La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados avanzó en el análisis del proyecto de gastos y recursos del 2023 y desde las 10 está reunida en la búsqueda de los acuerdos entre los bloques parlamentarios que se tratarán de plasmar en un dictamen.
La comisión deliberó este miércoles entre las 13 y las 16.30, cuando a instancias de diputados oficialistas y opositores se decidió suspender la reunión y directamente volver a tener el plenario de comisión este jueves desde la 10 para discutir el dictamen que se emitirá hoy, y que se debatirá en una sesión en el recinto de sesiones el próximo 26 de octubre.
La decisión se adoptó para permitir al presidente de la comisión, Carlos Heller, recibir todas las propuestas y dialogar con los legisladores de diferentes bloques políticos y así acercar las posiciones para tener un dictamen con el mayor consenso político.
El oficialismo defendió ayer las variables macroeconómicas del proyecto de Presupuesto pero dejó abierta la posibilidad de incluir algunos cambios en la iniciativa, siempre que no alteren el déficit fiscal que buscan descender del 2,5 al 1,9 por ciento.
La intención del oficialismo es poder aprobar esta iniciativa en las sesiones que se celebrarán entre el 25 y 26 de octubre, aunque aún falta definir si el FDT acepta dividir el tratamiento en dos días como pide Juntos por el Cambio.
Tras la votación de diputados, en el Senado esperan poder sancionar esa iniciativa en la segunda quincena de noviembre, es decir antes que finalice el período de sesiones ordinarias.
El primero en hablar ayer en la reunión de la Comisión de Presupuesto fue el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy, quien destacó el mecanismo de tratamiento que está teniendo el Presupuesto, cuestionó el funcionamiento del Banco Central y se preguntó con "qué va a pagar las lequics el Banco Central".
Los diputados reanudaron así el debate sobre el texto diseñado por el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, que estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.
Un dato distintivo es que más del 65% de los fondos se destinarán a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.
El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.
Los principales temas que se plantearon en la comisión fueron un aumento de las partidas para las universidades, un incremento de los fondos para el transporte automotor de pasajeros del interior del país, limitar las facultades del Gobierno para aumentar las retenciones y la inclusión de determinadas obras públicas.
Sobre los subsidios para el transporte de pasajeros del interior del país, legisladores de diferentes bloques consideran insuficiente el monto de $ 66.000 millones y piden sumar más recursos y una distribución más equilibrada entre la región metropolitana y el interior del país.
Otro punto es la pauta inflación y su impacto en la recaudación, y por eso JxC quiere incluir un artículo para que si es superior el aumento de precios al 60% y por ende la recaudación, que se envíe una corrección sobre cómo será la distribución como se hizo en el 2020.