La jueza penal Eleonora Verón hizo lugar de manera parcial a un habeas corpus interpuesto por la Defensoría Provincial en favor de los detendios en las cárceles del sur santafesino. El recurso había sido presentado tras conocerse una resolución del Servicio Penitenciario (SP) provincial que limitaba a un máximo de dos kilos los paquetes de alimentos y otros productos que los familiares de los internos podrían llevarles en las visitas. La decisión judicial, que suspende la medida por 90 días, será apelada según fuentes penitenciarias.
Días atrás, el SP dio a conocer un comunicado en el cual se establecía que desde hoy "se establecerá solamente el ingreso de un bolso o paquete cuyo peso máximo será de 2 kilos por visitante; se prohibe el ingreso de alimentos congelados, rellenos y embutidos; y se podrá impedir el ingreso de todo aquel elemento que considere sospechoso". Además, la disposición sostiene que los días martes "se podrán entregar elementos eléctricos o ropa autorizadas por un superior". La medida alcanza a las Unidades 3 y 6 de Rosario; a la 11 de Piñero; a la 16 de Pérez y a la alcaidía regional.
Tal disposición llevó a la Defensoría a interponer un habeas corpus en favor de los internos no sólo alojados en esos penales sino también en Coronda. Y ayer la jueza Verón resolvió hacer lugar al pedido "suspendiendo provisoriamente la resolución dictada por el Servicio Penitenciario por el plazo de 90 días reconociendo la posible configuración de un supuesto agravamiento de las condiciones de detención", tal como lo había planteado la Defensoría, sólo en las cárceles del sur santafesino dejando pendiente que lomismo ocurra en el penal corondino, trámite que se lleva adelante en los Tribunales de Santa Fe.
Asimismo, la magistrada solicitó que "dentro de dicho plazo las partes conformen una mesa de diálogo a los fines de consensuar una solución que contemporice los múltiples intereses en juego".
Injerencia de poderes
Tras conocerse el fallo, la Directora Provincial de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, Lucía Masneri, sostuvo que "es una nueva injerencia del Poder Judicial en las decisiones o facultades de esta Secretaría dependiente del Poder Ejecutivo". Y dijo que la resolución dictada por el SP "tiende a un mejor control de lo que ingresa en los penales para garantizar la seguridad de los internos".
"Nosotros no entendemos que se produzca un agravamiento de las condiciones de detención de los reclusos", dijo Masneri. Y agregó que la misma fiscal "entendió que si la alimentación era la correcta en los penales, no veía agravantes".
Masneri también expresó que "más allá de lo dispuesto la requisa continuará como siempre porque el Servicio Penitenciario es el único que tiene gente capacitada para realizarlas y determinar qué puede ingresar y qué no a un penal".
También sostuvo que "se invitó a la jueza a que el fin de semana se haga presente en el horario de ingreso de las visitas para comprobar que la cantidad de paquetes o bolsos que se llevan es irrazonable".
Finalmente, la funcionaria explicó que "en algún momento habrá que entender que lo que planteamos en por seguridad y que es facultad del Poder Ejecutivo que dentro de las cárceles haya una convivencia pacífica, porque en caso contrario las responsabilidades se diluyen".
