El incidente se produjo cuando los empleados estatales tuvieron que intervenir por una denuncia por fiesta clandestina y ruidos molestos en zona oeste
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
El Centro de Justicia Penal donde se dirimió la situación de tres acusados por agredir a inspectores municipales
Un grave caso de resistencia a la autoridad en el que fueron agredidos físicamente cuatro inspectores municipales al intervenir por una denuncia por ruidos molestos y una fiesta clandestina, tuvo su primera novedad judicial. Dos de los imputados, identificados con las iniciales S.C. y M.C. permanecerán en prisión preventiva de cumplimiento efectivo por 60 días mientras que el tercero, E. A. seguirá en libertad, pero con restricciones, mientras la causa sigue abierta y avanza hacia el juicio.
La novedad se conoció este lunes y tiene que ver con un incidente ocurrido el 23 de noviembre alrededor de las 11 de la noche, en D’Arienzo al 8900, en barrio Tango, en la zona oeste de Rosario.
Según la acusación que el fiscal Lucas Altare expuso en la audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Penal, esa noche inspectores de la Secretaría de Proximidad de la Municipalidad se presentaron en ese lugar tras recibir una denuncia en la que se daba cuenta de una fiesta clandestina, ruidos molestos, manipulación de pirotecnia y de un hombre que realizaba maniobras peligrosas al mando de una camioneta.
Cuando los inspectores intentaron intervenir en la situación, concretamente en la identificación de la persona que manejaba la pick up, (sería S.C.), se produjo la violenta reacción de los presentes en el lugar. De acuerdo con la acusación de Altare, fue M.C. (padre de S.C.) quien salió del domicilio y golpéo en la cara a uno de los inspectores.
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Ante esa agresión, los compañeros del empleado municipal intentaron separar, pero fueron agredidos en distintas partes del cuerpo por estos tres hombres. El fiscal dijo que en esa reyerta, una inspectora fue arrojada al suelo y recibió patadas en las costillas. El saldo fue de cuatro inspectores lesionados por esas tres personas que entraban y salían del domicilio para seguir agrediéndolos. Las víctimas realizaron la denuncia policial y los presuntos agresores fueron aprehendidos en la misma casa.
En la audiencia de imputación celebrada en el Centro de Justicia Penal, el juez de Primera Instancia Bilbao Benítez hizo lugar al pedido del fiscal, y dictó la prisión preventiva por el plazo de 60 días para padre e hijo, S.C. y M.C., y para E.A. dispuso la libertad, pero con las siguientes restricciones: deberá presentarse regularmente para firmar ante la Oficina de Gestión Judicial, tendrá que fijar domicilio, depositar una caución por dos millones de pesos y se le prohibió realizar cualquier tipo de evento que reúna a más de diez personas.
Una vez finalizado el plazo estipulado por el juez, la Fiscalía puede solicitar la prórroga. La causa judicial avanza hacia el juicio que se realizará bajo la imputación de resistencia a la autoridad y lesiones.
El gobernador fue vehemente defendiendo a los fiscales provinciales y cuestionó los años sin resoluciones federales. Además insistió en cuestionar el “garantismo bobo”
Por Facundo Borrego
