Daniel Erbetta cierra el año en que presidió por primera vez la Corte Suprema santafesina señalando que la Justicia provincial tiene pendiente generar trámites más rápidos para dar respuestas en tiempo razonables y con audiencias donde el que busca Justicia, sea en un causa laboral civil o penal, verle desde el primer momento la cara a los jueces. Indica que por la vigencia de un sistema de audiencias públicas donde el juez ya no es dueño del expediente ni domina a su antojo los tiempos del trámite, en Santa Fe serían imposibles el tipo de acusaciones que predominan en Comodoro Py (los tribunales federales levantados en la zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires), al estilo polémico y arbitrario de Oyarbide o Bonadio, que aquí el modelo penal torna difícil e inviable. También critica la ley que la Legislatura se dio para manejar de forma exclusiva la remoción de fiscales y defensores provinciales.
—¿Por qué cree que entre los poderes públicos del Estado la Justicia tiene los índices de popularidad más negativos?
— En primer lugar porque hay un crecimiento sostenido de la conflictividad. Hoy se judicializan hasta los procesos políticos. Ha habido una ampliación de derechos ciudadanos formidable en los últimos 15 años, lo que ha potenciado las demandas sociales respecto de un poder que tiene que dedicarse a gestionar conflictividad. No tenemos todas las herramientas frente a esta demanda. Frente a la crisis de legitimidad de los poderes públicos el Poder Judicial es aquel del que más se espera y del que más se desconfía. Pero no siempre hay un análisis más integral del problema de la Justicia porque se forma opinión a partir de casos puntuales. Entonces los casos de impacto negativo llevan a generalizaciones. Supongamos la causa Ecos (la tragedia vial con doce muertos que prescribió a los nueve años sin responsables por inacción). Esta causa es un problema con nombres y apellidos. Pero el efecto negativo de este desmanejo puntual empaña a todo el Poder Judicial.
—Lo que es evidente es que está presente la distancia social, la demora de los trámites, el lenguaje inaccesible, la solemnidad de referencias como "Su Señoría". ¿Qué piensa de eso?
—Lo veo como una causa del descontento y la desconfianza. Si trato de acercar la Justicia a la gente, la gente tiene que verla. Hoy, en el fuero penal provincial se puede ver cómo trabaja la Justicia con solo acercarse a las audiencias. La estructura feudal del juzgado alimenta la delegación funcional: el juez que le pasa la resolución a un secretario por ejemplo. Un ciudadano tiene derecho a que lo juzgue un juez. Y eso se evita cuando el juez tiene que estar en una audiencia pública. También causa desconfianza cuando el Poder Judicial se convierte en un campo de disputa político partidaria. Ahí se corre el riesgo de que la política termine colonizando al Poder Judicial. Se debe prestar atención a esto porque en la dinámica histórica todos sabemos cómo son los ciclos políticos. Hay que tener una mirada diferente. No puede ser que sea más conocido un juez que un ministro del Poder Ejecutivo. Esto en Santa Fe no pasa.
—¿Cómo ve el pedido de prisión preventiva de Cristina Fernández y colaboradores por la causa Amia?
—Leí la denuncia de Alberto Nisman que es la base de este proceso. Leí la resolución del juez Daniel Rafecas que la desestimó. También leí el Memorándum de Entendimiento con Irán que aprobó el Congreso de la Nación. No opino del fallo de Bonadio porque no lo leí. Pero soy docente en materia penal y en la denuncia de Nisman no vi ningún delito. Tampoco vi delito en el contenido del Memorándum y mucho menos la posibilidad de imputar el delito de traición a la patria. Creo que hay en este caso una búsqueda de rédito en cuestiones personales y políticas que el perimido proceso de juicio de la Justicia Federal hace posible, con el juez monopolizando el manejo de los tiempos, algo muy pernicioso para la Justicia.
—¿Cree que con el sistema penal de Santa Fe no habría sido posible una acusación como la de Bonadio a la ex presidenta? Me refiero más bien a la idea, que va mucho más allá del kirchnerismo, de que hay una motivación política en la acusación.
—No tengo ninguna duda. Con nuestro sistema se evitaría la judicialización de los procesos políticos. Un sistema de enjuiciamiento estructurado con audiencias públicas y orales como el de Santa Fe, donde ningún juez es dueño de la causa y no existe el expediente, evitaría las polémicas cuestiones que surgen en los largos años de Comodoro Py. Nuestro modelo judicial en lo penal hace transparente la investigación y no permite que un juez pueda adueñarse de un caso y trabajarlo en su departamento, haciéndolo por escrito y sin mostrarle la cara a nadie. Tampoco puede el juez manejar los tiempos de una causa por ejemplo reteniéndola tres años y activándola cuando se le ocurre. En un sistema como el santafesino el fiscal pide la audiencia ni bien ocurre el hecho y el juez tiene que ir a poner la cara a la audiencia. Además no es el mismo juez el que interviene en distintos actos procesales de un mismo hecho. Gran parte de la resistencia a implementar en lo federal un modelo como el nuestro proviene de Comodoro Py porque los jueces tienen en la investigación personal y secreta que rige en la Justicia Federal una herramienta de poder que quieren mantener. Eso judicializa la política y lesiona la confianza en la Justicia. En nuestro sistema, si hay una arbitrariedad aparente en una investigación eso queda automáticamente en evidencia. Pasó cuando un fiscal ordenó escuchas a sus parientes, o con el que pidió la intervención de un teléfono anónimo cuando sabía que era del ministro de Seguridad. Todo eso quedó a la luz rápidamente y generó enseguida la activación de los mecanismos de investigación disciplinaria
—Se ha construido una mitología en torno de la neutralidad política de los jueces. Ilusión que se cae todo el tiempo, por ejemplo con el fallo de la Corte provincial, completamente dividido, sobre grandes supermercados y descanso dominical.
—Es difícil hacer un balance porque la independencia judicial hace que el ámbito de decisión de cada juez sea prácticamente sagrado y personal. Desde la Corte no he sentido en los años que llevo una presión ni de la política ni de los medios más allá de las críticas que se reciben. Me da la impresión que en el caso puntual de Rosario es como que los jueces han logrado un entrenamiento que les permite trabajar en paralelo sin grandes contratiempos. Los jueces por supuesto tienen convicciones políticas. Si no las tuvieran que no voten. Tienen una concepción sobre las cuestiones del poder. Lo que no pueden hacer es política partidaria porque eso conspira contra la independencia. Es bueno saber cómo piensan los jueces porque eso los vuelve previsibles. La ventaja de la estabilidad, que no debe confundirse con perpetuidad, es un argumento para una mayor exigencia del previsibilidad en el Poder Judicial.
—¿Por qué en el control de los jueces prevalece la cantidad de sentencias y no otros criterios como la calidad de los fallos, su rapidez, los índices de satisfacción al que demanda justicia?
—Tenemos que generar un mejor control de gestión porque en eso, el Poder Judicial tiene pendiente legitimarse. Para eso no podemos caer en los curanderos sino en gente con capacidad y formación para la evaluación. Eso es imprescindible en cualquier organización. Las Cámaras tienen que estar encima de los problemas que se producen en la atención al público. Uno de los problemas centrales es que la Justicia no siempre llega a tiempo. La gente necesita ser considerada y tener una respuesta en tiempo razonable. Durante mucho tiempo se intentó resolverlo con resoluciones legislativas y sumando recursos humanos pero el problema subsiste. Hay que cambiar los modos de gestión y de litigación. En el fuero penal los jueces trabajan solo de jueces y no de gerente de una pyme que es administrar su juzgado. Necesitamos eso en cada fuero (comercial, laboral, familia) con sistemas de organización a cargo de personas idóneas que no son abogados. El objetivo es suprimir el expediente y la estructura del juzgado que se reemplaza con colegios de jueces. El expediente es un invento de 1800 y es un problema de la cultura del trámite. Viene y va, sube y baja, le faltó una coma y se corrige. Esto fue pensado en la época colonial. En 200 años en todos los niveles hubo cambios enormes. El Poder Judicial tiene que dejar atrás un sistema de organización y gestión de dos siglos.
—La Legislatura se otorgó a sí misma la atribución exclusiva de remover fiscales y defensores de primera instancia. ¿Qué opina?
—No es aconsejable ni adecuado. Un planteo de inconstitucionalidad de las leyes de reforma penal en 2014 decía que la Corte debía tener la posibilidad de remover jueces y fiscales pero la mayoría de la Corte desestimó tal cosa. No es aconsejable que un poder del Estado monopolice la facultad disciplinaria sobre otro poder porque eso interfiere en la autonomía que la ley concede a fiscales y defensores. Y hasta puede condicionar las políticas estratégicas de persecución o de defensa. Los legisladores pueden tener la mejor intención, pero no comparto su criterio.
Puntos salientes de un año de gestión
Los que siguen son los aspectos que Daniel Erbetta incluyó en la rendición de cuentas del año de su gestión como presidente de la Corte Suprema santafesina.
En la región sur de la provincia se duplicaron las defensorías civiles, que trabajan con los sectores sin recursos de la sociedad, que serán diez desde el año que viene. Se acondiciona una sala de espera para la gente que acude a ellas.
Se crearon secretarías de violencia familiar en los juzgados de familia de la zona sur: Cañada de Gómez, San Lorenzo, Casilda, Venado Tuerto y Villa Constitución. También se extendió el horario de la Oficina de Certificaciones que ahora atiende al público de corrido de 7.15 a 20.
En el mes en curso empiezan a mudarse al nuevo Centro de Justicia Penal (ex Heca) la Oficina de Gestión Judicial y distintas unidades de las fiscalías y del Servicio de Defensa.
Se creó una segunda secretaría de audiencias para todos los juzgados laborales de Rosario.
Se creó el centro de mediación y cargos en el área penal y civil que agiliza los trámites y descomprime el trabajo judicial.
Se crearon cargos para los estudios de ADN y anatomopatólogicos en el Instituto Médico Legal (IML) que pasan a planta estable. Se implementó el sorteo de perito por vía digital y por fuero. Lo que también agiliza los trámites.
Se creó la oficina del Registro de la Propiedad dentro de los Tribunales de Rosario.
Se hace un monitoreo del funcionamiento del sistema de Justicia Penal porque existen muchas asimetrías regionales.
"Se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para implementar una prueba piloto para sistemas de audiencias y oralidad en los juzgados de distrito civil y comercial. En La Plata los tiempos promedio de causas pasaron de cuatro años a un año y medio".
