Un civil con amplios conocimientos del sistema de justicia penal y del
funcionamiento policial y penitenciario será el encargado de controlar a las fuerzas de seguridad
de la provincia desde la semana próxima. Así lo anunció ayer el ministro del área, Daniel Cuenca,
quien admitió que esa persona se hará cargo de la flamante Secretaría de Control de las Fuerzas de
Seguridad, organismo en el cual "se venía trabajando desde el año pasado pero cuya puesta en
funcionamiento fue adelantada a partir de un fuerte convencimiento político tras las denuncias por
recaudación ilegal" y la existencia de cajas negras en la Unidad Regional II.
Es que el gobierno santafesino debió acelerar sus tiempos de decisión después de
que el oficial Juan José Raffo denunciara, el pasado 24 de febrero, cómo funciona la recaudación
ilegal dentro de la policía rosarina. En su presentación, el uniformado pasado a disponibilidad
detalló pormenorizadamente cuánto y a quiénes se cobra para engrosar las cajas negras de la fuerza
y también qué altos jefes de la Unidad Regional II son los beneficiarios de esos recursos
ilícitos.
Flanqueado por el ministro de Justicia, Héctor Superti; su par de Gobierno y
Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; y el senador provincial Juan Carlos Zabalza, Cuenca dio
detalles del anticipo que había publicado ayer LaCapital: la creación de un organismo de contralor
de las uniformados bajo cuya órbita pasarán a funcionar la Dirección de Asuntos Internos de la
policía y la del Servicio Penitenciario. Sin embargo no dio el nombre de quién ocupará el nuevo
cargo porque "se espera la respuesta a una propuesta que se hizo".
Cuidar al que cuida.Fue el ministro Superti quien aseguró que, en gran parte, la
creación de la nueva Secretaría se basa en una pregunta muy común entre los penalistas: ¿Quién
cuida al que cuida?. Y remarcó que "penetrar en las estructuras cuando este tipo de corrupción no
es conyuntural sino que tiene que ver con su propia forma de ser no es nada simple".
Por su parte, Cuenca también dijo que junto a la creación de la Secretaría se
adoptarán otras medidas: la conformación de una comisión bicameral en la Legislatura para realizar
un seguimiento de lo actuado por las direcciones de Asuntos Internos de las fuerzas, el pedido al
Procurador General de la Corte Suprema de Justicia para que establezca como prioritaria la
investigación y juzgamiento de causas relativas a casos de corrupción que involucren a uniformados;
y la creación de una fiscalía especial para este tipo de delitos.
Funciones. "Vamos a crear una estructura dentro del Ministerio de Seguridad que
va a ser la encargada de monitorear los procesos de investigación y dilucidación de los casos de
corrupción que se produzcan dentro de las fuerzas y que va a agrupar a las actuales direcciones de
Asuntos Internos", aseguró Cuenca. Y aclaró que "la nueva Secretaría estará a cargo del diseño,
control, fiscalización y acompañamiento de la investigación de los casos de corrupción que se
produzcan en ambas fuerzas de seguridad".
En este sentido, el ministro dijo que la creación del organismo "para nada
menoscaba o pone en duda el accionar de Asuntos Internos sino que lo potencia y lo contiene porque
estamos abriendo un marco de mayor transparencia para su gestión". Es que hasta ahora, la Dirección
de Asuntos Internos era el organismo intrapolicial encargado de investigar a sus propios pares y
desde la semana que viene responderá al mando de un civil. "De lo que hablamos es de un equipo de
trabajo en el cual Asuntos Internos se encargará de la faz operativa y el nuevo secretario de
brindar los lineamientos directos y precisos para el cumplimiento de las funciones", dijo
Cuenca.
Seguimiento. Otra de las medidas anunciadas por Cuenca es la invitación a los
legisladores a conformar una comisión bicameral de seguimiento de los casos de corrupción.
"Queremos que el poder legislativo monitoree los procesos de investigación de la corrupción
policial y pueda participar en el diseño de nuevas herramientas que sirvan en esta lucha contra la
corrupción que enfrentamos desde el gobierno", dijo el funcionario.
Asimismo, remarcó que se solicitará al Procurador General de la Corte, sobre la
base del Código Penal, que "dentro de su ámbito de competencia se establezca como prioridad en toda
la provincia la investigación y seguimiento de las causas de corrupción en las fuerzas de
seguridad. En otras palabras, queremos que este tipo de causas no pasen al olvido, no queden en el
camino, sino que se resuelvan y con rapidez".
En ese mismo sentido se expresó el ministro Superti, quien sostuvo que "aunque
las estructuras de investigación de la provincia no son lo suficientemente adecuadas comparando con
las causas que se inician, lo que depara que muchas de esas causas prescriban, nosotros debemos
apuntar a cambiar la calidad de esas prescripciones y la forma es que quienes deben perseguirlas
penalmente (Procurador y fiscales) prioricen las de mayor significación social".
Cambios. Otro de los aspectos abordados por Cuenca fue el de los cambios en la
cúpula policial de Rosario a partir de las denuncias realizadas por el oficial Raffo y aclaró que
fue pasado a disponibilidad "no por las denuncias anónimas que hay en su contra sino por pesar
sobre él un procesamiento firme en una causa judicial que está a la espera de sentencia". Y aclaró
que esa disponibilidad debería haberse instrumentado "durante la gestión anterior".
En ese sentido, el ministro manifestó que "no se separó a las autoridades de la
fuerza porque por ahora sólo hay sobre ellos algunas sospechas y el mismo día en el que Raffo
presentó la denuncia se la giró a Asuntos Internos y a la Justicia para que determinen si existen
pruebas para avanzar en el tema". Sin embargo, aclaró que "no hay apañamiento para con nadie, pero
tampoco podemos hacernos eco de cualquier mención e iniciar una caza de brujas".
Finalmente, Cuenca aseguró: "Desde que uno tiene uso de razón se dice que hay
cajas negras en todos lados, especialmente en la policía, pero lo que nosotros necesitamos no son
dichos sino hechos concretos que investigar. Lo que estamos diciendo es que teniendo hechos
concretos la decisión politica es investigarlos y castigarlos".
