“Le brindan mala información o no logra dimensionar lo que hoy se está produciendo a nivel de obras y servicios en los barrios de la ciudad”, disparó el candidato a concejal del Frente Progresista, Horacio Ghirardi, quien salió al cruce de las declaraciones de la candidata de Unión PRO, Ana Martínez,
sobre la falta de acción en los barrios de la ciudad de parte del municipio.
“Los más de 2.000 millones de pesos invertidos en los últimos dos años en el marco del Plan Abre en los barrios de Rosario son el más claro y contundente ejemplo de la presencia del Estado, allí donde más se necesita”, amplió el funcionario provincial y que busca una banca en el Concejo.
En tal sentido, Ghirardi recordó las “obras cloacales en 32 barrios de la ciudad, la intervención integral para el mejoramiento de los barrios Fonavi y su correspondiente escrituración y conformación de consorcios”.
Además, “la aperturas de calles, pavimentación y adecuación de las avenidas de ingreso a Rosario, como asi también, la creación y mejora de nuevas plazas y espacios verdes, la asistencia a los clubes barriales en obras de infraestructura y a través de programas sociales y culturales, entre otras tantas iniciativas, hablan de un estilo de gestión y de un modelo de Estado del cual el partido al que pertenece la candidata Martínez está en la vereda de enfrente”.
“Se puede comprender la falta de conocimiento en temas específicos por parte de Ana Martínez, pero no la tergiversación de una realidad que los vecinos beneficiados valoran y defienden”, sostuvo el candidato a concejal.
En los últimos días, la candidata a la intendencia por parte de Unión PRO, Anita Martínez, señaló que uno de los primeros proyectos será la creación de una secretaría de Seguridad. Al respecto de esto, Ghirardi indicó que “si uno de los principales asesores será el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, es realmente para preocuparse, ya que este funcionario muestra como antecedentes más destacados de su gestión, el haber sido denunciado por irregularidades administrativas, por abuso de autoridad y represión a trabajadores del Borda y por estar implicado en la causa de espionaje a través de escuchas telefónicas. No pareciera ser este el mejor modelo de seguridad a implementar en Rosario”.
