El exministro de Planificación y diputado Julio De Vido sumó hoy otro pedido judicial de desafuero y detención por sobreprecios pagados en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015,
Bonadio procesó con prisión preventiva a De Vido bajo la figura de "coautor penalmente responsable del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta" y le trabó embargos por mil millones de pesos. Lo mismo le cabe a su exmano derecha, Roberto Baratta, quien hoy fue detenido a las puertas de su casa en Belgrano cuando fue a despedirse de su familia para entregarse.
Pero De Vido no será detenido porque tiene fueros, aunque el martes próximo la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja se reunirá para emitir un dictamen y el miércoles el pleno del cuerpo tratará en el recinto el desafuero que ya había solicitado el martes pasado por el juez Luis Rodríguez en la causa por irregularidades en la reactivación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
Trascendió que el oficialismo ya tendría los votos para lograr el desafuero del exministro de Planificación, lo cual implicaría su inmediata detención, tal como lo consideró el presidente de la comisión, el macrista Pablo Tonelli.
Bonadio también procesó en la misma causa a otras 23 personas, sin prisión preventiva y con el mismo embargo. Entre ellas figuran el exsecretario de Energía Daniel Cameron y el exministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi, especialista en Derecho Administrativo y asesor del gobierno de Cristina Fernández.
En una resolución de 269 páginas, Bonadio analizó la compra de gas natural licuado (GNL) entre los años 2008 y 2015, y el desvío de unos 6.900 millones de dólares por 500 barcos con ese combustible.
Durante el kirchnerismo se importaron barcos de GNL para abastecer a las plantas de Bahía Blanca y Escobar, que como estaba en estado líquido después era regasificado en un buque y luego ingresaba a la red de distribución.
Entre sus consideraciones, el juez planteó que "durante la gestión de De Vido a cargo del Ministerio, se redujo la producción de gas y las reservas de dicho fluido, sumado al aumento de la demanda, este contexto provocó que el gas importado a Bolivia no alcanzara —ya en el año 2008— para abastecer la demanda doméstica, por lo que concluyeron de esta manera las exportaciones de gas".
Y a los efectos de "solucionar la crisis energética y suplir la demanda que ya no podía cubrirse con gas doméstico ni con el importado por gasoducto, el ministro Julio Miguel De Vido a cargo del Ministerio aludido, mediante resolución 459/2007 de fecha 12 de Julio de 2007, creó el Programa de Energía Total (PET), cuyo objetivo fue «incentivar la sustitución del consumo de gas natural y energía eléctrica, por el uso de combustibles alternativos, para las diferentes actividades productivas y/o autogeneración eléctrica, garantizar el abastecimiento de los recursos energéticos, se trate de combustibles líquidos o gaseosos»".
Para Bonadio "las pruebas reunidas en la causa permitieron acreditar que la República Argentina importó GNL durante aquel período en una suma estimada de U$S 15.316.193.280".
Y subrayó que "a raíz del peritaje realizado por el ingeniero David Cohen —más allá del resto de la prueba producida en la causa que fue dando indicios concretos de la maniobra ilícita—" se advierte que "el precio por el que se abonó el GNL durante el periodo en cuestión fue a valores superiores a los de mercado, generándose en consecuencia un perjuicio económico a las arcas del Estado de aproximadamente U$S 6.995.926.798".
Bonadio dividió las maniobras en dos etapas: desde 2008 (correspondiente al inicio de este proceso de importación de GNL) hasta antes de concretarse el ingreso de YPF —estatizada— a la operatoria de adquisición de dicho fluido ocurrido el día 12 de noviembre de 2012, y un segundo período que abarcó desde esta última fecha al mes de diciembre de 2015, lapso en el que se produjo un cambio importante en el mentado procedimiento con relación a la primer etapa.
"Así las cosas, Roberto Baratta, en su carácter de titular a cargo de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Unidad Ejecutora del PET—, fue quien instruyó a Enarsa sobre los volúmenes de GNL que correspondían ser adquiridos y durante qué períodos, en base a estudios previos que le fueron suministrados por la Secretaría de Energía a cargo de Daniel Omar Cameron", señaló.
Bonadio resaltó que "a su vez Enarsa tenía la obligación de rendir cuentas a dicha subsecretaría: es decir, una vez provista de dicha información, Roberto Baratta le ordenaba a Enarsa (presidida en los períodos ya mencionados por Exequiel Omar Espinosa y Walter Rodolfo Fagyas) que inicie las gestiones de compra de GNL en el mercado internacional a efectos de cubrir el déficit de gas natural del sistema de gas argentino".
Además "era competencia de Baratta notificar al Secretario de Energía —Daniel Omar Cameron— sobre los cargamentos con GNL que iban arribando a los puertos aludidos durante determinado periodo y fue quién aprobó las rendiciones de la gestión del PET correspondientes a los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014".
El fallo señala que "José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino, por medio de las firmas DYsan y Diligentia SA, fueron intermediarios en las operaciones de GNL, entre la empresa Enarsa y Gas Natural Aprovisionamientos SDG SA, Gas Natural Fenosa y Morgan Stanley, las que proveyeron un total de 274 cargamentos con dicho fluido".
Según Bonadio, "claramente la intervención de José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi fue una evidente maniobra de desvío de fondos, pues no se advierte motivo alguno de que el Estado Nacional pague a intermediarios o asesores por las compras de GNL".
