Constructores advierten sobre los déficit del proyecto enviado al Senado

Las delegaciones Rosario y Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción objetaron lo que definieron como "facultades especiales" que el proyecto de ley de necesidad pública, que la Casa Gris envió el viernes pasado al Senado santafesino, otorgaría al Ejecutivo para renegociar deudas y plazos de obras públicas con las empresas del sector.

Paralelamente, y de cara al inminente debate parlamentario, el ministro de Economía provincial, Walter Agosto, sostuvo ayer que la ley de necesidad pública "permitirá al gobierno (de Omar Perotti) ordenar las finanzas e implementar su programa de gestión".

En una nota enviada a las Cámaras alta y baja, los empresarios alertaron acerca del impacto que generó en la construcción la decisión de suspender pagos en la obra pública por parte del gobierno santafesino, desde julio de 2019 hasta la actualidad.

"La simple consideración de la cifra total de la deuda vencida en mora, que supera los 3.500 millones de pesos (sin considerar intereses punitorios contractuales), revela la severidad e de la situación, que pone en riesgo cierto la continuidad futura de un número importante de empresas del sector, en su mayoría pymes que dan trabajo y sustento —directo e indirecto— a más de 45 mil familias en la provincia", advirtió la nota de la cámara.

El texto también afirma: "El proyecto de ley omite consignar normas de procedimiento claras en sus artículos centrales referidos a las contrataciones, otorgando una mayor y no reglada amplitud de maniobra al Ejecutivo por sobre los contratistas, en pos de resolver una situación crítica generada por su exclusiva responsabilidad".

A la Legislatura

En ese sentido, los empresarios de la construcción concurrirán mañana a Diputados, donde asistirán a una reunión conjunta de las comisiones de Obras Públicas y Presupuesto y Hacienda.

Por su parte, y tras enfatizar que la necesidad pública permitirá a la Casa Gris "ordenar las finanzas e implementar su programa de gestión", Agosto aseguró que la iniciativa oficial "es un pedido prudente y con fines específicos".

"En la práctica, estamos haciendo frente al pago de salarios, pasividades y bienes y servicios esenciales. Es imprescindible revertir esta fragilidad fiscal para poder implementar las políticas públicas que el gobierno ha planteado a los santafesinos", subrayó el ministro.