La idea de que los delitos que se le achacan no van más allá de los límites de la provincia y la probabilidad, aunque no la certeza, de que los haya cometido determinaron que Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte, histórico líder de la barra brava de Central, siga detenido mientras avanza la investigación en su contra por presunto lavado de activos. Así lo dictaminó la jueza de segunda instancia Georgina Depetris luego de una audiencia de apelación en la que consideró que, en sintonía con cuatro resoluciones anteriores de la Cámara Penal, la Justicia provincial es competente para investigar esos delitos y así desbarató uno de los argumentos de la defensa. Pero además sostuvo que lo complejo de la investigación amerita que siga tras las rejas porque su liberación podría entorpecer la pesquisa.
Pillín está detenido desde el pasado 26 de junio acusado de intentar blanquear a través de testaferros y de la creación de empresas con ribetes fraudulentos un patrimonio estimado en algo más de 38 millones de pesos. Para el fiscal Miguel Moreno, Bracamonte se hizo de esos bienes a partir de negocios de todo tipo relacionados con Central, gracias a su lugar en el paraavalanchas: desde cobrar el estacionamiento cerca del estadio los días de partido, participar en la venta de jugadores o crear una empresa para facturarle al club por servicios inexistentes.
En aquella audiencia imputativa los defensores Carlos Varela y Adrián Martínez objetaron tanto la competencia de la Justicia provincial para investigar el lavado de activos como los delitos que se le imputaron. Por un lado rechazaron la teoría de que las cuatro empresas que Bracamonte creó desde 2017 sean pantallas para blanquear ingresos. Y señalaron que no hay pruebas que vayan más allá de rumores sobre esos “delitos precedentes” como amenazas y extorsiones que se le achacan.
La jueza Valeria Pedrana avaló entonces la postura del fiscal y ordenó prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.
Segunda instancia
La medida fue apelada por la defensa y el 14 de agosto se realizó la audiencia de Cámara ante Depetris. La defensa insistió con sus argumentos. Varela mencionó fallos de la Corte Suprema de la Nación para avalar que el lavado de activos es un delito de competencia federal. Y citó un caso actual que se tramita en la ciudad de Santa Fe, donde un fiscal federal reclamó las actuaciones sobre el homicidio del empresario de turismo Hugo Oldani al presumir la existencia de lavado de activos.
Además los defensores cuestionaron la figura legal imputada en virtud de delitos que se achacan entre 2002 y 2019, período en el cual varias leyes sufrieron modificaciones. Martínez dijo que según el principio de la ley penal más benigna debía aplicarse la ley que hasta 2011 no punía el autolavado.
La tercera queja de los defensores refirió a las empresas que para Moreno fueron creadas como pantalla: Vanefra, Ser Eco, Kabrasi y Ruffino. Varela dijo que la fiscalía obturó la posibilidad de demostrar el objeto social porque no fueron citados los socios de Pillín en cada una. Afirmó que es falso que las empresas son inexistentes y dijo encontrarse en un estado de indefensión ya que no saben de qué tienen que defenderse.
En cuanto al uso de testaferros que se le achaca a Pillín, sobre todo en lo referido a su ex esposa y su hijo de 20 años, la defensa afirmó que la mujer tiene taxis desde hace 47 años productor de un emprendimiento familiar de su madre. Que estos autos tienen un rendimiento de 14 mil dólares mensuales y que entre dos chapas juntan unos 400 mil dólares anuales, suficientes para haber comprado tres departamentos que se investigan.
Por último los defensores recordaron que Pillín podría haberse fugado antes de ser aprehendido, pero no lo hizo. Y argumentaron que no existe peligrosidad procesal para mantenerlo en prisión, por lo que pidieron revocar esa medida cautelar.
Anotaciones sugestivas
A su turno el fiscal replicó que los hechos anteriores a 2011 que la defensa cuestionó por su atipicidad (conductas que en el Código Penal no figuran como delictivas) son considerados “delitos precedentes vinculados al lavado posterior”. Pero igual hay delitos posteriores a esa fecha, por lo que “Bracamonte no puede beneficiarse englobando la totalidad de sus conductas en la legislación anterior como pretende la defensa”.
Moreno también volvió a recordar el cheque por más de 600 mil pesos hallado en la casa de “Pillín”, uno de los diez que Central le había entregado a Juan Andrés Bilicic por la venta de Gastón Avila a Boca. Y mencionó otros papeles con anotaciones tales como “Giovani Lo Celso, 350 mil dólares; Marco Ruben, 30 mil pesos, Jeremías Ledesma, 3%”, así como “nombres de jugadores de fútbol de las divisiones inferiores”.
También refirió el pago de Rosario Central a Bracamonte de 21 facturas emitidas por éste como monotributista entre octubre de 2018 y marzo de 2019. Los pagos fueron avalados por Sergio Quiroga, intendente del Gigante de Arroyito y al mismo tiempo socio de Pillín en Ruffino SAS, empresa que según el fiscal ha realizado negocios irregulares con el club. En ese sentido, volvió a mencionar otras irregularidades que a su criterio dan a entender que las empresas de Pillín fueron creadas para darle apariencia lícita a sus ingresos.
Resolución
Depetris resolvió primero sobre la competencia: consideró que “no hay razones para excluir de la Justicia provincial la investigación de hechos que se están anclados en Rosario” y no se advierte cómo podrían afectar intereses nacionales.
Y sobre los delitos imputados, ese “conjunto de maniobras” para darle apariencia lícita a bienes obtenidos de hechos ilícitos, la jueza encontró evidencia suficiente como para que sean investigados como probables. No obstante, sostuvo que durante el avance de la investigación el fiscal “deberá profundizar y estructurar su pesquisa”.
Es que por un lado, según Depetris, hay evidencias sobre las irregularidades alegadas sobre las empresas y la adquisición de bienes por parte de personas (prestanombres) que no pueden demostrar ingresos en tal sentido. Pero por otro, la camarista sostiene que los delitos precedentes que dieron origen a esos bienes (amenazas, extorsiones, maniobras fraudulentas) “deben ser identificados y superar las simples sospechas y conjeturas”.
Pero más allá de esas cuestiones que “deben ser depuradas y confirmadas en la investigación” para Depetris el estado de la causa amerita que Bracamonte siga detenido. “La investigación aparece compjea y es evidente que el imputado cuenta con medios a su alcance para entorpecerla”, sostuvo al confirmar la prisión preventiva.
