La novedad afloró en 2013 e impactó durante el juicio cinco años más tarde. Un hombre que había tenido condena por narcotráfico había generado un patrimonio de bienes inscriptos formidable. Se le había detectado a su grupo familiar un total de 45 vehículos y 40 inmuebles de los cuales 36 han sido adquiridos en menos de un año calendario. El poseedor de estos bienes tenía una remisería con treinta vehículos habilitados para prestar servicio. Pero además estaba construyendo un gimnasio de varios pisos en una esquina céntrica de la ciudad de San Lorenzo , que comenzó a levantar sin permiso de edificación y que figuraba un nombre de su hija.
La incapacidad de demostrar el origen de los fondos con los que solventó esa fortuna son el resorte de un nuevo nuevo contra David Delfín Zacarías , que hace tres años fue condenado a 16 años de prisión, por ser responsable de una cocina de cocaína en Funes donde se lo encontró con una producción de 300 kilos de esa sustancia. El juicio venidero es un desprendimiento de esa causa. Ahora lo acusarán ante el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario de ser líder de una organización criminal dedicada a lavar activos de origen ilícito producido por el comercio de estupefacientes, introduciendo al circuito legal bienes de origen espurios.
El caso de la construcción del polideportivo en una esquina céntrica de San Lorenzo aún es motivo de controversias y debates no saldados. Las autoridades de San Lorenzo, según las constancias en el trámite judicial, afrontaron turbulencias políticas cuando trascendió que el gimnasio se construía con dinero del narcotráfico. Hubo una clausura del Departamento Ejecutivo Municipal por la falta de permiso de edificación de ese predio de muy robustas dimensiones. Pero el propietario pagó una multa por lo que en 2011 logró una habilitación por excepción urbanística.
En junio de 2018 a Zacarías lo condenaron a partir de tres fuertes elementos: haber sido detenido in fraganti el 5 de septiembre de 2013 en una casa de la calle Las achiras en Funes donde se cocinaba droga, los 300 kilos de cocaína y los dos mil litros de precursores químicos decomisados allí y las escuchas telefónicas que evidenciaban la negociación previa con los proveedores de esos líquidos. Junto con él fueron condenados también los miembros más estrechos de su familia. A su pareja, Sandra Marín, le impusieron 14 años de prisión por comercio de drogas. A sus hijos Flavia y Joel les dieron respectivamente 8 y 7 años como partícipes necesarios.
Ahora todos ellos vuelven al estrado acusados por poner en circulación en el mercado formal el dinero procedente del comercio de drogas según la acusación que elevaron el fiscal federal Claudio Kishimoto y el auxiliar fiscal Franco Benetti, tras una pesquisa en la que fue querellante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Responderán por blanquear fondos del narcotráfico doce personas en total. También estará Jorge Zacarías, hermano del principal investigado, a quien se le secuestró una notebook en una casa de Timbúes, que contenía datos de relevancia sobre operaciones de lavado de activos por una serie de operaciones de compraventa de bienes inmuebles en diversos complejos de la desarrolladora Tierra de Sueños.
El inventario de bienes adquiridos con dinero sucio según la fiscalía incluye vehículos diversos, motocicletas, un bloque de veinte cocheras en un edificio de Rosario, terrenos, departamentos, casas y fideicomisos inmobiliarios. Entre ellos se cuentan diez terrenos por 200 mil dólares en Roldán del loteo Tierra de Sueños 3, otros 17 lotes por 219.300 dólares en Tierra de Sueños Puerto General San Martín, y nueve terrenos y tres cunas náuticas en el loteo Tierra de Sueños Boating / Arroyo Seco. La fiscalía considerada inconsistente la relación de estas posesiones con el perfil patrimonial de Zacarías que se encontró inscripto en 2011 en la Afip en el rubro “Servicios de transporte automotor de pasajeros mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer”, con ingresos de hasta 15.000 pesos. A su vez, entre los años 2004 y 2014 no presentó declaraciones juradas y estuvo inscripto hasta junio de 2011 en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.
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Los bienes implicados en las operaciones de lavado fueron puestos a nombre de terceros, en general familiares de David Zacarías, y con reiteradas transferencias en algunos casos. La numerosa cantidad de vehículos que atesoró Zacarías (Toyota Rav, un Alfa Romeo cupé, un Audi, cinco motos BMW, varios vehículos tipo sedán como Chevrolet Meriva, Corsa, Fiat Siena, VW Voyage, entre otros) no aparecían a su nombre pero a pesar que casi todos los dominios estaban asegurados a su favor lo que, no obstante eso, no hizo saltar alarmas antilavado. La informalidad en las transacciones de los lotes de terrenos volvió muy fácil, para los acusadores, las compras en Tierra de Sueños. Y un capítulo aparte fue la construcción en San Lorenzo de un gimnasio de gran magnitud en Congreso y Vélez Sarsfield, inscripto a nombre de una de las hijas de Zacarías.
Precisamente una pesquisa del área de delitos patrimoniales del Ministerio de Seguridad de Santa Fe se inició en base a ese polideportivo de varios pisos. Ese tema produjo un escándalo político en San Lorenzo. A mediados de 2010 algunos concejales de la ciudad tomaron conocimiento de la construcción irregular del edificio, que no tenía permiso de edificación y se levantaba en una zona donde no estaban permitidas estructuras de esas características. El cuerpo elaboró un pedido de informes al Ejecutivo para que diera explicaciones al respecto. “La respuesta fue que no sabían nada porque no había permiso de edificación”, recordó al momento de estallar el asunto Marcela Lozano, concejala de la ciudad hasta 2011.
Zacarías construía también una mansión en la costanera de San Lorenzo. Las constancias de gastos de esa inversión que obran en la fiscalía hablan de desembolsos muy fuertes. Hay una factura de 100 mil pesos por el pago de un ascensor. Al valor de septiembre de 2013, cuando fue detenido, eso suponía 17.300 dólares.
Otro emprendimiento que había generado Zacarías era una empresa legal de remises en Granadero Baigorria llamada Frecuencia Urbana SRL que tenía una flota de 30 vehículos y en las que trabajaban 25 choferes. También quedó en la mira la empresa Top Crane SRL, a nombre de su hija Flavia, que ofrecía servicios como volquetes a empresas de la construcción.
En el momento de declarar en el juicio de 2018 y al ser imputado luego por lavado David Zacarías argumentó que sus familiares eran ajenos a sus actividades y que a ellos solo les pedía colaboración. “Mi hermana y mi cuñado lo único que hicieron es hacer un trámite a pedido mío. Lo mismo pasó con la Toyota de Fabián Fernández, es mía, y le pedí que haga el trámite porque yo trabajaba todo el día, yo le tenía confianza. Lo mismo con mi hija Flavia, por una cuestión de practicidad. Ahora voy tomando más conocimiento de las cosas. He sido muy ignorante en hacer un lío bárbaro con los papeles", sostuvo en la indagatoria.
Dijo también entonces: "A mi hija le pedía que haga el trámite pero no tuve en cuenta que iba a ocasionar un problema. Me parecía normal tener confianza en un hijo, que era un trámite más de compra y venta como todo lo que he hecho en mi vida. Lamentablemente soy un papá chapado a la antigua. Yo ordenaba y ella cumplía. Trabajaba todo el día y no tenía tiempo de hacer trámites y colas, ni tampoco entiendo de papeles ".
