Un oficial de la policía rosarina que fue pasado a disponibilidad se presentó en
la oficina de Sumarios Administrativos de Unidad Regional II y, en su descargo, relató
detalladamente cómo funciona la caja negra policial. El efectivo dio nombres y apellidos de
uniformados a los que sindicó como recaudadores y de su cartera de clientes, ligados a la economía
ilegal. También precisó montos fijos y la mecánica de recaudación ilegal.
Lo que se relata en la denuncia no es nuevo: la existencia de una maquinaria
recaudadora de la policía que funciona regularmente y de modo institucionalizado. Pero nunca hasta
ahora se había podido acceder a un relato en primera persona desde el riñón de la fuerza.
La denuncia, formulada por el oficial auxiliar Juan José Raffo, consta de ocho
carillas. Involucra al menos a tres de sus superiores inmediatos y a otros efectivos de menor
rango. La presentación precisa el funcionamiento de la caja sólo en el ámbito de la Inspección 3ª
zona, donde el oficial cumplió su último destino, pero permite dimensionar el movimiento
global.
La mecánica.De la presentación se desprende que el circuito comienza con el
policía de calle que recauda en una comisaría. Ese dinero sube hacia la Inspección de zona. En
Rosario hay ocho inspecciones que concentran 34 seccionales, 22 subcomisarías y más de una docena
de destacamentos. Desde allí, según expuso Raffo, los sobres ascienden a estamentos superiores que
aparecen explicitados en el texto.
La denuncia expone un listado de capitalistas de juego clandestino, desarmaderos
de autos y "brujos" que aportan regularmente a la caja. También menciona un laboratorio de
analgésicos truchos y a levantadores de apuestas. Refiere que algunos aportan por semana y otros
por mes. Además revela cuánto dinero tributan por mes comisarías de barrios Tablada, Saladillo, Las
Flores, Tiro Suizo y el Parque Independencia, que oscilan entre los 500 y los 3.000 pesos
mensuales.
En su exposición, el uniformado dijo conocer la mecánica de la caja negra por
haber rechazado una oferta para operar como recaudador. Señaló que en esa oportunidad archivó en su
computadora la lista de sitios que tributan a la caja ilegal y los montos que se colectan, la cual
anexó a su descargo. Y planteó que un día después de negarse a participar de la maniobra
recaudatoria fue trasladado a la seccional 19ª.
El detonante. El oficial Raffo ventiló el funcionamiento de la caja negra al
responder por cuatro sumarios que se abrieron en su contra en los últimos 60 días. En el texto, al
que tuvo acceso LaCapital, dijo que esos sumarios tienen directa relación con su actuación en dos
hechos que tuvieron gran impacto público el mes pasado. Según planteó, su desempeño frustró
negocios de ciertos sectores policiales que actuaban en connivencia con el ex líder de la barra de
Newell’s Roberto Pimpi Camino. Esto, dijo, le fue recriminado verbalmente por algunos de sus
superiores.
El primer suceso fue una emboscada a tiros del 19 de enero en Grandoli al 4900
en la que Sebastián Galimany, de 22 años, fue asesinado de tres balazos y su amigo Facundo, de 21,
resultó gravemente herido. En este caso el oficial tomó la declaración al sobreviviente del ataque,
quien apuntó a uno de los hijos de Pimpi, apodado Chamí, como autor de los disparos.
El segundo fueron los incidentes del 26 de enero en el Coloso del Parque
Independencia, cuando irrumpió la fracción de la barra brava liderada por Pimpi. En esta ocasión
Raffo tomó el testimonio de una empleada policial que señaló a los hermanos Camino (aún prófugos)
como líderes de la revuelta.
Con posterioridad, al oficial le abrieron mediante actuaciones de oficio de la
policía cuatro causas iniciadas a partir de llamadas anónimas. Fue puesto en disponibilidad, por lo
cual se le quitó el arma y se le redujo el sueldo. De esos sumarios, la policía dio cuenta a la
Justicia. En los Tribunales provinciales se tramitan contra Raffo tres causas: una por
incumplimiento de los deberes, tráfico de influencias y recepción de dádivas; otra por robo y una
tercera por enriquecimiento ilícito. Recayeron en el Juzgado de Instrucción 1ª, a cargo de Roxana
Bernardelli.
Según los abogados de Raffo, Adrián Ruiz y José Ferrara, hasta ahora no fue
citado en esos expedientes en los que "sólo hay denuncias anónimas". El cuarto proceso, por
infracción a la ley de drogas, fue iniciado en el juzgado Federal Nº 3. A esto se suma una causa
del año 2006 por extorsión que se tramita contra el efectivo en el juzgado de Sentencia Nº 5.
Si bien la denuncia de Raffo fue realizada en una dependencia policial, sus
abogados entienden que deberá girarse a la Justicia: "Como funcionarios públicos, los policías
tienen obligación de informar a sus superiores y al ministerio fiscal", señalaron.