Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados nacional, al que solo asistieron los representantes de la oposición, analizó este martes distintas iniciativas que apuntan a investigar políticamente el escándalo sobre el presunto pedido de coimas en el ámbito de la Agencia de Discapacidad (Andis) que revelaron los audios del extitular del organismo Diego Spagnuolo.
El ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y el interventor de la Andis, Alejandro Vilches, se ausentaron del plenario de comisiones, al igual que los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.
En ese marco, el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Unión por la Patria, UP), recordó que, además de producir normas, “uno de los objetivos” de los legisladores es “controlar al Poder Ejecutivo” y para desempeñar esa función existen “herramientas” como las invitaciones a funcionarios, interpelación, pedidos de informes y el juicio político “en última instancia”.
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En la reunión conjunta de las comisiones de Salud y Discapacidad, el diputado opositor explicó que, como “la mayoría de esos proyectos son girados a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo y no tiene ningún interés en tratarlos, ”no quedará más alternativa que en la próxima sesión” se mocione un emplazamiento.
Asuntos Constitucionales es presidida por el rosarino Nicolás Mayoraz y en la oposición dan por descontado que el libertario no habilitará el debate en ese ámbito. Es por eso que apuestan a forzarlo a que abra la comisión cuando se celebre la próxima sesión.
Los funcionarios nacionales se ausentaron del plenario de comisiones impulsado por los bloques de la oposición a fin de que brinden explicaciones sobre el caso que tiene en vilo a los hermanos Javier y Karina Milei, como también a la mano derecha de la secretaria General de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. Tampoco asistieron los diputados del PRO ni de La Libertad Avanza, aunque se los vio rondando la sala en la que tuvo lugar el encuentro.
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A su turno, el presidente de la comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, también de UP, resaltó el “contraste obsceno” entre la situación deplorable del sistema de prestaciones y atención a personas con discapacidad y lo expuesto en los audios sobre presuntas coimas superiores a los 500 mil dólares.
Como muestra del cuadro de situación, el legislador advirtió que “una persona que trabaja en un taller protegido sigue cobrando 28 mil pesos por mes” y que “los acompañantes terapéuticos están discutiendo cómo pasan de cobrar $2900 pesos por hora a $3.100”.
“Un transportista de personas con discapacidad cobra 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale $1500, en lugar de trasladarlos cinco veces por semana los traslada dos”, lamentó. Y alertó que los hogares y centros de día “están todos a punto de cerrar” por desfinanciamiento.
Además, aseguró que las auditorías sobre las pensiones en discapacidad “se hicieron mal” y pusieron “en estado de desesperación a muchísimas personas”.
Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Mercedes de Mendieta enfatizó que con el presidente “la corrupción avanza” y habló de una “enorme estafa” del gobierno a las personas con discapacidad.
Comisión investigadora de las presuntas coimas
Esteban Paulón, diputado por Santa Fe de Encuentro Federal, consideró: “Estamos frente un escándalo de enormes proporciones, moral”. Y denunció “un esquema de corrupción que llega a lo más alto del poder”.
El referente socialista planteó la necesidad de crear una comisión investigadora en este tema “por la gravedad, porque cada peso que no fue a un medicamento, y que fue al bolsillo de algún funcionario o empresario indebidamente, es un peso menos en una prestación que las familias desesperadamente necesitan”.
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En tanto, Sabrina Selva, de UP, le exigió al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que comunique al Senado el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad así el pleno de ese cuerpo lo puede tratar.
Más allá de las exposiciones, la oposición busca avanzar con una batería de iniciativas y forzar al gobierno a que brinde explicaciones.
En ese sentido, los legisladores opositores intentarán interpelar a más de un funcionario del Ejecutivo, entre ellos al propio Lugones.