Pericias contables sobre la situación patrimonial presentadas por la defensa y la escasa evidencia que respalda imputación por lavado de activos determinaron la libertad bajo fianza de Andrés Bracamonte, que podría concretarse este viernes. Si bien sigue imputado por el lavado de unos 38 millones de pesos que según la acusación obtuvo ilegalmente gracias al poder que ejerció en sus 20 años como líder de la barra de Rosario Central, la Cámara Penal resolvió “Pillín” podrá seguir el proceso en libertad previo pago de tres millones de pesos y cumpliendo ciertas reglas de conducta: no podrá salir del país (entregará su pasaporte en sede judicial) ni concurrir a sede o instalación alguna de la entidad de Arroyito. Tampoco podrá mantener contacto de ningún tipo con directivos, empleados y jugadores auriazules —ni siquiera de las inferiores— ni con dirigentes de sindicatos vinculados a las actividades que desarrolla como empresario.
Pillín está preso desde junio cuando el fiscal Miguel Moreno lo puso en el centro de una investigación que consta de dos instancias. Una referida a la creación de cuatro empresas como supuestas pantallas de blanqueo del patrimonio que forjó con negocios relacionados con Central. La otra tiene que ver con cómo hizo Bracamonte para obtener esas ganancias iniciales, lo que la ley llama “delitos precedentes”: desde el estacionamiento los días de partido hasta la venta de jugadores.
Cuando Bracamonte quedó en prisión preventiva sus defensores Carlos Varela y Adrián Martínez apelaron la medida. En agosto la camarista Georgina Depetris ratificó la postura del fiscal y de la jueza Valeria Pedrana, que había dictado la prisión en junio y luego la ratificó en septiembre. La defensa volvió a apelar y días atrás se hizo una audiencia tras la cual Depetris esta vez se inclinó por liberar al barra.
Primero los defensores apuntaron a demostrar la “adquisición lícita de los bienes cuestionados”. Sobre la compra de departamentos por parte de la ex pareja de Pillín argumentaron que ella continuó un emprendimiento de explotación de taxis que su madre había iniciado mucho tiempo antes. Y presentaron un informe sobre el rendimiento de ese negocio para concluir que la ganancia de los taxis durante nueve años (14.200 dólares anuales por cada vehículo) justificó la compra a su nombre de tres departamentos por un total de 155 mil dólares y de otros bienes que, para el fiscal, habían sido adquiridos por Bracamonte a nombre de su entonces esposa para lavar dinero obtenido ilícitamente.
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Los abogados también alegaron que las empresas de Pillín no son fantasmas. Sobre Vanefra, dedicada a la limpieza y reparaciones de edificios, exhibieron una facturación de 106 millones de pesos desde octubre de 2017 y mencionaron clientes como la Aceitera General Deheza, ACA y Construcciones Sudamericanas. También presentaron documental sobre el movimiento patrimonial de los socios de Pillín.
Los defensores destacaron la falta de evidencia sobre los delitos precedentes que Moreno le atribuye a Pillín. Y resaltaron que nunca intentó fugarse ni entorpecer la investigación.
Al resolver, la camarista recordó la “excepcionalidad de la prisión preventiva”. Acto seguido recordó la audiencia anterior en la que, más allá de avalar la prisión preventiva de Bracamonte, evaluó que la fiscalía debía profundizar la investigación.
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Depetris analizó si Moreno había aportado nueva evidencia para que Pillín siguiera preso. Y lo primero que resaltó es que los delitos precedentes que la ley exige sobre el lavado de activos no fueron acreditados hasta ahora. “La defensa da explicaciones que en principio no fueron desvirtuadas. No hay estudio serio que las contradiga”, dijo sobre el informe de ganancias de los taxis.
Respecto de las acusaciones genéricas sobre aprietes y extorsiones, ese gran secreto a voces atribuible a cualquier barra brava, no alcanzan para demostrar cómo Bracamonte obtuvo el patrimonio que le atribuyen haber lavado. Por el contrario, Depetris recibió la documental presentada por la defensa como una justificación de los ingresos. Y le dio la razón a la defensa “cuando alega que si la facturación de las empresas que se exhibe fuera insuficiente para justificar el nivel de vida del imputado como afirma fiscalía, ello podrá ser un ilícito impositivo, o provendrá de alguna actividad no formal cuya licitud desconocemos. Pero no se compadece con el lavado de activos que implica una facturación mayor a la real para insertar en el mercado bienes mal habidos y darle visos de legalidad”, sostuvo.
Sin embargo, la camarista advirtió otros hechos que “no tienen que ver con el lavado de activos” y que, a su entender, debería investigar. Por ejemplo, la posibilidad de que “Bracamonte y sus socios resulten beneficiados a raíz de la contratación de sus servicios de manera espuria”.
Al respecto mencionó un incidente en la puerta 1 del Gigante de Arroyito “en ocasión del clásico del 15 de septiembre de 2019, tras lo cual se desplaza a la empresa de vigilancia en esa puerta y se la reemplaza por Rufino SAS, de Bracamonte y de Sergio Quiroga”. También sugirió profundizar “si hay coacción para participar de la venta de jugadores”, así como la facturación por servicios cobrados y no prestados a Central.
“No desconoce esta magistrada el funcionamiento de las barras y sus líderes, pero no basta en derecho con el saber popular sino que, a la hora de resolver, las decisiones deben tomarse, sin excepción, en el marco del proceso legal que establece la Constitución”, sostuvo Depetris, para quien “en esta etapa de la investigación las evidencias no alcanzan” para mantener preso a Pillín.
