Se entregó un hombre y son cuatro los detenidos por la matanza en Campana

Un cuarto hombre fue detenido bajo sospecha de haber participado del cuádruple crimen de Campana. Darío Gabriel Vera, apodado Sordo, se entregó cerca de la medianoche del domingo en una comisaría y quedó imputado como presunto coautor material de los homicidios a golpes de un matrimonio y sus dos hijos, cuyos cuerpos aparecieron la semana pasada al costado de la Panamericana.

  Según los pesquisas, Vera estuvo con los otros imputados al momento de la captura de las víctimas, del cautiverio, del robo a la casa de la familia, de los homicidios y del descarte de los cuerpos.

  Los restos de los niños, Agustín, de 12 años, y Milagros, de 8, fueron inhumados ayer a la tarde en un cementerio privado de Luján donde el viernes habían sido enterrados sus padres Marcelo Mansilla, de 41 años, y Sandra Rabago, de 37. "No velamos a los chicos porque queremos que rápidamente estén con sus padres descansando en paz", dijo Miriam Rabago, tía de los nenes.

  El último detenido en el caso se entregó en la seccional 2ª de Malvinas Argentinas diez minutos después de que su padre hablara con el capitán de la dependencia, Jorge Tanoni, y le dijera que su hijo y la esposa querían entregarse por estar vinculados al hecho. Comunicó además que la pareja había recibido llamadas amenazantes.

  Vera se presentó junto a su esposa, Miriam Aquino, de 17 años, quien no está acusada y quedó libre a disposición de la Justicia de Menores. El hombre fue indagado a la tarde por el fiscal Marcelo Pernici.

  Según fuentes policiales, el Sordo conocía a los otros tres detenidos por el asesinato: Angel Antonio Fernández, de 41 años, su hijo Cristian, de 22, y Jesús Osvaldo Cáceres, de 47. "Creemos que tuvo una participación activa en los hechos, más allá de que las sospechas apuntan como principales autores a Fernández y su hijo", explicó un vocero policial.

Descargo y sospechas. Por su parte, Fernández padre aseguró al ser indagado ayer que no participó de los hechos y que estuvo todo el tiempo en su casa con la pulsera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario. "Jamás haría algo así", se exculpó. Pero Fernández hijo admitió haber colaborado en los delitos.

  Los investigadores sospechan que los homicidios fueron cometidos por los Fernández, seguidos por el Sordo, y que el otro detenido, Jesús Osvaldo Cáceres, tuvo un rol más cercano a la figura del encubrimiento. "Pudo haber sabido que las víctimas estaban retenidas en la casa de los Fernández", explicó una fuente del caso.

  Lo que aún procuran determinar los investigadores son las causas de la diferencia de más de doce horas entre los homicidios del matrimonio Mansilla y los de sus dos hijos. Para los pesquisas, luego de ser secuestradas el 24 de julio de su casa de José C. Paz, las víctimas estuvieron retenidas y narcotizadas en la casa de los Fernández en Los Polvorines, mientras éstos robaban en la vivienda de los Mansilla casi un día después de capturarlos.

Móviles. Una de las hipótesis sobre el caso apunta a que en el inmueble de las víctimas se encontraría parte del botín de un robo que era reclamado por los Fernández. La venganza como móvil había sido mencionada por Cristian Fernández cuando dijo que los asesinatos fueron "por bronca personal". Los Mansilla, además, habían involucrado a los sospechosos en el robo a una casaquinta.

  El matrimonio apareció asesinado el martes y su auto VW Polo fue hallado incendiado un día después. Tras una angustiosa búsqueda, los nenes fueron encontrados muertos el sábado a la vera de la ruta. Fueron asesinados igual que sus padres, con un hacha o una maza.

  Según testimonios dados por vecinos a la prensa, las familias Mansilla y Fernández tenían trato desde hacía años y Rabago habría tenido una relación sentimental con Angel Fernández. Al respecto Miriam Rabago, hermana de la mujer asesinada, negó rotundamente que Sandra haya tenido una relación de amante con Fernández. "Nada que ver, ellos tenían una relación como todo vecino", acotó. Señaló además que en ningún momento su hermana le confió tener miedo o sentirse perseguida. También planteó que la esposa de Angel Fernández "abandonó el hogar con sus hijos" y que sería buscada por la policía como presunta partícipe o instigadora.

  Al momento de ser detenido, el acusado Angel Fernández estaba con arresto domiciliario con monitoreo satelital mediante una pulsera electrónica que, al parecer, no funcionaba, ya que varios testigos lo vieron fuera de su vivienda en reiteradas oportunidades.

Pulseras en revisión. Este error generó una polémica sobre el régimen de detención domiciliaria bajo control satelital. El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, anunció que se inició un relevamiento de los legajos criminológicos de los 297 presos monitoreados con pulsera electrónica, con el fin de establecer si están en condiciones de gozar de ese beneficio. El funcionario explicó que reemplazará al personal del área de control de los monitores por profesionales del Patronato de Liberados para que hagan el seguimiento.

  "Durante el fin de semana hicimos un relevamiento físico de los 297 casos para ver si estaban cumpliendo el arresto y se constató que estaba cada uno en su domicilio", explicó. El ministro añadió que ayer comenzó "el análisis de los legajos para establecer el delito que se les imputa y el perfil criminológico de cada uno de ellos, determinado por profesionales de la Corte y del Servicio Penitenciario".

  Eso se hará, según dijo, con el fin de hacerles saber a los jueces si esos detenidos están en condiciones o no de gozar del beneficio aunque, aclaró, son los magistrados quienes resuelven las morigeraciones de la prisión preventiva. "Sólo les diremos si creemos que ese beneficio debe ser revocado", concluyó Casal.

Otro reclamo. Asimismo, el ministro de Justicia y Seguridad Aníbal Fernández dijo que debe ser "analizado y revisado" el dispositivo de pulseras electrónicas y apoyó la decisión del gobernador Daniel Scioli de impulsar el juicio político contra el juez que dispuso ese régimen para el principal sospechoso.

  El funcionario aseveró que este dispositivo "tiene que tener todas las condiciones y garantías" y recordó que las pulseras "no fueron concebidas para casos como éste, sino para hechos leves y en delitos de menor cuantía". Sin embargo el juez Nicolás Schiavo, quien otorgó el beneficio al detenido, planteó que el uso de las pulseras se define con otros criterios por las demoras en su adjudicación.