El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, sostuvo que dos decisiones recientes del Senado son intempestivas e ilegales. El funcionario se refirió tanto la comisión creada para investigar causas en trámite en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) –que finalmente quedó en suspenso–, así como la indicación cursada por la vicegobernadora Alejandra Rodenas al juez que entiende en la causa en la que está implicado el senador Armando Traferri donde le indican al magistrado que debe cerrar las actuaciones contra el legislador bajo sospecha.
“Entendemos que estas resoluciones generan una gravedad institucional muy fuerte y hasta inusitada”, sostuvo Baclini. “Ha existido en la creación (de la comisión de seguimiento al MPA) afectación de normas constitucionales que regulan la independencia del Poder Judicial y la autonomía”, observó. A criterio del jefe de los fiscales de la provincia, la resolución fue dictada de manera intempestiva y supone una injerencia sobre facultades propias de la persecución penal y de la auditoría de gestión del MPA. “El Senado toma funciones ilegales sobre otro órgano”, dijo Baclini en relación al Poder Judicial.
El responsable máximo del MPA se detuvo también en la remisión del Senado de una resolución destinada al juez Carlos Leiva, que interviene en el trámite en el que dos fiscales aspiran a imputar al senador Traferri como organizador de juego ilegal, donde los senadores deciden “hacer saber” al magistrado que no puede avanzar en el proceso penal contra Traferri, lo que según dijo Baclini supone el archivo de las actuaciones en su contra, debido al rechazo del desafuero al legislador.
“Esto viene con la firma de la vicegobernadora, lo que me parece también sumamente crítico, que el cuerpo se ponga en la defensa de uno de sus integrantes en una causa judicial. En una causa judicial a quien le corresponde la defensa de sus derechos es al propio involucrado”, indicó Baclini.
El funcionario dijo que este caso, una causa penal en trámite, debe manejarse en los ámbitos que son propios. “El dictado de esta resolución afecta la independencia del Poder Judicial y la libertad de decisión que puede tener el juez y que puede sentir una presión. Presión que puede ser doble porque no solo la suscribe la vicegobernadora, que es parte del Poder Ejecutivo, sino también el Senado”. Para más gravedad, dijo Baclini, viniendo de la Legislatura, ya que el régimen disciplinario para sancionar fiscales por mal desempeño o delitos lo tienen los legisladores, en una decisión legal reciente que está cuestionada por inconstitucional, y que una Cámara Laboral de Rosario ya consideró sin sustento en la Carta Magna.
Baclini confrontó de modo explícito con la posición de Rodenas, quien había sostenido que la remisión de la nota al juez Leiva fue un acto meramente administrativo propio de su cargo de presidenta del Senado. Baclini sostuvo que, a su criterio, la remisión de esa resolución supone pedirle al juez el archivo de la causa.
“(La resolución) específicamente dice que no se puede avanzar con la investigación. Se cita el artículo 29 del Código Procesal Penal que lo que pide, el artículo 29, es el archivo de las investigaciones”, sostuvo el fiscal general, para quien la vicemandataria no solamente comunicó la resolución sino también la avaló con su acto.
"Esta segunda resolución tiene una gravedad inusitada. La verdad es que nunca pensó que iban a ocurrir en la provincia de Santa Fe", afirmó Baclini.
Rodenas aseguró que se limitó a comunicar al juez la voluntad del cuerpo que preside y que eso no es un acto parlamentario promovido por ella. Existen opiniones de constitucionalistas en defensa del planteo de la vicegobernadora respecto de cumplió con el reglamento interno del Senado que le impone comunicar las resoluciones de la Cámara.
También otros destacan que el juez tiene el control difuso de la constitucionalidad de las normas y que frente a una comunicación donde el Senado le indica qué hacer, algo impertinente, puede desestimarla por inconstitucional. Y que Rodenas, como ex jueza, no puede tampoco desconocer que si el juez del caso tiene pendiente la resolución por la inconstitucionalidad de una norma, en este caso el del rechazo al desafuero de Traferri, nadie puede decirle lo que debe resolver inminentemente.
El contexto en el que se produce este conflicto de poderes deviene de la causa penal en la que dos fiscales de Rosario, Luis Shiappa Pietra y Matías Edery, buscan imputar a Traferri como parte de una asociación ilícita dedicada a la explotación del juego clandestino en la provincia, causa por la cual desde hace seis meses está imputado y preso el exfiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.
Schiappa Pietra hizo una fuerte crítica a Rodenas que ayer, en su descargo, aclaró que cuando el Senado le encomienda en la discutida resolución ser “parte en el proceso”, lo que para la vicegobernadora solo implica "arbitrar los medios para ser oída institucionalmente en un trámite en el que se está discutiendo la constitucionalidad de decisiones tomadas por el mencionado cuerpo legislativo en el marco de las normas vigentes”.
"El Senado pretende intervenir directamente sobre la causa penal. Vamos a hacer un planteo ante el juez de la causa por esto. Le dicen al juez qué es lo que tiene que hacer lo que implica una osadía inédita. Ellos a sabiendas de que estamos objetando la inconstitucionalidad de la medida que impide el desafuero (de Traferri), algo que no está resuelto, le piden al juez que cierre el caso", dijo Schiappa Pietra.
"El escrito viene acompañado con la voluntad de la vicegobernadora. Ella dice que no está pidiendo un archivo en la causa pero dice que sí pretende ser oida en la causa. ¿Qué es ser oída? Ser parte. El que eventualmente será parte, si se hace lugar a nuestro pedido, es el imputado y su defensor. Una presidenta del Senado o el Senado no tiene por qué ser parte del conflicto. No hay ninguna legitimación para eso. El que tiene que defenderse es el senador y nadie más que él", sostuvo el fiscal.
El MPA buscó dar una imagen de cohesión institucional respecto de estas posturas. Baclini estuvo acompañado en la sede del organismo en Santa Fe por los responsables de las cinco fiscalías regionales de la provincia: Rubén Martínez (Reconquista), Matías Merlo (Venado Tuerto, Carlos Arietti (Santa Fe), María Eugenia Iribarren (Rosario) y Diego Vigo (Rafaela).
En diciembre los fiscales adujeron haber detectado prueba de que este negocio tenía una columna en la política y pidieron al Senado que le suspendiera los fueros a Traferri para que éste pudiera ser llevado a audiencia penal. La mayoría de los senadores rechazaron el desafuero porque los argumentos fueron considerados poco convincentes. Dos meses después, el jueves pasado, el Senado aprobó una comisión con objeto de entre otras cosas pedir causas en trámite con interés público e investigar a los fiscales que no dan respuesta a la comunidad en sus causas.
La creación de la comisión legislativa ya había sido cuestionada abiertamente por el Colegio de Magistrados de Santa Fe, la Asociación de Fiscales y el Poder Ejecutivo a través del secretario de Justicia Gabriel Somaglia.
