Reclamaron que liberen a los 18 policías acusados por un doble homicidio

Familiares de los 18 policías detenidos y acusados por cometer y encubrir los homicidios de Emanuel Medina y David Ezequiel Campos, el pasado 23 de junio tras una persecución por la zona sur de la ciudad hasta Callao y Arijón, realizaron una manifestación la mañana de ayer frente a Tribunales para reclamar la libertad de los acusados.

El fiscal Adrián Spelta había imputado la semana pasada al agente Alejandro B., del Comando Radioeléctrico, por homicidio calificado por abuso de función o cargo en su carácter de miembro integrante de las fuerzas públicas, en concurso real con falsedad ideológica en carácter de autor. En tanto, está a la espera de pericias para saber si los agentes Marcelo Adolfo E. y Leonel Emiliano M. también efectuaron disparos mortales. Los otros 15 uniformados quedaron acusados por encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del delito (homicidio) y por su carácter de funcionario público en concurso real con falsedad ideológica en carácter de autores.

En ese marco la Justicia dictó la prisión preventiva para los 18 policías hasta el 3 de noviembre, aunque a las cinco mujeres que participaron del operativo les otorgó la prisión domiciliaria, ya que una está embarazada, otra amamantando y las restantes tienen hijos menores a 5 años.

Asimismo el juez Carlos Leiva, avaló la hipótesis de que no hubo un enfrentamiento entre las víctimas y los policías. Lo hizo luego del entrecruzamiento de las pericias e informes que sacaron a la luz graves irregularidades en la confección del acta de procedimiento.

Familia azul

"Policías, seres humanos con derechos"; "La unión hace la fuerza policial azul"; "Ellos también tienen familias, no están solos"; "Por el honor de los policías, todos somos azules". Esas consignas se podían leer sobre cartulinas y pancartas que elevaron ayer a la mañana unos 60 allegados a los agentes del Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica acusados por las muertes de Emanuel Medina y David Campos.

La manifestación no tuvo oradores ni declaraciones de los participantes. Las únicas que entablaron contacto con la prensa fueron las abogadas que representan a 16 de los 18 policías bajo proceso.

En ese sentido la vocera de la defensa, Evelyn Andriozzi, indicó que "las familias decidieron marchar porque quieren que los policías sean juzgados con los mismos derechos que los civiles. Ven que es injusta su detención y a nuestro criterio no hay elementos suficientes para ello. Hay muchas dudas en torno al caso y eso debe ser a favor del imputado".

También se refirió a la lectura que como profesionales hacen de las pericias que hay en el legajo. "Con la doctora Yaneri Augusti analizamos las pericias y a nuestro criterio no son suficientes para dictar la prisión preventiva de nuestros defendidos. Hay muchas pericias que no fueron tomadas, como la correspondiente al vidrio del conductor del auto donde iban los dos hombres muertos. La Policía Federal dijo que no es determinante si los orificios que tiene son de entrada o de salida para saber si se disparó desde adentro", indicó.

Andriozzi dijo que "se habla de un arma puesta (plantada) y eso no se puede determinar. Los dos revólveres hallados cerca de los cuerpos fueron utilizados con anterioridad y contaban con pólvora en su cañón. Además hay un dermotest positivo (en las manos de Campos) que arroja una fusión de plomo, bario y antimonio. Y el bario solamente se encuentra cuando se percuta un arma", describió para sostener la hipótesis del enfrentamiento. Finalmente indicó que "por decisión de la defensa los acusados no declararon, lo van a hacer en algún momento".

Los manifestantes se encolumnaron con sus carteles por Pellegrini hasta Alvear y desde allí hasta Montevideo, donde se detuvieron frente a la sede de la Fiscalía de Homicidios para volver luego a los Tribunales.

Domiciliaria

Luego de la marcha estaba prevista la audiencia de apelación de la prisión preventiva de Leandro Javier C., uno de los agentes detenidos. El acusado manifestó ante el juez Leiva que padece asma, cuadro que lo obliga a mantener una terapia permanente, pero que ante una crisis deber ser sometido a un tratamiento que no podría recibir en prisión.

La defensa solicitó entonces la detención domiciliaria en la casa de sus padres, en la localidad de Nelson, a 328 kilómetros de Rosario. La querella sostuvo no estar al tanto de esa solicitud y no tener acceso a la documentación que la avala. Y el fiscal Spelta, por su parte, consultó al médico forense Néstor Cabrejas, quien sostuvo que el paciente tiene una patología crónica y que debe garantizarse la inmunoterapia con un médico especialista además de asegurarle la ingesta diaria de la medicación pertinente, asistencia médica las 24 horas y un lugar con poca humedad.

Finalmente el juez Leiva resolvió hacer lugar al planteo y morigeró la prisión preventiva enviándolo a la casa de sus padres en Nelson, para lo cual ofició al jefe policial con el objetivo de realizar los controles de cumplimiento de la medida.