especialmente focalizados en la Legislatura de la provincia en especial a partir de causas de corrupción.
El planteo hecho a la CIDH por los fiscales de Rosario engloba varios incidentes que ellos consideran indicativos de fuertes presiones políticas para neutralizar el avance de trámites de corrupción. Lo primero que destacan es la situación en que dos fiscales, Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, fueron denunciados y hostigados cuando investigaban manejo arbitrario de subsidios de legisladores en épocas electorales, el desvío presunto de fondos públicos de parte de un senador mientras se desempeñaba como intendente de un municipio y una causa de lavado por estadas inmobiliarias que involucraban a empresarios de la ciudad.
También se ventilará en la CIDH de parte de la Asociación de Fiscales de Rosario pormenores de la investigación relacionada con el juego ilegal en la provincia de Santa Fe, donde, dice el escrito, “los fiscales Matías Edery y Luis Antonio Schiappa Pietra vincularon a un senador provincial, solicitando en diciembre de 2020 su desafuero ante el Senado de la provincia, con la finalidad de imputarlo por actos de corrupción, y tal como lo dispone la normativa procesal”.
El escrito de solicitud indica que el senado provincial rechazó el pedido de desafuero, lo que impidió la imputación al senador. “Desde ese momento, los fiscales intervinientes tuvieron que soportar todo tipo de intimidaciones e intentos de intromisión en la investigación, tanto de parte del senador involucrado como de sus abogados. Inclusive uno de ellos dijo públicamente que el gobernador de la provincia no terminaría su mandato y que los fiscales que investigan al legislador “hacen inteligencia y no derecho procesal”.
Por último también se detallarán ante la CIDH los cambios sucesivos al régimen disciplinario sobre inconductas de los fiscales que quedó en manos de los legisladores como una forma de presión y control político de las investigaciones.
La audiencia se realizará por zoom el próximo 18 de marzo a las 11 horario de Washington que es donde la CIDH tiene su sede. Participarán como peticionantes el presidente de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF), Marcelo Varona Quintián, y la presidenta de la Asociación de Fiscales y Funcionaries del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe, Gisela Paolicelli.
La CIDH admite la revisión de causas en su seno cuando considera que en los trámites aludidos existen elementos que sugieren violaciones a los derechos y las garantías de personas sometidas a juicio o del debido proceso. En tales circunstancias, en caso de que se comprueben esas afectaciones, responden materialmente los Estados nacionales.
Once allanamientos en la zona oeste permitieron secuestrar 26 teléfonos y vehículos. Investigan una organización que habría presentado falsas denuncias para recuperar las motos usadas en los robos.
Por Facundo Borrego
