El procurador Casal pidió ante la Corte condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión

El procurador ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, pidió este jueves condenar a la expresidenta Cristina Kirchner a doce años de prisión en la denominada causa Validad, en un dictamen presentado ante el máximo tribunal del país.

Casal presentó ante el máximo tribunal un dictamen de trece páginas en el que mantuvo la posición de la fiscalía de agravar la actual condena de la exmandataria de seis años de prisión por administración fraudulenta. También para que el monto de lo que se le decomise a los condenados sea de 5.321.049.272,42 de pesos.

De ese modo, Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien presentó una queja a la Corte Suprema para que se duplique y eleve de seis a doce años la condena a la también exvicepresidenta.

Para ello, reclama que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por ese delito.

Por el momento, Cristina está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 2 que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.

Se trata de la causa que investigó el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

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Los argumentos de Casal

"El fiscal general explicó, con toda razón, que no hay, en cambio, ninguna justificación para acudir a ese artificio cuando de lo que se trata aquí es de la adjudicación fraudulenta de cincuenta y un contratos de obra pública dentro de un esquema comprobado de corrupción", afirmó en su escrito de 13 carillas.

"Contrariamente a lo que estableció el a quo, que efectivamente la organización haya concretado un solo plan no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de ejecución alguna", concluyó.

También acompañó Casal el reclamo por la absolución de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, a los que señaló por actos administrativos o funciones de contralor sobre Vialidad Nacional.

"Una vez más, la sentencia se limitó a reproducir los argumentos del tribunal oral sin dar una respuesta concreta a los agravios del apelante que demostraban que el intrincado sistema burocrático expuesto en el juicio no logró cohonestar el hecho —probado por numerosas pruebas y circunstanciales justamente valoradas por la acusación conforme a las máximas de la experiencia y el sentido común— de que De Vido no sólo adaptó su contribución a un plan criminal en curso que conocía a la perfección —descartando así toda posible consideración de su conducta como neutral o dentro del riesgo permitido— sino que más bien fue uno de sus principales organizadores", completó.

Resaltó, a su vez, que no se pudieron utilizar testimonios de "arrepentidos" de la denominada causa Cuadernos para incorporar a este juicio y reiteró que estaba en desacuerdo con el monto del decomiso.

Ahora, todo el caso pasa a estar integrado para que la Corte Suprema pueda tomar una decisión final sobre la causa, para lo cual no cuenta con plazos prefijados.