El mismo día que lo mataron, Marcelo Coto Medrano, ex jefe de la barra brava de Newell’s con condenas por narcotráfico, compró en una financiera de pleno centro de Rosario 17.776 dólares. Las huellas de tal operación habían quedado en el celular que le encontraron en la estación de servicio de Granadero Baigorria donde fue emboscado y acribillado a balazos la mañana del 10 de septiembre de 2020.
La venta de esos dólares no era un hecho esporádico sino que formaba parte de las rutinas de Coto Medrano, un hombre que no tenía actividad legal registrada, por lo que la operación concretada era un acto al margen de la ley. Por ese hecho quedó rápidamente en la mira la financiera Cofyrco SA, ubicada en Corrientes 832, que fue allanada. Un año después uno de los socios de esa casa de cambios, Fernando Vercesi, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional, reglas de conducta por dos años y a pagar una multa de 35.552 dólares por los delitos de lavado de activos de origen ilícito en carácter de coautor en grado consumado.
Esa condena se debe a un hecho que no es nuevo pero que comienza a ser perseguido: las operaciones financieras en negro con personas que obtienen ingresos de economías ilícitas. Medrano era uno de los actores centrales del comercio de drogas en la zona norte de la ciudad cuando lo mataron.
Vercesi fue condenado también por otro hecho irregular detectado en el allanamiento a la financiera. Cuando los agentes requisaban el lugar donde le vendían dólares a un hombre ligado al narcotráfico encontraron 175 DNI en una bolsa. Los pesquisas no dudaron de que se usaron para estafar al Estado comprando en aquel momento dólares oficiales. La cotización del oficial era en ese momento 90 pesos. Pero luego en el mercado paralelo el dólar se vendía a 130 pesos. De hecho el día de su muerte Coto Medrano pagó 136 pesos por unidad de billete estadounidense.
El Fiscal Sebastián Narvaja de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos le atribuyó una operación de lavado de activos de origen ilícito consistente en haber recibido por parte de Marcelo Medrano dinero en efectivo en moneda argentina obtenido a partir del desarrollo de actividades criminales, para luego aplicarlo a operaciones de intercambio financiero, bajo la apariencia de tener un origen lícito.
Narvaja sostuvo en el acuerdo que el 10 de septiembre de 2020 Vercesi y Garay recibieron de Medrano la suma de 2.350.000 pesos y le entregaron a cambio 17.776 dólares en lo que consistió en una operación ilegal de moneda extranjera.
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Esta maniobra de compraventa de divisas fue ejecutada por fuera de los canales regulados por el BCRA para el desarrollo de dichas operaciones. Esta operación fue llevada a cabo con conocimiento del perfil público de Marcelo Medrano, asociado a la actividad criminal en Rosario. Por otra parte, fue realizada sin requerir a Medrano ningún tipo de elemento de acreditación del origen lícito de los fondos en pesos referidos, recibiéndose fondos de dinero en pesos, para ser utilizados en operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, en operaciones de préstamos de dinero (mutuos) a terceros, de cambio de cheques y de adelantos de sumas en efectivo, con la consecuencia que dicho dinero circulara en el mercado, con la posibilidad de que adquiriese la apariencia de un origen lícito.
En el marco del mismo trámite, se le impuso una probation a Guido Garya, por los delitos de lavado de activos a Guido Garay, por los delitos de lavado de activos. También se le impusieron reglas de conducta por tres años y el pago de la misma multa que Vercesi, por ·5.552 dólares.
Según lo señalado por Narvaja, los fondos en pesos que Marcelo Medrano cambió en las oficinas de Cofyrco eran el fruto de las actividades criminales en las que el mismo se encontraba involucrado, como única actividad económica desarrollada por el mismo, susceptible de explicar la magnitud del flujo de fondos que aplicaba a las referidas maniobras de compra ilegal de divisas.
Además al mes de septiembre de 2020, esa financiera no contaba con autorizaciones del BCRA para operar en la compraventa de divisas, ni para tomar ahorro público o hacer intermediación financiera. Tampoco contaba con habilitación de la Comisión Nacional de Valores para operar bajo ninguno de los regímenes previstos por la Ley 26.831. Durante los meses de agosto y septiembre de 2020, esta firma contaba, al menos, con un local de acceso público, localizado en zona de calle Corrientes al 800 de Rosario. Vercesi era uno de los dueños y administradores de la empresa y responsables ilimitadamente solidarios de la actividad de la misma.
El juez Gustavo Pérez Urrechu avaló las condenas impuestas en el juicio abreviado.