La Justicia federal de Rosario dará a conocer el jueves próximo un fallo que recaerá sobre diez acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad, en un proceso oral y público denominado Feced III, que analizó 188 privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, desapariciones forzadas y violaciones cometidas en Santa Fe durante la última dictadura militar.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario, integrado por los magistrados Lilia Carnero, Aníbal Pineda y Eugenio Martínez, dará a conocer su veredicto por los crímenes cometidos por la estructura de inteligencia de la Policía de Santa Fe durante la última dictadura cívico militar.
El proceso oral y público abarcó los casos de 188 perseguidos políticos y los imputados están acusados por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios, desaparición forzada y violaciones.
En el banquillo
En su alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó penas de prisión perpetua para los acusados Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, Ernesto Vallejo, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote y Carlos Antonio Scortechini.
En tanto, para Julio Fermoselle y Héctor Gianola requirió 25 años de prisión (a éste último se le imputó una participación en una asociación ilícita), para el acusado Eduardo Dugour, 24 años, y para Lucio César Nast, 23 años.
También se encontraban procesados Eugenio Zitelli, Daniel González, Ovidio Olazagoitía y Carlos Altamirano, pero murieron y se declaró extinta la acción penal en su contra.
En su alegato, la fiscalía también pidió al tribunal que la sentencia destaque los delitos de violencia sexual sufridos por las mujeres en el centro clandestino de detención que funcionaba en el Servicio de Informaciones de la policía provincial.
Además, se produjo profusa prueba sobre el desguace económico de la Biblioteca Vigil, en el marco de la investigación de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos hacia los integrantes de la comisión directiva.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos, a través del fiscal general Adolfo Villate y la fiscal ad hoc Ana Oberlin.
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