Desde comienzos de los 2000, la ley de acceso a la información pública está en modo la película El día de la marmota: cíclicamente, la Cámara de Diputados de la provincia le da media sanción, pero la iniciativa se frena en el Senado. Esta semana, la Cámara baja votó por novena vez un proyecto sobre el tema pero desde el otro ala de la Legislatura, por lo menos por ahora, no descartan darle luz verde: sostienen que están abiertos a discutir la iniciativa, rechazan las acusaciones de falta de transparencia y remarcan que datos antes reservados —como los receptores de subsidios— ahora son públicos.
El jueves pasado, la Cámara de Diputados santafesina aprobó el texto elaborado por Gabriel Real y giró al Senado, además del proyecto del diputado del Partido Demócrata Progresista, los redactados por Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) y la presidenta del bloque del Frente Progresista, Clara García.
La norma establece que “toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información que esté en custodia o bajo control de cualquier autoridad pública o de las organizaciones privadas obligadas en los términos de la presente ley, no siendo necesario acreditar derecho subjetivo, interés legítimo, ni contar con patrocinio letrado”, y que “los sujetos en cuyo poder obre la información deberán prever y promover su adecuada organización, sistematización, descripción, clasificación y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso”.
La única regulación sobre la materia que tiene Santa Fe es el decreto 692/09 firmado por el entonces gobernador Hermes Binner, pero que excluye de su ámbito de aplicación a los poderes Legislativo y Judicial.
De aprobarse la ley elaborada por Real, una extensa lista de instituciones públicas y privadas estará obligada a proporcionar información. En ella figuran, por ejemplo, los tres poderes del Estado; los organismos o entes descentralizados de la administración pública provincial; los gobiernos locales; el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y el Ministerio Público; las empresas y sociedades del Estado, pero también organizaciones en las que el Estado tenga participación en el control de la voluntad social o en la formación de las decisiones societarias, y personas jurídicas privadas que reciban subsidios o aportes creados por el Estado.
El problema es que para que el acceso a la información pública se convierta en ley la Cámara en la que están representados los 19 departamentos de la provincia debe levantar la barrera. Hasta ahora, los antecedentes son todos negativos: le bajaron el pulgar a iniciativas similares en 2002, 2003, 2005, 2009, 2011, 2016, 2018 y 2020.
Desde Diputados disparan contra la otra ala de la Legislatura. “El Senado tiene tanta resistencia a los proyectos por cómo están acostumbrados a manejarse, hay una dinámica de secretismo, de hermetismo, de información que sólo manejan ellos”, cuestionó Gisel Mahmud, integrante de la bancada socialista.
Respuesta
En el Senado se despegan de las críticas. “Todo lo que tenga que ver con transparencia y que haga que la ciudadanía tenga mayor confianza en sus representantes lo apoyo y lo avalo”, expresó el representante del departamento Rosario, Marcelo Lewandowski.
“Vamos a analizar el proyecto y ojalá podamos encontrar el texto adecuado para que sea ley”, dijo el presidente del bloque de la UCR, Felipe Michlig.
Y agregó: “Desde distintos sectores siempre se intenta poner al Senado en un lugar turbio y no es así, hemos hecho una transformación administrativa para destacar”.
Un tema por demás urticante es la distribución de recursos por parte de los propios senadores. De acuerdo a la página web de la Cámara, las partidas para “ayuda social” del presupuesto 2021 son de 485.550.000 pesos, unos 2 millones y medio de pesos por legislador.
Sólo en diciembre del año pasado se otorgaron 475 subsidios. En la página web de la Cámara figuran las entidades beneficiadas, pero no los recursos que recibieron.
Michlig aseguró que el circuito es transparente. “No se paga absolutamente nada que no vaya a la cuenta de quien emite la factura”, subrayó el representante del departamento San Cristóbal.
“Además, se asegura de que no haya inconvenientes ni con la Afip ni la API y se transfiere el dinero a la cuenta, no se usan más cheques ni efectivo. Tenemos la auditoría del Tribunal de Cuentas, y tenemos aprobado hasta fines de 2020, sin objeciones. Muchos ministerios no pueden decir lo mismo”, deslizó el cacique radical.
Para el jefe de la UCR en el Senado, Felipe Michlig, se intenta poner a la Cámara alta "en un lugar turbio"
Trinchera
Tras el recambio político de 2019, el Senado se convirtió en uno de los centros de gravedad de la política santafesina.
Desde antes de la asunción de Omar Perotti, el bloque encabezado por Armando Traferri le hizo saber al rafaelino que no serían simples escribanos de los proyectos de la Casa Gris.
A partir de ahí, la serie acumuló varios capítulos: retoques de iniciativas del Ejecutivo, la sanción exprés de la ley de incompatibilidades y de gastos reservados, reclamos cruzados de falta de diálogo y acusaciones pesadas, y la ruptura del bloque en el Senado tras el escándalo que desató la causa de juego clandestino y cuya primera temporada cerró con la negativa del desafuero del ex intendente de San Lorenzo.
En ciertos despachos peronistas de la Legislatura creen que la oposición está más interesada en machacar con la ley de acceso de información pública que en realmente aprobarla. Si quisieran hacerlo, plantean, las conversaciones con la Cámara alta deberían ser más fluidas. También critican que se instaló el relato de que Diputados avanza y el Senado traba. “Las leyes de seguridad y conectividad están en Diputados hace meses y no las quieren aprobar, hay intereses políticos que hacen que ciertos temas avancen y otros no”, indicó Lewandowski.
