Oficializaron un informe en el que aseguran que el empresario Lázaro Báez solo obtuvo el 1 % de la obra pública por la que fue condenada la expresidenta
Los abogados de Cristina Kirchner brindaron una conferencia de prensa.
Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, brindaron detalles sobre la presentación que realizaron ante las Naciones Unidas (ONU) respecto de la condena por la causa Vialidad por la que la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Y oficializaron "una nueva prueba" de que la expresidenta "es inocente".
Beraldi fue el primero en hablar y anunció “la incorporación de un elemento nuevo que confirma que la sentencia fue absolutamente injusta y que se condenó a una persona inocente”.
Al respecto, agregó que “esas tres toneladas de prueba (presentadas por la fiscalía) fueron desvirtuadas”, por lo que "las imputaciones fueron absolutamente falsas”.
Luego resaltó que “la verdad a veces sale a la luz de la manera más inesperada” y fue ahí cuando dio a conocer la nueva evidencia que, según los letrados, probaría la inocencia de la exjefa del Estado.
Precisó que “la fiscalía presentó como testigo en la causa de los cuadernos a un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad que mostró una planilla de Excel en la que se detallaba cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso” y subrayó: “No habíamos podido ver eso antes”.
Explicó que, al tratarse de “información completa de todo lo que se había invertido en obra pública con ese fideicomiso, pedimos esa información e iniciamos una investigación”.
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Acerca de lo que hallaron, destacó: “Encontramos una prueba determinante ya que, cuando se hablaba de lo fondos que se le había dado a Vialidad en el periodo de la presidencia de Cristina, si bien la inversión era enorme, lo asignado a (el empresario) Lázaro Báez era menos del 1 por ciento”.
Por lo tanto, para Beraldi, “ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Báez”.
En ese punto agregó que “sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados" y que "las que estaban en primera ubicación no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento”.
A continuación resaltó: “Frente al carácter monumental del hallazgo me puse en contacto con mis dos colegas, ya que era una evidencia que excedía el derecho interno y que debía ser llevada al Comité de las Naciones Unidas”.
La defensa de Cristina busca cuestionar el peso que se le dio en la sentencia a la relación entre la expresidenta y Báez, al que la Justicia consideró beneficiario central de una asociación ilícita montada desde el poder.
Los letrados procuran reforzar el reclamo ante el organismo multilateral por la condena en la causa Vialidad, por corrupción en el ejercicio de la obra pública en Santa Cruz.
La presentación busca que a Cristina se le suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su prisión domiciliaria.
En su departamento del barrio porteño de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
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