El gobernador Hermes Binner tuvo un encuentro con damnificados por las inundaciones de la ciudad de Santa Fe que se habían movilizado a la plaza 25 de Mayo para realizar la tradicional Marcha de las Antorchas, en recuerdo del trágico desborde del río Salado de 2003, y reclamar que se profundice la investigación judicial y se castigue a los responsables políticos.
Cuando ya entrada la noche del martes, inundados de la Marcha de las Antorchas y de la Carpa Negra, junto a representantes de la Casa de Derechos Humanos, se aprestaban a iniciar el acto en conmemoración de los 57 meses de la tragedia del río Salado, Hermes Binner se les acercó y mantuvo con ellos una improvisada reunión frente a la Casa de Gobierno, que duró unos 20 minutos.
El encuentro de Binner con los manifestantes se vio favorecido por el retiro del vallado que ordenó apenas asumió. Esta barrera había sido colocada durante la gestión de Jorge Obeid en febrero de 2004, luego de una multitudinaria marcha de inundados.
A poco de comenzar el acto, el gobernador cruzó hacia la plaza y se acercó al grupo de manifestantes, que se reúne cada día 29, desde hace casi cinco años.
La llegada de Binner interrumpió el ritual, se armó una ronda y el gobernador escuchó a los inundados, que le recordaron sus definiciones de campaña —“Voy a gobernar hacia adelante; hacia atrás está la Justicia”—, y le pidieron su compromiso, mientras criticaron la “lentitud” que demuestra el Poder Judicial.
Los integrantes de la Marcha vienen remarcando, desde su constitución como grupo, la necesidad de que la Justicia investigue y castigue a todos los responsables políticos de la inundación de 2003. Desde marzo del año pasado ampliaron ese reclamo para los funcionarios que entonces gobernaban la ciudad y la provincia, que no pudieron evitar que Santa Fe volviera a quedar bajo el agua.
Binner les expresó: “Yo no puedo ir a decirle a los jueces qué tienen que hacer”, y los instó a participar de las audiencias públicas en las que, de ahora en más, se discutirán los nombramientos en el Poder Judicial de la provincia.
Los afectados le consultaron sobre proyectos de reparación alternativos al del Ente de la Reconstrucción, aprobado por la anterior mayoría del justicialismo. Hicieron hincapié en uno que elaborara el actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el socialista Eduardo Di Pollina, cuando era diputado nacional, que ingresó a la Legislatura en octubre de 2004 y nunca fue tratado.
El proyecto preveía indemnizar a las víctimas de 2003 con montos de 15 mil a 100 mil pesos, y con 224 mil pesos a familiares de fallecidos a consecuencia de la catástrofe. Para financiar esa reparación, Di Pollina proponía constituir un fondo (administrado por el gobierno nacional) con parte de la recaudación de impuestos a las exportaciones agrícolas. El argumento era que Santa Fe es una de las provincias que más aporta en ese concepto por la expansión de los cultivos de soja, fenómeno que a la vez influyó directamente en el régimen de lluvias. “Siembra soja y cosecharás inundados”, sentenciaba el texto del olvidado proyecto de ley.
