Tres hombres detenidos el pasado 8 de junio y sindicados como miembros de la banda de Francisco “Fran” Riquelme, acusados por violentos hechos de extorsión entre febrero y mayo pasado, quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley según resolvió la jueza de garantías Silvia Castelli tras tres jornadas de audiencia acusatoria. Mauro Leonel M., Álvaro Leonel A. y Sergio Adrián C., hermano del ya detenido Fernando “Fey” Cabaña y apuntado como líder de la banda tras la caída a Riquelme en abril de 2020, fueron acusados por el fiscal Adrián Spelta como integrantes de una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad. A Sergio C. le sumó el delito de encubrimiento en carácter de autor mientras que Fey Cabaña y Mauro M. fueron acusados por amenazas coactivas agravadas.
Una balacera extorsiva contra una casa de Sorrento y la vía y una serie de amenazas desde la cárcel a una familia para obligarla a vender drogas fueron los hechos que motorizaron una nueva serie de imputaciones hacia integrantes de la banda de Fran Riquelme y de Fey Cabaña, quienes manejan en las calles de los barrios Ludueña, Empalme Graneros e Industrial una franquicia de Esteban Alvarado. Estos están enfrentados con una contraparte territorial de Los Monos en la zona mencionada está manejaba por Andy Benítez, Julián Aguirre y Mauro Gerez. Todos los mencionados están presos en distintas cárceles provinciales y federales.
La guerra entre estas dos franquicias tiene sometido a fuego constante a las barriadas del norte de la ciudad desde mediados de 2021. Pero el asesinato de Cristian Leonel “Larva” Fernández el 14 de abril del año pasado en Gorriti y Campbell y su posterior vuelto, el crimen de Joel Ariel Bulnette, el 20 de abril en Felipe Moré al 600 bis, hicieron que la sangre salpicara las calles del norte rosarino. Esa guerra motivó más de cuarenta asesinatos de los 288 homicidios dolosos del año pasado en el departamento Rosario y al menos catorce en lo que va de este año.
De acuerdo a investigaciones judiciales, tras la caída de Fran Riquelme el 3 de abril de 2020 su hombre en la calle fue Bulnette y una vez que la oposición lo sacó del juego, quien controló la calle fue Fey Cabaña hasta que en diciembre pasado fue detenido. En septiembre de 2022 Riquelme fue sentado en el banquillo imputado como presunto líder de una banda de alrededor de 15 personas, varios de ellos menores de edad.
Riquelme espera ir a juicio bajo la acusación de atentar contra la vida de Mariana Ortigala, testigo estrella en el juicio a Esteban Alvarado que terminó en prisión perpetua para el conocido hampón, quien fue atacada a balazos en marzo de 2020 cuando salía de su casa de barrio Edén de Roldán. Fey fue imputado el 29 de diciembre pasado por ser uno de los asesinos del Larva Fernández.
El negocio se mantiene
Pero más allá de los asesinatos y las detenciones el negocio se mantiene, aún gestionado desde atrás de las rejas. Según la imputación del fiscal Adrián Spelta contra Mauro M., Álvaro A. y Sergio C., la estructura de Riquelme comenzó a funcionar por lo menos desde marzo de 2021 como resultado de “su vínculo con Esteban Lindor Alvarado” y actuó “sin oponentes” hasta que en julio de ese año irrumpió el grupo de Benítez/Aguirre/Gerez.
Dentro de la banda de Riquelme, Spelta incluyó a los tres detenidos quienes comenzaron a ser imputados el miércoles 14 de junio. Fueron acusados como miembros de una asociación ilícita, delito agravado por la participación de menores de edad en la organización. Dos de ellos sumaron otros hechos violentos _una balacera y una amenaza telefónica_ que también fueron atribuidos a los dos jefes.
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Dentro de ese esquema, Sergio C. fue considerado como quien “controla el curso de la empresa delictiva y dirige a los estratos inferiores de la banda” además de proveer “material balístico y armamento” a otros miembros de la franquicia para que cometieran ataques armados contra diferentes objetivos. En el allanamiento que se realizó en su casa se le secuestró un chaleco balístico sin inscripción y con las etiquetas recortadas. Al analizar el rol de Álvaro A. se dijo que es “el encargado de ejecutar ataques armados contra las personas y las viviendas”. Mientras que a Mauro M. se lo considera un integrante que “comete delitos contra la libertad de las personas”.
Fueron acusados por dos violentos hechos ocurridos en los últimos cinco meses. El primero fue el 12 de febrero. Según la imputación, Fran Riquelme desde la cárcel de Piñero y Fey Cabaña desde la unidad de Coronda le ordenaron a Álvaro A. que fuera a realizar disparos contra una casa de la zona de Sorrento y las vías. La balacera se concretó a las 20.40. Uno de los disparos ingresó a la vivienda e hirió en un tobillo a una mujer que fue atendida en el Pami II, de barrio Arroyito. En el frente de la casa, además de al menos cinco disparos de un arma calibre 9 milímetros, quedó un cartel. Por este ataque, los dos presos como jefes y el sindicado como tirador fueron imputados por el delito de amenazas coactivas agravadas y, este último, además por la portación ilegítima de arma de guerra.
El segundo episodio aconteció el 5 de mayo, dos días después de que Ángel Coronel, de 39 años, muriera con nueve disparos cuando iba a comprar cigarrillos a pocas cuadras de Sorrento y Travesía. “Como mataron a Ángel ahora necesitamos que alguien venda en el barrio. La decisión viene de arriba. Por las buenas o por las malas”, decía el mensaje que recibió una familia en un llamado telefónico a las 17.15 de ese día.
El llamado, según la investigación, fue realizado desde la cárcel de Piñero por Fey Cabaña, quien sumó otra imputación por amenazas coactivas agravadas. El mismo delito fue atribuido a Mauro M., quien de acuerdo con la pesquisa se presentó un rato más tarde en la casa de la víctima y entregó un celular con Cabaña al otro lado de la línea, quien añadió: “Tenés que vender droga para nosotros si no vamos a cagar a tiros tu casa”.
A la hora de resolver, tras tres jornadas de audiencias, la jueza Castelli dictó la prisión preventiva para Fey Cabaña, Mauro M., Álvaro A. y Sergio C. por el plazo de ley, es decir al menos dos años, con vencimiento el 8 de junio de 2025.