Una causa iniciada hace un año por una defraudación estimada en 4 millones de dólares a clientes de varias financieras de la ciudad sumó otros tres imputados por administración fraudulenta. Dos de ellos son el director y la vicepresidenta de una empresa en la que se detectaron maniobras ilícitas con las inversiones de los clientes a fin de generar un “lucro indebido”. Ambos quedaron acusados en la misma investigación por la cual, en octubre de 2021, habían sido implicados un financista y su esposa a quienes ahora les sumaron la obligación de ir a firmar cada dos semanas al Centro de Justicia Penal.
El caso que investiga el fiscal Miguel Moreno se había iniciado el año pasado cuando Daniel C. y su esposa Samanta B., ambos entonces de 45 años, fueron imputados por estafa y administración fraudulenta. Los acusaron de cometer maniobras delictivas cuando sus empresas entraron en cesación de pagos a fines de 2019. Ambos eran directivos de firmas como la acopiadora Cereales del Sur y la financiera Rosario E. Trade y los denunciaron veinte personas que les habían confiado bienes para inversiones que no recuperaron. En ese sentido, la investigación detectó un perjuicio global por unos cuatro millones de dólares.
Daniel C., de acuerdo a la pesquisa, presidía un grupo de empresas entre las que figuraban una firma agropecuaria y una agencia de bolsa. Dos directivos de una de esas compañías, la identificada como Daniel A.C. y Asociados SA, fueron acusados ayer por haber participado de una serie de maniobras ilícitas. Según la imputación, esas acciones se concretaron “en violación a los deberes que les correspondían como administradores de la sociedad y como responsables de la administración de fondos de terceros”.
Los imputados son Silvina Mariela C., vicepresidenta de la firma, y Fernando Agustín G., quien figuraba como director. La sociedad estaba habilitada para actuar como intermediaria entre empresas e inversores y en ese carácter recibía inversiones de sus asociados. De acuerdo con la imputación, la firma realizó a espaldas de los clientes movimientos de dinero como operaciones de transferencias bancarias y compraventa de dólares y valores “para procurar para sí o para terceros un lucro indebido”.
Así se les atribuyó que, “abusando de las facultades conferidas”, sustrajeron en septiembre de 2019 la totalidad de los activos de una cuenta cuyo saldo era de 14.629 pesos y 26.127 dólares. Los directivos fueron imputados como coautores de administración fraudulenta, el mismo delito que un año atrás le achacaron al financista Daniel C, y su esposa. Además, Silvina C. sumó imputaciones por cuatro hechos de estafa, mientras que Fernando G. y Mario T. acumularon dos hechos cada uno.
Inhibidos
La audiencia fue presidida por la jueza Valeria Pedrana, quien dispuso para los nuevos acusados medidas cautelares como inhibición de bienes, inmovilización de fondos bancarios, prohibición de innovar en materia de participación accionaria, la prohibición de desprenderse de activos y de salir del país. A la pareja que lleva un año ligada al caso se le sumaron medidas como la obligación de concurrir a firmar a la Oficina de Gestión Judicial cada 18 días para Daniel C. y cada 15 días, en la ciudad de Salta, para la mujer.
Otro imputado que se sumó al grupo es Mario Antonio T., a quien se le atribuyó haber utilizado la Asociación Mutual Productores y Asesores de Seguros de Entre Ríos “como plataforma para la captación de ahorros públicos con el objeto de defraudar económicamente” a una persona que, en el transcurso de 2018, acudió varias veces a la oficina de San Lorenzo al 1700 de Rosario. El inversor les entregó 70 mil dólares en mano a Mario T. y al financista Daniel C. para obtener un interés. A la víctima le entregaron como garantía la ejecución de warrants, una suerte de pagaré que en vez de dinero está respaldado por granos, los que fueron firmados por Daniel C. como presidente de la Compañía Argentina de Warrants SA. Pero al cliente no le fue devuelto el dinero ni la ganancia ofrecida.
La investigación detectó que los problemas de Daniel C. comenzaron en 2019 con la convocatoria de acreedores de Cereales del Sur a la que siguieron otras de sus firmas mediante las que hacía negocios agropecuarios y financieros. Si bien presentó un plan de pagos para sus acreedores a través de una comercializadora de granos, los plazos fueron expirando y 21 ahorristas presentaron denuncias penales.
Entre algunos de los casos endilgados a la pareja el año pasado figuran el “engaño” a dos personas que aportaron 100 mil dólares para entrar en un fideicomiso ganadero y recibieron como pago cheques sin fondo y no recuperaron ni el capital ni la ganancia. Otro incumplimiento fue denunciado por un banco que le había otorgado un crédito por cerca de 120 mil dólares. Según el fiscal Moreno, hubo una “simulación de un bienestar”, omitiendo el dato de que Cereales del Sur estaba en cesación de pagos: “Sabían desde un principio que la devolución del dinero era imposible y así generaron un lucro indebido”.
