A casi tres años del fatal incendio intencional que causó la muerte de tres internos en la ex alcaidía de Jefatura, la investigación del caso fue remitida a la Justicia federal. Así lo dispuso la jueza de Instrucción Delia Paleari para que se aclare la posible conexión del atentado con el narcotráfico. Lo hizo en respuesta a un pedido de su par federal Marcelo Bailaque para que la causa se acumule en su juzgado. En el expediente figuran imputados 11 presos sobrevivientes sobre los que aún no se resolvió la situación procesal, mientras que una reciente pericia del Colegio de Ingenieros determinó que en el penal no había condiciones de seguridad para alojar personas.
La remisión al ámbito federal fue reclamada por Norma Acosta, la viuda de Miguel Angel "Japo" Saboldi, a quien apresaron ocho días antes del incendio en un cuestionado operativo en la llamada "narcochacra" de Alvear. Allí, buscando electrodomésticos robados, se hallaron 18 kilos de droga. Pero todos los acusados terminaron absueltos en un juicio oral donde quedaron en evidencia las groseras fallas en el procedimiento. La mujer, que es querellante en la causa del incendio, tomó la novedad como una victoria personal y señaló que ahora la pesquisa podrá avanzar en las responsabilidades policiales e institucionales del siniestro.
Fuego. El incendio se desató el mediodía del 12 de abril de 2013 en el pabellón 3 de la alcaidía que funcionaba en Francia al 5200. En medio de una supuesta pelea, un grupo de presos apiló colchones y los prendió fuego lo que generó quemaduras e inhalación tóxica en quienes estaban más lejos de la salida al patio. Una pericia de la Policía Federal determinó que el fuego fue iniciado de manera intencional y que hubo dos focos ígneos en los accesos a celdas. Además de Saboldi, de 36 años, perdieron la vida Guillermo Benavente, de 32, y Darío Escobar, de 25.
En la causa provincial, que pasó por varios jueces, están imputados 11 presos por su supuesta responsabilidad en el siniestro. En noviembre de 2014 el fiscal pidió que les dicten la falta de mérito al no encontrar pruebas de que hayan cometido un delito o de cuál fue el rol de cada uno. Pero el juez suplente Hernán Postma postergó la resolución de esa cuestión, que sigue indefinida hasta hoy. En tanto dos policías, un comisario y un cabo, prestaron declaración informativa. Y el año pasado una pericia del Colegio de Ingenieros determinó que el penal no contaba con los elementos para socorrer a todos los internos.
En ese marco, los querellantes reclamaron en la Fiscalía Federal actualmente a cargo de Santiago Marquevich que se giraran las actuaciones a ese ámbito. El traspaso obtuvo el visto bueno del fiscal general Claudio Palacín y el 8 de mayo de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal avaló el planteo.
Cambio de fuero. Con ese precedente, el 8 de marzo pasado el juez Marcelo Bailaque le pidió a Paleari que se declare incompetente y remita el expediente a su despacho. En una resolución que aún no está firme, la magistrada consideró que "los argumentos vertidos en la resolución que dispuso la remisión son válidos en virtud de las constancias obrantes, en particular respecto a los testimonios incorporados".
Paleari señaló que a todas las presunciones que arroja la investigación se suman "las conclusiones periciales agregadas a la causa, que vienen a traer luz sobre un hecho a todas luces de características dudosas". En este sentido, señaló que "deberá el fuero de excepción, con su intervención, determinar si efectivamente lo que provocó el incendio tuvo directa relación con el tráfico de estupefacientes". Por esto aceptó el pedido de Bailaque, declaró incompetente a su juzgado y remitirá el expediente.
"La fiscalía federal se dio cuenta de que existía cierta gravedad institucional por la intervención de funcionarios públicos, en este caso de la policía de la provincia. Había presos federales dentro de una cárcel provincial y quedó descartada la posibilidad de un incendio accidental", dijo el abogado querellante Nazareno Bravo, quien representa a Acosta. "Siempre dijimos que hubo un homicidio", añadió.
La hipótesis de Acosta es que el incendio fue un atentado para eliminar a cinco hombres detenidos en la chacra de Alvear, entre ellos Saboldi. La finalidad habría sido silenciarlos para que no dieran pistas sobre el oscuro operativo de la narchochacra. "Ahora voy a solicitar no una, veinte medidas para demostrar quiénes tuvieron que ver con la muerte de Japo", dijo Acosta, quien pretende avanzar en la cadena de responsabilidades institucionales.
La mujer siempre acusó como instigadores del hecho al ex intendente de Villa Gobernador Gálvez, Pedro González, y a Luis "Pollo" Bassi (preso por instigar el crimen del ex jefe de Los Monos) quien estaba enemistado con su marido.
En octubre pasado, en tanto, otros cuatro detenidos en la chacra de Alvear fueron absueltos. Pero un mes después su dueño, Diego Cuello, volvió a ser apresado junto a miembros de la banda narco de Los Monos. Para el tribunal oral que juzgó el caso (Otmar Paulucci, Ricardo Vázquez y José María Escobar Cello) la droga habría sido plantada por la policía. Como efecto del juicio, la Justicia provincial desempolvó un viejo pedido fiscal para que se investigue a los jefes que dirigieron el cuestionado operativo, de donde faltó una bolsa que contenía dinero.
