El juez Luis María Caterina dispuso apartar a tres fiscales del caso contra José Alberto C. por la balacera a la Fiscalía. Lo tras un planteo de la defensora pública Gabriela Valli, que advirtió sobre una violación a las garantías del remisero ya que el miércoles a la tarde, según éste le refirió, fue entrevistado por fiscales o personas "de traje" que no pudo identificar en las celdas del subsuelo del Centro de Justicia Penal (CJP).
Valli sostuvo que junto con C. fue entrevistado otro detenido, luego liberado, y que el defensor general Gustavo Franceschetti, al encontrarse de manera casual en oficinas de la Fiscalía, descubrió que ese hombre estaba declarando como testigo de identidad reservada. Planteó por esto la ilegalidad de la detención, y pidió la libertad del remisero y que no se aprovechen pruebas surgidas de cualquier interrogatorio obtenido por la Fiscalía.
Los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery y Aníbal Vescovo —parte del equipo creado para investigar las balaceras— replicaron los presos quienes pidieron el traslado y la entrevista. Según indicaron, desde Judiciales (donde estaban detenidos previamente) les avisaron que ambos pedían desesperadamente hablar con los fiscales porque tenían temor por estar implicados en una causa de alto impacto. Los fiscales dijeron se anotició a la Defensa del traslado pero que al bajar al subsuelo no había ningún defensor presente. "Había insistencia, temor. Hubo un mínimo contacto. Pero no podíamos entrevistarlos sin un defensor", dijeron.
Al resolver, Caterina consideró la detención "acorde con normas y plazos legales" pero apartó a los fiscales. "No tengo elementos suficientes para dudar de la palabra de tres funcionarios", aclaró, aunque dispuso designar a otros fiscales para "mayor resguardo" y "evitar cualquier malentendido en un hecho donde fue víctima el Poder Judicial".
Por Rodolfo Parody
