Georgina Maricruz Olguín, la joven de 24 años embarazada de nueve meses que apareció asesinada a balazos el martes a la mañana en un descampado de la zona sudoeste de la ciudad, había protagonizado una triste historia unos cinco años atrás: fue acusada de intentar matar a su beba de un año intoxicándola con alcohol y pastillas en las Cuatro Plazas de la zona oeste. Fue en 2017, cuando pasó nueve meses presa, otros cuatro con arresto domiciliario y finalmente fue sobreseída luego de que una junta médica determinara que la chica, entonces de 19 años, no había sido capaz de comprender lo que había hecho una fatídica tarde en la que la echaron de su casa y quedó en la calle con su hijita. El caso expuso en su momento un cuadro de profunda vulnerabilidad social que en un principio sólo obtuvo del Estado una respuesta punitiva, aunque meses después se pudo ofrecer otra contención a sus protagonistas.
Fue la tarde del sábado 9 de septiembre de 2017. Según publicara este diario cerca de las 17 vecinos llamaron a la policía al advertir que la niña había ingerido pastillas y alcohol cuando estaba con su mamá. Contaron que la joven gritaba desencajada cosas como “ella tiene que morir y por eso la empastillé con Rivotril” y que quería regalar a la nena. Una mujer vio que le daba a la beba una pastilla y reaccionó: la tomó en sus brazos y la hizo vomitar. En el Hospital Vilela le realizaron un lavaje de estómago y quedó fuera de peligro.
Georgina quedó presa acusada de suministrarle a la beba de 19 meses clonazepam y vino espumante, por lo cual la imputaron de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo”. Por esa razón quedó presa, pero antes pidió hablar con el juez para contar la situación por la que atravesaba. “Ese día me habían echado de mi casa con la nena, me había peleado con toda mi familia, me enteré que mi hermano está enfermo. Compré pastillas, me compré un vino y para la nena masitas y un jugo. Y me la llevé. Iba caminando, me tomé una pastilla, el vino y de ahí quedé perdida. No tenía nada en el estómago, estaba mal. No sé si la nena agarró una pastilla y la tomó. No me acuerdo de nada de lo que pasó en la plaza, solamente cuando me llevó la policía. Ni que le pegué, ni que la quise regalar”, sostuvo, para asegurar: “Me quería perjudicar yo, no hacerle daño a ella”.
A partir de lo ocurrido en las cuatro plazas la joven quedó tras las rejas durante nueve meses, mientras el Estado se ocupaba de encontrar a alguien que pudiera cuidar a la beba. En junio de 2018 obtuvo la prisión domiciliaria en la casa de una amiga. Para entonces una junta especial de salud mental había dictaminado que la joven no pudo comprender lo que estaba haciendo con la beba por estar bajo el efecto de alcohol y pastillas con “una marcada desesperación”.
Desesperación
A partir de ese informe el defensor de Olguín, Darío Pangrazi, solicitó que la muchacha fuera sobreseída. Incluso presentó el pedido junto con el fiscal Luis Schiappa Pietra que admitió que el caso presentaba un “débil contexto probatorio”, ya que no se había podido determinar qué sustancia había ingerido la nena ni en qué graduación, por lo cual no había elementos para demostrar un “supuesto dolo homicida”, es decir, que la había querido matar. “Ella estaba pasando por una situación de crisis”, remarcó el fiscal en octubre de 2018, y planteó que ese contexto no podía ignorarse al momento de abordar el caso.
En esa audiencia de la cual Georgina se fue en libertad, agentes del área de Niñez expusieron sobre la situación de la niña, que ya se había reencontrado en Tribunales con su mamá. “La reconoció y se abrazaron, estuvieron juntas”, relató una operadora de Niñez.
También la entonces subsecretaria de Políticas de Género de la provincia se refirió en la audiencia al contexto de vulnerabilidad y privación de derechos en el que se encontraba Georgina. “Su accionar estuvo condicionado por una situación de violencia de género simbólica, institucional y de fragmentación afectiva”, evaluó Gabriela Sosa, al recomendar la revinculación de la madre con su hija, postura que fue compartida por Daniela Molineri, de la Defensoría Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes: “Apostamos a que pueda volver con su mamá, es imperioso resolver la situación”.
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Posiblemente por ese entonces se haya pensado que la joven podría resolver su situación, pero parece evidente que su condición de vulnerable no se modificó: casi cinco años después de aquel triste incidente Georgina volvió a ser protagonista de una tremenda historia, en este caso fatal. Hasta el momento sólo se sabe que el martes 31 de mayo fue hallada muerta con ocho balazos junto a un auto calcinado en un descampado semirrural a varias cuadras de su domicilio en barrio Ludueña. Estaba embarazada de nueve meses.
