En una conferencia en San Lorenzo, Pullaro valoró los resultados desde la aplicación de la ley, aunque reconoció la necesidad de controlar a la policía.
El derribo de puntos de venta de drogas es una medida que se respalda en la ley de microtráfico, una herramienta que Pullaro valoró.
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó la aprobación al inicio de su gestión de la ley de microtráfico. "El impacto de esta ley sobre los focos de violencia y la desactivación de puntos de venta hizo que bajen los indicadores", explicó el mandatario.
A su vez, reconoció que hay que "mejorar muchísimo con el funcionamiento y la articulación y controlar a nuestros hombres y mujeres de la policía".
En una conferencia de prensa realizada en San Lorenzo para presentar los resultados de la Intervención Barrial Focalizada (IBF) en esa localidad, el mandatario provincial se refirió también a la ley de microtráfico. Es como se conoce a la adhesión de Santa Fe a la ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes, herramienta con la que la policía y la Justicia provincial pueden investigar el comercio de drogas a baja escala.
El gobierno provincial la ubica como uno de sus pilares en la compleja tarea de afrontar los problemas de seguridad pública, sobre todo la violencia vinculada al comercio de drogas. Es utilizada no solo para perseguir penalmente la venta a baja escala y agilizar investigaciones que en la Justicia federal podían extenderse en el tiempo, sino también para intervenir los territorios. En esa línea, la herramienta del cese antijurídico permite derribar o inhabilitar puntos de ventas que muchas veces son focos de conflictos violentos.
En ese sentido, Pullaro insistió en la necesidad de "poner en valor" los resultados de la ley de microtráfico, que tiene su base operativa en una unidad de investigación especializada dependiente de la Fiscalía General de la provincia. "La mayor crítica que teníamos era que nos decían que íbamos a llevar presos a los perejiles, a los consumidores. No pasó porque estudiamos la política pública y nos preparamos para aplicar esta ley con el Ministerio Público de la Acusación", explicó.
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En ese marco se refirió a los resultados concretos de la aplicación de la ley. "El impacto sobre los focos de violencia y la desactivación de puntos de venta en la provincia hizo que bajen los indicadores", aseguró. "Toda la sociedad debe valorar esta ley", insistió.
Pero también reparó en la necesidad de profundizar controles sobre la policía provincial, que en las últimas semanas se vio involucrada en hechos de corrupción. Fue cuando ocho agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) quedaron presos acusados de robar 15 kilos de cocaína y 50 mil dólares.
La maniobra ocurrió el 13 de agosto pasado en un operativo ilegal que intentaron hacer pasar como un caso de narcomenudeo, siendo que en el acta de procedimiento blanquearon el secuestro de apenas 500 gramos de cocaína. "Seguramente deberemos mejorar muchísimo con el funcionamiento y la articulación y controlar a nuestros hombres y mujeres de la policía", remarcó Pullaro.
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