Cristina fue citada a indagatoria por supuestos favores a Lázaro Báez

El juez federal Julián Ercolini citó ayer a declaración indagatoria a la ex presidenta Cristina Kirchner en la que causa que investiga supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez entre 2003 y 2015. La medida incluye la inhibición general de los bienes de la ex jefa del Estado.

La ex presidenta fue convocada para el 20 de octubre próximo, a las 10, mientras que también fueron citados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el otrora secretario de Obras Públicas José López , entre un total de 17 ex funcionarios y empresarios (ver aparte).

La convocatoria fue solicitada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques por presunto fraude, en el marco de la causa por asociación ilícita que impulsó la diputada nacional Elisa Carrió (ARI-CC) luego de recibir los informes de la actual gestión de Vialidad Nacional.

Los fiscales habían argumentado que entre 2003 y 2015 "se montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional" de obras adjudicadas a favor de Báez por más de 16 mil millones de pesos.

"Existen elementos de convicción suficientes como para avanzar con la sujeción al proceso y convocar a prestar declaración indagatoria", indicó el fallo de Ercolini.

El magistrado requirió además que, a la espera de las citaciones, se realicen varias diligencias, entre ellas un pedido de informe completo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con "un detalle pormenorizado de los pagos realizados (mes a mes) a las empresas del Grupo Austral en el lapso comprendido entre 2003 y 2015, con individualización de los conceptos y las obras a las cuales correspondan".

Respecto de la inhibición de los bienes, indicó que "en el legajo se encuentran incorporados elementos de convicción bastantes como para fundamentar la verosimilitud de la hipótesis criminal bajo estudio y los consecuentes montos millonarios emergentes de la maniobra", con lo cual justificó la medida.

En su presentación ante el magistrado, los fiscales habían resaltado que días antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, Báez (por entonces monotritubista), con sólo 3 mil pesos, conformó junto a dos socios la empresa Austral Construcciones SA, el primer paso de una trama que Pollicita y Mahiques describieron en cuatro etapas.

El segundo paso de la maniobra, por la cual la fiscalía acusó a Cristina (quien anoche tenía previsto aterrizar en la Capital Federal) por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, consistió en nombrar a varios funcionarios públicos de confianza del ex matrimonio presidencial, que los "acompañaban desde la Intendencia de Río Gallegos y la Gobernación de Santa Cruz, para cubrir puestos clave en materia de elaboración de la política nacional en trabajos viales y de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas".

Luego, según la acusación fiscal, le siguió la concentración económica de las obras públicas en Santa Cruz, de donde los Kirchner son oriundos, ya que se le concedió el 11,2 por ciento del presupuesto entre 2003 y 2015, lo que equivale a los fondos que recibieron en total por el mismo concepto otras ocho provincias: La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones.

"La cuarta etapa consistió en llevar adelante un plan sistemático y permanente para beneficiar a Báez mediante la asignación direccionada de la obra pública vial de Santa Cruz", sostuvo la fiscalía.

En ese sentido, enfatizó que el grupo Báez concentró el 80 por ciento de obras viales en Santa Cruz, más allá de que se le concedía un "canal preferente de pago" a diferencia de otras empresas, así como existía una "ausencia total" de control sobre los trabajos otorgados.

"Menos de la mitad de las obras contratadas al Grupo Austral están finalizadas, a pesar de que hasta el momento ya se le abonó a la constructora prácticamente 9.000 millones de pesos, de los más de 16 mil millones asignados", subrayaron.

Además, recordaron que entre Báez y los Kirchner existe un "vínculo personal y extrema confianza" e hicieron énfasis en los negocios en común que tuvieron ya que el empresario alquilaba hoteles del matrimonio presidencial a través de la firma Hotesur.

En agosto pasado, cuando los fiscales pidieron su indagatoria, Cristina les respondió vía Facebook y sostuvo que habían montado una "novela" y que no era casualidad que difundieran la solicitud el día en que el ministro de Energía nacional, Juan José Aranguren, tenía que explicar el tarifazo en el Congreso.