El Senado aprobó el ingreso del pliego de Gils Carbó para la Procuración General

El Senado aprobó hoy el ingreso formal del pliego de la candidata a procuradora Alejandra Gils Carbó y abrió la etapa de una audiencia pública prevista para el 7 de agosto y el debate en el recinto para el 15 del mismo mes, para dar el visto bueno a esa postulación.

En una sesión de más de tres horas, que estuvo centrada en la discusión sobre la coparticipación federal de impuestos, la Cámara alta también ingresó pliegos de 22 candidatos a jueces, siete a fiscales y seis a defensores del pueblo, cuyos expedientes fueron enviados a la comisión de Acuerdos, como el de Gils Carbó.

Entre los postulantes a magistrados figuran candidatos a ocupar cargos vacantes en cuatro juzgados federales de los Tribunales de Comodoro Py, quienes en el futuro deberán tratar causas vinculadas a supuesta corrupción de funcionarios nacionales y sobre narcotráfico.

Hoy fueron oficializados los pliegos de Marcelo Martínez De Giorgi, actual juez subrogante de fuero federal; Luis Rodríguez, juez de instrucción porteño; Sebastián Ramos, secretario del juzgado de Daniel Rafecas, y Sebastián Casanello, secretario de la Sala I de la Cámara Federal.

Casanello fue propuesto para ocupar el juzgado federal 7, subrogado por Norberto Oyarbide, y que tiene a su cargo la causa por las escuchas telefónicas en la que está procesado el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, mientras Martínez de Giorgi fue propuesto para el juzgado 2, que subroga actualmente; Rodríguez para el 9 y Ramos para el 2.

En la misma sesión, el Senado convirtió en ley la declaración de Capital Nacional del Poncho a Catamarca, en tanto que envió a Diputados, tras aprobarlos, proyectos que actualizan los montos de las penas, sanciones y multas de la ley de lealtad comercial y otro que modifica un artículo del Código Procesal Civil y Comercial.

También fue remitido a la Cámara baja una iniciativa que modifica el libre acceso a la información pública ambiental para extender a las provincias y a los municipios la apertura de los datos ante requerimiento de los ciudadanos y la obligación de facilitar la información disponible en plazos perentorios.