El juicio oral y público que se está realizando por los asesinatos de Emanuel Medina y David Campos, ocurrido a media mañana del 23 de junio de 2017 tras una persecución policial, entró ayer en su etapa final. El fiscal de la Unidad de Homicidios Adrián Spelta pidió la pena de prisión perpetua para dos de los policías acusados de gatillar sus armas reglamentarias contra los jóvenes que terminaron acorralados y chocando contra un árbol en la zona sur de la ciudad. Se trata de Alejandro Rubén Bustos y Leonel Emiliano Mendoza, a quienes el representante del Ministerio Público de la Acusación les endilgó los delitos de homicidio calificado por abuso de función o cargo en su carácter de miembros de la fuerza pública y falsedad ideológica agravada por su condición de policías, ambos en concurso real y en carácter de autor.
Asimismo, el fiscal pidió una condena de 8 años de cárcel y 16 años de inhabilitación efectiva y absoluta para el policía Marcelo Adolfo Escalante al hallarlo culpable del delito de abuso de armas calificado por el carácter de funcionario público, encubrimiento doblemente agravado (por la gravedad del delito que se encubre y por ser agente de una fuerza de seguridad), y falsedad ideológica agravada por su carácter de uniformado en concurso real y en carácter de autor.
En un tercer grupo de los imputados, Spelta pidió al tribunal a cargo del juicio que se condene a la pena de 7 años de cárcel e inhabilitación absoluta por 14 años para los policías Hugo Daniel Baroni, Hernán Fernando Varela, Paola Lorena Cano, Leandro Javier Cardozo, Claudio Sebastián Canclini y Aldo Ricardo Benítez por los delitos de encubrimiento doblemente agravado (por la gravedad del delito encubierto y su carácter de funcionarios públicos) y falsedad ideológica por ser miembros de la fuerza de seguridad en concurso real y en carácter de autor.
También solicitó 5 años de cárcel e inhabilitación absoluta por 10 años para las agentes Roxana María Ramírez y Jésica Elisabet Lezcano por los delitos de encubrimiento doblemente agravado (por la gravedad del delito que se encubrió y por el carácter de funcionarias públicas) y falsedad ideológica agravada por ser miembros de la fuerza de seguridad, ambos en concurso real y en carácter de autoras.
El fiscal aunó a los policías Walter Marcelo Ocampo, Alexis Iván Alejandro Tanneur, Alejandro Luis Bolanio, María de los Angeles Ramírez, Daniela Carolina Abraham y Germán Jesús Mareco en otro grupo al que les achacó las figuras de encubrimiento doblemente agravado (por la gravedad del delito encubierto y por ser funcionarios públicos) y falsedad ideológica agravada por su condición de agentes de la fuerza, por lo que solicitó 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación absoluta.
En tanto, en un último grupo figuran los efectivos Pablo César García y Rosa Elena D'Angelo, para quienes Spleta pidió una pena de 4 años de prisión efectiva por encubrimiento doblemente agravado (por el delito encubierto y su función policial) en carácter de autores.
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En una extensa audiencia realizada ayer en el Centro de Justicia Penal ante el tribunal conformado por los jueces María Trinidad Chiabrera, Román Lanzón y Gonzalo López Quintana, la querella que representa a las familias de las víctimas y que está representada por el abogado Santiago Bereciartúa, coincidió con todos los pedidos de la Fiscalía salvo en un caso. Se trata en el referido a las agentes Lezcano y Ramírez, quienes en el marco del proceso y estando en prisión domiciliaria pidieron declarar como arrepentidas y dijeron que fueron obligadas a firmar el acta del procedimiento porque si no perderían sus trabajos y confesaron que no hubo enfrentamiento alguno entre los uniformados y las víctimas sino que éstas fueron acribilladas y luego les plantaron armas. Lo mismo repitieron en sus últimas palabras ante los jueces en el día de ayer y por eso la querella pidió solo 3 años de pena, lo que les permite transitar su cumplimiento en forma condicional.
Los hechos. David Campos, un trabajador metalúrgico de 28 años, y Emanuel Medina, un comerciante de 32, volvían de festejar con amigos un campeonato de Boca Juniors cuando a media mañana del 23 de junio de 2017 varios patrulleros empezaron a perseguirlos porque supuestamente esquivaron un retén policial. Tras casi media hora de corridas por la zona sur, el Volkswagen Up de las víctimas terminó estrellándose contra un árbol en Cazadores y Callao. Los airbags del auto estallaron y enseguida una lluvia de balas policiales cayó sobre los dos amigos. Medina, al volante, recibió nueve balazos; y tres impactos alcanzaron a Campos.
En el marco de la investigación, el fiscal Adrián Spelta dividió el trágico hecho en tres momentos. El primero de ellos tiene que ver con la persecución policial sufrida por las víctimas. En ese sentido dijo que se inició “por pasar un semáforo en rojo” y que terminó con el auto estrellado y rodeado de policías.
El segundo momento fue cuando al menos tres efectivos empezaron a disparar contra los muchachos que habían quedado aprisionados dentro del vehículo que estaba a nombre de Campos. En ese tramo el policía Alejandro Bustos se bajó y disparó por lo menos diez veces en tanto su par, Marcelo Escalante, se arrima y dispara dos veces a la línea baja del auto y Leonel Mendoza le tiró a Campos y le fraccionó la médula.
Finalmente, dijo Spelta en su alegato de apertura del juicio, como semejante ataque “merecía una excusa porque había sido brutal”, se puso en marcha la tercera etapa a la que denominó “protocolo de encubrimiento”: se ocultaron vainas, se plantaron armas en el auto donde estaban los muchachos baleados y se falseó un acta que firmaron los policías de las dos fuerzas que participaron del episodio: el Comando Radioeléctrico y la Policía de Acción Táctica. Y en ese marco, explicó que originalmente “el juicio era para los que tiraron, los demás se invitaron solos”. Y acotó que él “esperaba que colaboraran con la investigación y me defraudaron”.
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No opinó lo mismo el abogado querellante, quien consideró valioso el aporte que hicieron las agentes de la PAT Lezcano y Ramírez cuando quebraron el pacto de silencio que reinaba dentro de la fuerza por todo lo ocurrido y en una declaración que primero hicieron ante sus abogados, Franco Galazzo y Sara Marcos, y luego repitieron ante el tribunal, admitieron que “les dijeron que se callaran o iban a perder el trabajo”, en lo que es una práctica que hace recordar a las peores épocas del país, y que se sentían “angustiadas, que necesitaban declarar más allá de que su jefe les había impuesto una abogada que no las dejaba hablar”, por lo que decidieron cambiar de representantes legales.
Hoy será el turno de los alegatos defensivos de los acusados y finalmente llegará la decisión del tribunal que pondrá un primer punto final a un proceso que los familiares de Medina y Campos siguieron paso a paso en pos de que se haga justicia por lo que desde siempre creyeron fue un hecho de gatillo fácil.
