El gobierno anunció que las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros

El gobierno de Javier Milei anunció este martes una serie de reformas que habilitarán a las universidades públicas de todo el país a cobrar aranceles a los extranjeros que quieran estudiar en dichas instituciones y no sean residentes permanentes. Esta medida, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), afectaría a menos del 1 por ciento del estudiantado.

En octubre, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, compartió los datos precisos sobre cuántos alumnos tiene la UNR: en total, hay 90.056 estudiantes de grado. De ese número, menos del 1% son extranjeros sin residencia permanente. Esto quiere decir que la medida impulsada por el gobierno, de aplicarse, alcanzaría a menos de 900 alumnos de grados.

En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó una serie de cambios en el régimen migratorio y señaló: "El objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar".

“En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, afirmó al tiempo que aseguró que representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio.

Bartolacci, dijo que la incidencia de estudiantes extranjeros sobre el total de los alumnos de la UNR es del 5%, y que dentro de ese porcentaje la cantidad de estudiantes extranjeros que no tienen residencia permanente representa el 1%, y que muchos son estudiantes de posgrado que pagan por sus carreras.

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Otras medidas

En la misma línea, aseguró que dispondrán del fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso, como mejor consideren.

“Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica, no solo el ahorro fiscal que pueda significar sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país”, expresó.

Por otro lado, el funcionario anunció que incorporarán “más delitos como causas para impedir el ingreso o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia”.

“Si se lo atrapa cometiendo el delito o se lo detiene por violentar el sistema democrático será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, prometió, y agregó: “ Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan o hacen el trámite migratorio”.

Adorni prometió también que se incorporará una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país. “En los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grandes o una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos”, aseveró.

"La doctrina garantista ha hecho desastres y los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, concluyó.