“Niego rotundamente la imputación. Me he equivocado, evidentemente. Pero no tengo por qué saber si un oficio es apócrifo o no”. Con tono enérgico, el sumariante de la comisaría 9ª detenido por la devolución irregular de vehículos secuestrados en una causa de homicidio se defendió ayer de la grave acusación de la fiscalía, con penas que van de los 2 a los 22 años. El policía negó haber sido parte de la maniobra, pero la jueza Mónica Lamperti evaluó que existen pruebas que lo comprometen y dispuso que siga en prisión preventiva por 30 días. Un hombre y una mujer ligados a la Cooperativa de Pescadores acusados de retirar las evidencias con documentación falsa también fueron implicados, aunque quedaron en libertad bajo fianza.
Ese fue el desenlace de la audiencia imputativa en la que el fiscal de Homicidios Miguel Moreno acusó al policía de haber sido parte de una trama para reintegrar con documentos falsos un auto, dos motos y un jet sky a personas que ni siquiera figuraban en los documentos. Los vehículos habían sido secuestrados en la investigación del asesinato de Luis Alberto Ereñú, de 26 años, ocurrido el 21 de mayo pasado cuando recibió tres balazos dentro del predio de la cooperativa de pescadores ubicada en Frondizi y Nansen, frente al parque Alem.
En ese momento se mencionó que Ereñú había sido herido en medio de una pelea y trasladado hasta el hospital Alberdi en un utilitario. Tras los disparos, un vehículo Audi o BMW salió del lugar detrás de un Renault Kangoo desde la que alguien arrojó lo que parecían ser armas de fuego. Los que iban en el auto de alta gama pararon detrás, levantaron el bulto y huyeron. En ese marco, el fiscal Moreno ordenó entonces el secuestro de una moto Guerrero Queen 110 que estaba en la Cooperativa.
En tanto, en una guardería náutica lindera incautó otra moto Guerrero 110 sin patente, una moto de agua Kawasaki 300 con su trailer y un Renault Kangoo, luego de que el sereno del lugar contara que el día del hecho, alrededor de las 23, un integrante de la Cooperativa con su hijo habían ingresado esos tres vehículos pidiéndole permiso para resguardarlos allí por un tiempo, con la promesa de retirarlos más tarde.
Esos elementos estaban secuestrados en la comisaría 9ª a pedido de la fiscalía, que los consideraba un nexo para llegar a los autores del ataque a Ereñú. Esta semana quedó al descubierto que un sumariante entregó todos esos objetos a supuestos dueños con documentación falsa y un oficio judicial apócrifo con la firma de Moreno que autorizaba la devolución. El sumariante Ariel Darío A. fue detenido el miércoles y ayer quedó acusado como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de depositario judicial, encubrimiento agravado y falsedad ideológica de documento público.
Según planteó el fiscal Moreno, la maniobra incluyó la elaboración de un oficio apócrifo atribuido al Ministerio Público de la Acusación y tres boletos de compraventa falsos que mencionaban como supuesto dueño a un tercero ajeno a la maniobra, en cuyo nombre fueron retirados los vehículos. El pescador Jorge Luis P. y la encargada de la Cooperativa, Melisa T., fueron acusados de haber sido quienes los retiraron, como partícipes necesarios del incumplimiento de los deberes de funcionario y como coautores del encubrimiento y las falsificaciones pero salieron en libertad bajo fianza.
Defensa propia. “Tengo siete años de servicio y una foja limpia”, dijo tras escuchar la imputación el policía A. El sumariante contó que desde hace diez meses trabaja en la comisaría de Arroyito y que el martes a las 20.30 llegó una persona con un oficio judicial reclamando la devolución de las motos y el utilitario. Dijo que él chequeó la documentación, devolvió los originales y autorizó la entrega. Planteó que llevaba 48 horas en la seccional, con 13 detenidos a cargo, y que con esa cantidad de trabajo pudo “haber cometido un error”.
“No tengo por qué poner en duda un oficio si el 90% de los oficios llegan por fax”, replicó. Su abogado, Luis Tomasevich, dijo que a lo sumo debería ser acusado de un incumplimiento culposo.
Pero Moreno contestó que se trató de un “actuar voluntario” del policía, en un horario “poco usual”, a horas de irse de vacaciones y dando curso a un oficio “al portador” en el que no estaba mencionado a quién debía hacerse la devolución. Hizo constar que en el libro de guardia se asentó la entrega en otro horario, al día siguiente. Y que el jefe de la seccional, Danilo Villán (apresado en primer término pero luego desvinculado del hecho) confió que le recomendó al sumariante que consultara en fiscalía la veracidad del oficio, a lo que el empleado le contestó: “No te hagas problema. El doctor Moreno es amigo mío. Yo fui alumno de él. Ya hice la consulta”. Sin embargo, ninguno de los fiscales en turno recibió consulta del policía sobre el oficio en cuestión.
Con estos elementos, la jueza Lurati entendió que existe una probabilidad de autoría. Ante la expectativa de pena y por el rango de funcionario público del acusado dispuso que permanezca en prisión preventiva por un plazo de 30 días mientras se realizan medidas de prueba.
En cuanto a Melisa T. (ligada a una familia de la zona sur de reiterada aparición en crónicas policiales) y al pescador P., la magistrada ordenó la libertad bajo fianzas de 120 mil y 20 mil pesos respectivamente, con la prohibición de acercarse a la Cooperativa de Pescadores y a sus integrantes. Poco más tarde el abogado de ambos, Marcos Cella, sostuvo que sus clientes son inocentes y nada tienen que ver con los hechos que les imputan y mucho menos con el oficio apócrifo con el cual se habrían retirado los vehículos de la seccional.
