El Congreso empieza a tratar el DNU desregulador de Javier Milei.
La comisión bicameral de Tratamiento Legislativo se reunirá este jueves al mediodía para designar autoridades y acordar su esquema de trabajo. El órgano deberá tratar decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el gobierno anterior y el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, que deroga y modifica leyes y propone, entre otras medidas, una reforma laboral.
El primer tema que abordará la comisión será la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) para designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente. La comisión está integrada por 16 miembros. Este año, la titularidad le corresponde al Senado.
El oficialismo confía en que cuenta con los votos para imponer a Pagotto. Tiene el respaldo de seis miembros: tres de LLA, dos del PRO y uno de Hacemos Coalición Federal (HCF). Aún falta resolver la postura que asumirán los dos representantes de la UCR, el de Unidad Federal y el de Cambio Federal.
En ese sentido, un sector del radicalismo evaluaba no darle ese lugar a LLA y que recaiga, en cambio, en algún aliado del oficialismo. En esa postura, señalaron desde la UCR, pesan “los dichos de los últimos días del presidente sobre los miembros del Congreso”.
En su viaje de esta semana a Corrientes, donde participó de una charla organizada por un club libertario, Milei dijo que el Congreso es "un nido de ratas".
La conformación de la bicameral se cristalizó el lunes pasado debido a que no había acuerdo en la Cámara de Diputados entre LLA y Unión por la Patria (UxP).
El peronismo reclamaba cuatro lugares y el titular del cuerpo, Martín Menem, consideró que le correspondían tres. Ese fue el criterio que el presidente adoptó al enviar las designaciones.
Además de Pagotto integran la comisión los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).
Por Diputados, en tanto, tienen un asiento Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UxP), Oscar Zago y Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (HCF).
Antes del debate sobre el contenido del decreto, la primera discusión que se planteará será el esquema de trabajo.
El oficialismo quiere tratar primero los DNU del gobierno de Alberto Fernández. Por el contrario, UxP busca acelerar la discusión y un posible dictamen del DNU 70/2023, de la actual administración.
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Menem cuestionó a los bloques que ahora “tienen un apuro institucional repentino cuando estuvieron en silencio mucho tiempo de varios sectores de la política; la última vez que se juntó la comisión en noviembre trató 115 decretos en menos de dos horas en una sesión virtual, que eran del 2019”.
En esa línea, el titular de la Cámara baja dijo que primero esa comisión “va a tener que tratar los decretos que se dictaron posteriormente a noviembre del 2021, porque no hay reunión desde esa fecha”.
La comisión no se reúne desde hace casi dos años y desde 2021 no analizó los decretos dictados por el expresidente Alberto Fernández. De esta forma, quedaron 175 DNU sin ser tratados.
De todos modos, tanto en el análisis de los DNU del Gobierno de Fernández como en el caso del DNU de Milei los plazos ya se encuentran vencidos.
Eso es lo que argumenta el presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans. En declaraciones radiales, el legislador dijo que ahora “tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo”.
“Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto”, opinó el formoseño. Pese al pedido del bloque peronista, hasta ahora la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, no convocó a la sesión solicitada por UxP.
La ley fija que el gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la comisión bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen.
Si en este plazo no se analiza en la Comisión, se puede tratar en el recinto de sesiones sin tener dictamen correspondiente.
Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.
Si una cámara lo aprueba quedará firme, y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una “sanción tácita”.
La UCR pretende reinterpretar la ley 26.122, que regula el dictado de los DNU, para que se pueda dividir el tratamiento del decreto, para que algunos artículos puedan ser aprobados y otros rechazados, tal como sucede con las leyes normales.
Sin embargo, es probable que no se acepte esa posibilidad. La ley establece que las Cámaras “no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.
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