Policiales

Una década de denuncias sin ningún resultado

Miércoles 16 de Mayo de 2018

La denuncia que derivó en los nueve procedimientos que pusieron al descubierto el negocio ilegal montado por Antonio G. se remonta al año 2009, cuando el entonces concejal del Partido del Progreso Social (PPS) Héctor "Tigre" Cavallero denunció al menos cuatro de las pensiones allanadas.

Ya en 2014, Cavallero solicitó la acción en conjunto de la Municipalidad a través de la Secretaría de Gobierno, de la Justicia Provincial y de la policía santafesina con el fin de constatar si en una finca ubicada en Pitágoras 7455 se estaba construyendo una nueva pensión ilegal, la que estaría a cargo de Antonio G., "pero nunca se pudo identificar al dueño de esas pensiones", dijo el ex edil en aquel momento.

En diálogo con La Capital, Cavallero recordó que "por denuncias de vecinos y comerciantes de Fisherton" él supo que en una propiedad de Colombres y Eva Perón se iba a abrir un prostíbulo y que su titular ya "había pactado con la policía". Así comenzó a investigar y descubrió que quien pensaba llevar adelante ese negocio tenía "una serie de pensiones polirubro donde vive gente decente pero también eran verdaderos aguantaderos de todo tipo de gente".

Una burla

"Cada vez que la Municipalidad las clausuraba por las deplorables codiciones edilicias en las que vivía la gente y porque, entre otras cosas, estaba colgado de la luz, él las volvía a abrir rompiendo las fajas de clausura, burlándose de los poderes constituídos y haciéndolas funcionar hasta el presente", recordó Cavallero.

En ese marco la investigación descubrió que las pensiones estaban a nombre de dos sociedades radicadas en Uruguay a nombre de familiares del sospechoso. Y que esas sociedades se nutrían del dinero que Antonio G. obtenía mediante la gestión de pensiones contributivas u otro tipo de aportes del Estado a la gente que vivía y vive en sus precarias viviendas, a las que les retenía los documentos a fin de conseguir esos fondos. "Todo esto fue probable hasta hoy por la complicidad policial, por la vagancia u omisión de muchos funcionarios y porque la Justicia muchas veces se vio impedida de avanzar en el caso", dijo el actual diputado provincial del Frente Justicialista para la Victoria.

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