El gobierno de Maximiliano Pullaro se apresta a pedirle a la Legislatura santafesina una prórroga, de al menos 30 días, para la remisión del presupuesto provincial 2025, el primero a redactar de puño y letra por la administración de Unidos.
Las dudas en torno a la proyección de gastos de Milei y el impacto de la futura política fiscal y poda de recursos nacionales, factores que pesan en la decisión
Por Javier Felcaro
Foto: Virginia Benedetto / La Capital.
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.
El gobierno de Maximiliano Pullaro se apresta a pedirle a la Legislatura santafesina una prórroga, de al menos 30 días, para la remisión del presupuesto provincial 2025, el primero a redactar de puño y letra por la administración de Unidos.
¿El motivo? El impacto local de los erráticos detalles de las variables que aportó el presidente Javier Milei durante la presentación dominguera de su proyección de gastos para el año próximo, ante el Congreso, como también de la futura política fiscal y los recursos a enviar por la Nación.
La decisión del Ejecutivo santafesino de posponer el ingreso del presupuesto 2025 a la Legislatura —analizada durante la última reunión del gabinete de Pullaro— se materializará en breve, según deslizaron este martes a La Capital en los pasillos de la Gobernación. La Constitución provincial dispone que la proyección de gastos debe ser presentada antes del 30 de septiembre.
El presupuesto provincial 2025 es el primero a manos de la gestión de Unidos. El anterior fue diseñado durante los meses de transición en Santa Fe, junto a funcionarios del gobierno que encabezó el peronista Omar Perotti.
En el Ejecutivo desestimaron que los movimientos de la oposición manifestados el jueves pasado, durante la tensa aprobación de la reforma previsional, puedan complicar el próximo debate parlamentario en torno al presupuesto santafesino.
Apenas conocida la ley de leyes elaborada por Balcarce 50, las dudas recayeron sobre las estimaciones de inflación y de generación de dólares para los próximos meses, según algunos expertos, demasiado optimistas. Pero también hizo ruido el adelanto de un ajuste a los fondos a girar a las provincias.
Tras la inédita exposición de Milei ante el Parlamento, un domingo a la noche, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, encabezaron el lunes una reunión con gobernadores para analizar detalles del proyecto de presupuesto nacional.
Pullaro participó por videoconferencia, como la mayoría de los mandatarios provinciales, aunque previamente había alertado: “Preocupa un poco que (el presidente) siga pidiendo esfuerzo a los distritos, Santa Fe ya hizo su ajuste”.
Entre la velocidad que le imprime la gestión libertaria a la discusión de sus iniciativas, a la par de la búsqueda de una rápida aprobación de su presupuesto en la Cámara baja, el oficialismo sumó desconcierto.
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Si bien Caputo insistió en que los gobernadores e intendentes deben bajar los impuestos, José Luis Espert, diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), procuró relativizar el recorte de gastos a encarar por las provincias: dijo que, según lo dispuesto por el proyecto de presupuesto, será de 20.000 millones de dólares y no de u$s 60.000 millones, como había afirmado Milei en la Cámara baja.
A mediados de agosto, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, había confirmado a este diario que comenzaba la elaboración del presupuesto 2025. Y planteó que la Casa Gris no buscaba alcanzar el superávit sino un equilibrio “que permita pensar, primero, qué hay que hacer y después lograr que tenga su correlato en los recursos”.
Tras lograr un leve superávit fiscal en el primer semestre de 2024, el gobierno santafesino trataba de apurar el ritmo de obra pública y otros gastos que considera necesarios para cumplir con su programa de gestión.
Paralelamente, el impacto del presupuesto formalizado por Milei puso a la ofensiva al PJ: la jefa de la bancada de diputados provinciales Hacemos Santa Fe, Celia Arena, presentó un proyecto de comunicación en el que solicita a la Casa Gris que haga las gestiones correspondientes para retirarse del Pacto de Mayo.
La iniciativa lleva las firmas de Marcos Corach, Sonia Martorano, Miguel Rabbia, Lucila de Ponti y Verónica Porcelli Baró Graf, del interbloque justicialista.
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