Cuando las partes terminaron de alegar en las audiencias del caso Franco Casco un hombre que había estado sereno varios días detrás de las defensas pidió la palabra. Era uno de los policías de Asuntos Internos que está preso hace cuatro meses acusado de encubrir a personal de la comisaría 7ª, lugar donde el muchacho de 22 años fue visto por última vez antes de que su cuerpo fuera encontrado flotando en el río, hace más de tres años. Este hombre que tenía legajo intachable hasta el momento de ser detenido dijo que la incapacidad de comprender la acusación que le formulaban lo estaba desequilibrando. Comentó que todos los cumpleaños de su nena armaba las bolsitas de sorpresas y que ahora le había tenido que decir por un teléfono desde la cárcel, donde ella ignoraba que él estaba, que no estaría en su fiesta. En un momento en que la tensión emocional y el desconcierto explotaban el policía se puso de pie y empezó a bajar sus pantalones. Donde era esperable la ropa interior había un pañal desechable para adultos. Contó que la afectación psicológica de este trance le había provocado incontinencia permanente.
Cuántas tragedias pueden caber en los distintos pliegues de un expediente. Uno de los que escuchaba a este policía en la misma sala de la Cámara Federal de Rosario era un hombre que no tiene posibilidad de ser reparado. Era Ramón Casco, el padre de Franco, para quién todo cambió a partir de la tenebrosa muerte de su hijo, y que busca con paciencia enorme una respuesta que el Estado le negó mucho tiempo. Ramón se mudó de Buenos Aires a Rosario en procura del mínimo alivio que supone que la Justicia le brinde una explicación. A él que perdió a Franco su vida se le trastornó de modo inexorable. Hoy la justificación de su existencia es que le aclaren lo que le pasó.
Hasta ahora parece muy sólido que a Franco lo mataron en la comisaría. Hay testimonios de presos que aluden al tormento que sufrió con detalles verosímiles. Y también una razonable idea de que se utilizó la estructura del Estado para ocultar ese ominoso delito haciéndolo desaparecer. De lo que no hay prueba es de que en esa empresa desmesurada hayan participado las 30 personas uniformadas acusadas. Entre ellas los policías de Asuntos Internos.
Este diario siguió las audiencias de apelación como único medio presente. No fue posible entender, en base a lo explicado allí, por qué los policías de AI están presos. A ellos se les pidió que colaboraran con un pedido de paradero de una persona, Franco, cuyo destino se ignoraba. Ya se sabía que había estado detenido en la comisaría 7ª. Pero nadie a los efectivos de Asuntos Internos, que siguieron directivas de distintos fiscales, les dijeron que había sospechas contra personal de la 7ª.
Estos cinco policías en cinco años generaron investigaciones que derivaron en la detención de 80 uniformados y en la imputación en delitos de otros 120. ¿Qué motivos tendrían para dar cobertura a efectivos de la 7ª cuando ningún fiscal colocaba a éstos como sospechosos de un ilícito? En la cárcel de Piñero, donde los cinco están desde septiembre, están confinados en una sala transitoria. En un pabellón de presos comunes no pueden estar por ser policías. En el pabellón policial tampoco porque se toparían con efectivos a los que ellos contribuyeron a destinar allí.
Las investigaciones que rozan a la policía o al poder político tienen siempre en Argentina derroteros oscuros. Es verificable una tradición histórica documentada de que en las comisarías de Rosario se tortura y de que las víctimas suelen ser personas de limitados recursos como era Franco. Por eso es tan verosímil la acusación presente, lo que se suma a algunas pruebas de cargo que lucen solventes contra algunos policías de la 7ª pero, ni de lejos, contra la mayoría de la treintena de acusados. Decir esto no procura ahondar la impunidad ni mucho menos el dolor de los allegados de Ramón Casco. Pero no es tranquilizador que la búsqueda de justicia se haga sin respetar parámetros probatorios razonables.
La imposición de la prisión preventiva no puede ser caprichosa. Poner tras las rejas a personas por delitos que no han sido probados debe basarse en parámetros objetivos y comprobables como es el entorpecimiento de la investigación o el peligro de fuga. Estos cinco policías de Asuntos Internos son personas a los que los fiscales requirieron durante años de modo usual por su solvencia técnica. Cuando supieron que se los convocaba en esta causa bajo sospecha los cinco se presentaron espontáneamente ante el juez Carlos Vera Barros que luego los procesó. Cuando se enteraron que iban a ser indagados pidieron una exención de prisión y pese a que se las negaron acudieron igual frente al juez con la certeza de que quedarían presos. Todos tienen domicilio en Rosario y familia que atender. Todos acreditan trabajo estable y no tienen antecedentes penales.
Un defensor dijo que la probabilidad positiva de haber cometido un delito, en la que se basan los procesamientos a estos policías, por más que tenga base legal hoy es un desvarío histórico, más cuando la acusación se basa en indicios. Y en especial cuando los procesos penales en la Justicia federal tienden a durar largos años. Lo que se genera en realidad desde las mismas instituciones es una idea peligrosa: que cualquiera puede ir a parar a la cárcel con evidencia mínima o nula y en base no a prueba sino a la creencia de un juez o un fiscal. Los procesos jurídicos democráticos no pueden consentir eso. Una brutalidad como la que todo indica sufrió Franco Casco requiere de una acusación certera porque se están hablando de delitos gravísimos y penas a perpetuidad.
El hueco
El policía que se bajó los pantalones ante el tribunal se llama Daniel Escobar. Al aludir al cumpleaños al que no pudo asistir eligió referir que además de un nombre tiene una historia. Y que esa historia personal tiene un hueco tenebroso: no le puede contar a su nena que está preso hace 120 días porque es incapaz de saber por qué. Y la verdad es que es costoso comprenderlo. Su abogado le pidió a los fiscales, a la querella y al tribunal que miraran a los ojos de su defendido porque, si lo hacían, estarían viendo a un policía honesto, a un inocente. Un silencio unánime imperó en la sala.
Franco Casco también tenía un nombre y una historia. Para restituirle a su castigada familia la historia esclarecida del daño que le infligieron hace falta una Justicia que se base en pruebas para que pueda ser comprendida. Sólo con eso, no con imputaciones genéricas que no resultan bien explicadas, puede sobrevenir el alivio.
