"No al archivo". Bajo ese grito de lucha y encolumnados detrás de una bandera negra, la Multisectorial contra la Violencia Institucional marchó ayer a la Fiscalía de la Unidad de Homicidios para protestar por la decisión del fiscal Miguel Moreno de archivar la causa que investigaba la muerte de Alejandro Ponce, hallado en aguas del río Paraná en noviembre de 2015. Pero había algo más en las voces de reclamo. Y es que éste es el segundo expediente que, con efectivos de fuerzas de seguridad involucrados, el mismo funcionario envió al archivo en menos de diez días. El anterior fue el de Maximiliano Zamudio, de 16 años, asesinado por un agente de Prefectura franco de servicio el 27 de mayo de 2015 en barrio Tablada.
Como ya lo había hecho con el caso de "Maxi" Zamudio y tal cual lo dio a conocer este diario en su edidicón del 22 de marzo, el fiscal Moreno se expresó sobre el archivo del expediente de Alejandro Ponce a partir de una resolución judicial de 40 páginas en las que fundamentó su decisión.
Reeditando lo ocurrido en diciembre pasado, cuando sobre la vereda de la Fiscalía de Homicidios se instaló un simbólico cementerio con los nombres de víctimas de violencia institucional, la Multisectorial volvió a ganar la calle Montevideo. Aferradas a una bandera negra con la leyenda "No al archivo" y los apellidos "Moreno y Baclini", familiares de víctimas comenzaron una marcha de 300 metros que las llevó hasta las puerta de la Fiscalía Regional. Codo a codo se alinearon madres, hermanas y parientes de Maximiliano Zamudio, Alejandro Ponce, Carlos Godoy, Jonatan Herrera, Brandon Cardozo, Franco Casco, Jonathan Ojeda y Gerardo "Pichón" Escobar.
Al son de "Fiscalía, fiscalía, no te lo decimos más, el archivo de las causas garantiza impunidad", la manifestación marchó hacia la Fiscalía Regional, en Montevideo al 1900 y enseguida la banda de sonido giró hacia el "yo sabía, yo sabía, que Moreno defiende a la policía".
Las críticas
Tras la marcha todos los testimonios tuvieron un mismo patrón: la crítica a la actuación del fiscal Moreno. Los familiares de Ponce y Zamudio indicaron que habían presentado testigos de las muertes, que el fiscal no los había valorado y que había cerrado las causas con medidas por cumplimentar. Las dos madres denunciaron que Fiscalía "nos investigó a nosotros en lugar de a los sospechosos de los asesinatos".
Alejandro Ponce tenía 23 años y fue encontrado sin vida en el río Paraná, frente a los silos Davis, el 2 de noviembre de 2015. Testigos indicaron que el joven fue empujado al agua por policías del Comando Radioeléctrico el 30 de octubre tras una oscura persecución a partir de un robo. Sin embargo el fiscal Moreno dio otra versión del caso en un escrito que justifica el archivo del expediente. Explicó que tanto Alejandro como su hermano Luis "eran perseguidos por haber cometido un robo y se tiraron al río para huir. Luis pudo salir y fue detenido pero Alejandro se ahogó y fue hallado tres días después".
Ayer Mirta de Ponce dijo: "Mis abogados pidieron una nueva autopsia y Moreno la rechazó. El fiscal se quedó con la primera autopsia que decía que mi hijo se ahogó, pero Alejandro tenía un terrible golpe en la cabeza que se lo hicieron los policías con una piedra. Y eso no es investigó".
A su vez, María Zamudio expresó: "Yo le digo al fiscal Moreno que hay pruebas suficientes para que investigue la muerte de mi hijo. Pero él, en lugar de investigar al asesino nos investigó a nosotros, es un atrevido. Ibamos a preguntarle por la causa y nos trataba mal. Yo le presenté ocho testigos y él nunca me dio una respuesta sobre por qué archivó la causa", indicó la mujer.
"Hasta el momento están archivadas las causas de Zamudio y Ponce. Y tememos que la de Carlos Godoy corra la misma suerte, aunque aún falten resolverse algunas medidas", expresó el abogado Guillermo Campana en nombre de la Multisectorial.
No garantizar impunidad
"Esto lo sabemos por advertencias que nos ha hecho el propio fiscal en reuniones que hemos tenido. Evidentemente la movilización de familiares tiene que ver con que no se garantice impunidad desde el Poder Judicial y la Fiscalía hacia estos casos en los que hay graves deficiencias investigativas que las llevan al fracaso. Tienen que ver con no producir las pruebas en tiempo y forma, no responder a las querellas, no atender a los familiares, no responder a los deberes que tienen los fiscales y fundamentalmente al principio de objetividad que debe regir en toda investigación".
"En todas estas causas tenemos intervenciones a los teléfonos de los familiares y no hay intervenciones sobre los teléfonos de los sospechosos. Esas cosas resultan gravísimas como así también la estigmatización hacia los pibes, ya que se intenta justificar su muerte diciendo que eran delincuentes. Todos los casos se rigen por las mismas lógicas y principalmente al haber personal de fuerzas de seguridad no hay una perspectiva de derechos humanos al momentos de investigar. No se respetan los acuerdos internaciones a los que el Estado argentino debe responder y eso si es responsabilidad de la fiscalía regional", indicó el abogado.
Piden televisar la lectura de un fallo
María Elena es la mamá de Jonathan Herrera, el joven asesinado por balas policiales en enero de 2015 y cuyo caso se está juzgando. Ayer, en la marcha, la mujer recordó que como querellante "presentamos un pedido para que la lectura de la sentencia sea televisada, pero el juez lo rechazó. Ahora volveremos a pedirlo. Juntamos firmas para que se pueda televisar. Queremos que todo el mundo sepa qué es lo que pasó y que la sentencia sea escuchada en vivo. En eso recibimos el apoyo de todas la organizaciones que componen la Multisectorial y también del Sindicato de Prensa. Por más que nos den dos salas en Tribunales nuestras familias no van a entrar, por eso queremos poner una pantalla en las escalinatas de calle Balcarce, para que todo el mundo lo pueda ver y escuchar".
