La justicia provincial dictó ayer la prisión preventiva de un imputado de graves delitos contra su expareja y madre de sus dos hijos, a quienes secuestró junto con la hija menor de la mujer -fruto de otra relación- durante 43 días. La víctima es asistida desde septiembre pasado por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que solicitó constituirse como querellante.
Samuel E. había sido imputado el sábado pasado de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada con respecto a la mujer y los tres niños, y el delito de abuso sexual agravado con respecto a la mujer de quien fuera pareja años atrás.
A raíz de una denuncia realizada en la Agencia Provincial de Investigación sobre Trata de Personas (AITP), dependiente del Ministerio de Seguridad, la víctima arribó al CAJ Santa Fe en septiembre de 2016. "Allí fue atendida por un equipo interdisciplinario compuesto por la psicóloga Mariana O´Donnell, la trabajadora social Celina Frigeri y la abogada Vivian Ester Galeano", recordó el director de Acceso a la Justicia y Asistencia Judicial de la provincia, Fernando Sirk.
En el lugar, la joven relató que el 20 de julio de 2016 fue secuestrada por Samuel E., quien se presentó en su casa, donde ella se encontraba con sus tres hijos, y los forzó a subir a un auto. De allí, los llevó hasta calle Ayacucho y Camino Viejo a Esperanza, en el norte de la ciudad de Santa Fe; los condujo a barrio Santo Domingo y allí los mantuvo privados de su libertad, encerrados en una vivienda de su propiedad, durante 43 días.
Según la denuncia, en determinadas ocasiones también los obligaba a permanecer a la orilla del río Salado, en pleno descampado, con lluvia, frío y viento, siempre bajo amenazas e intermediando violencia física, psíquica y moral hacia todos los integrantes de la familia. La mujer y los chicos fueron golpeados, quemados, maltratados y torturados. Incluso, la joven escuchó conversaciones telefónicas en las que Samuel E. quería venderlos a una cocina de ladrillos de droga. Durante ese mes y medio de cautiverio, la mujer también fue víctima de abusos sexuales agravados y amenazas.
La hipótesis de la víctima es que este despliegue criminal sería una venganza de Samuel E. ya que debió cumplir una condena de tres años de prisión por abuso sexual a su hijo mayor; producto de la denuncia de su expareja y la madre de ella.
Fue la actual pareja de la damnificada quien advirtió a las autoridades sobre la desaparición de su compañera. Tanto ella como los chicos fueron rescatados y declararon en la Comisaría de la Mujer, donde fueron revisados por el médico policial.
La investigación
En una de las tantas entrevistas realizadas por los profesionales del CAJ, la joven manifestó que Samuel E. la obligó a prostituirse desde los 17 años (diez años atrás) en El Trébol y Santa Fe, y en las localidades entrerrianas de Paraná y Gualeguay.
La denuncia por este hecho fue radicada en la AITP y se inició una causa que está en investigación en un juzgado federal, con respecto al delito de trata, en la cual el Centro de Asistencia Judicial también apoya a la víctima.
"Luego de numerosas intervenciones y gestiones por parte del CAJ con la Fiscalía, contando con la invalorable colaboración de la víctima y su pareja -quienes brindaron datos sobre el paradero del imputado- como así también la Policía de Investigaciones (PDI), se pudo lograr la detención del mismo", explicó Sirk.
La audiencia imputativa se llevó adelante el 21 de enero y dos días después se celebró la de prisión preventiva, en la cual el Centro de Asistencia Judicial colaboró con la argumentación de la Fiscalía. Al término de la feria de enero, la justicia resolverá en torno al pedido de constitución de querellante interpuesto por el CAJ para representar a la víctima en el juicio.
Sobre los CAJ
La Oficina de Asistencia a la Víctima de los CAJ es la única del país que puede ejercer representación de las víctimas en juicio, patrocinándolas o mediante poder especial constituyéndose como querellante. Esta figura permite a los damnificados o a sus familiares ser parte activa en el proceso penal y participar del mismo.
