El primer movimiento de las defensas tras el rechazo de parte del acuerdo abreviado para 14 imputados de la Banda de Los Monos se concretó ayer, cinco días después de que un tribunal declarara nula la parte del convenio que imponía penas atenuadas a tres de esas personas, entre ellas el asumido jefe Ariel Máximo "Guille" Cantero. El equipo de abogados presentó un escrito solicitando que los jueces revean la medida, formuló cuestionamientos técnicos planteando la nulidad de lo resuelto y, en caso de una respuesta negativa, adelantó la apelación ante instancias superiores. Por su parte la fiscalía presentó un escrito con los fundamentos que, según la resolución, faltaban para explicar por qué se atenuó la calificación a esos tres implicados (ver abajo).
El despliegue de presentaciones para intentar mantener el acuerdo entre partes, firmado en favor de 14 acusados de integrar una asociación ilícita, quedó ahora en manos de los jueces Edgardo Fertitta, José Luis Mascali y Julio Kesuani, quienes cuentan con tres días hábiles para expedirse. Si los magistrados no dan marcha atrás y se mantienen en su decisión, el debate seguirá en una audiencia oral ante un tribunal de jueces de segunda instancia.
La semana pasada los jueces de Sentencia decidieron admitir el trámite que impone condenas a 11 personas en el marco de la causa por asociación ilícita (913/12) en la que los implicados aceptaron haber cometido múltiples delitos. Pero a la vez los magistrados declararon nula la parte del acuerdo que imponía penas atenuadas a "Guille" Cantero, Emanuel Chamorro y Leandro Vilchez por el homicidio de Diego "Tarta" Demarre. Consideraron que no había argumentos para sostener el cambio de calificación y de rol del principal implicado, que pasó de ser autor a partícipe secundario y obtuvo en total una pena de 9 años.
Pedido de corrección. Los abogados Carlos Varela, Fausto Yrure y Jorge Bedouret presentaron un escrito técnicamente llamado "revocatoria" o "reposición", que consiste en un pedido al tribunal que dictó la resolución para que los mismos jueces corrijan aspectos que consideran erróneos. Se trata de una herramienta prevista en el Código Procesal Penal de Transición, que rige la causa, y que puede presentarse cuando el tribunal no escuchó a las partes antes de resolver. En este caso, los jueces recibieron y analizaron acuerdos que habían sido admitidos formalmente por dos jueces de Instrucción, Alejandra Rodenas y Luis María Caterina.
La apuesta es que los jueces den marcha atrás con la nulidad y acepten lo rechazado. "Si hubo una ausencia o un error, previo a continuar con el trámite, debieron llamar a la fiscalía a aclarar. La legalidad nos pertenece. La motivación real de esta resolución la sabemos todos pero son verdades intolerables", dijo un enigmático Varela.
Un primer punto del escrito cuestiona la legalidad de la resolución por haber sido adoptada por un tribunal de tres jueces conformado especialmente para resolver este caso. Para las defensas, esa decisión va "en contra de la garantía constitucional del juez natural". Consideran que la selección por sorteo de los jueces que acompañaron a Fertitta se hizo "fuera de todo marco normativo" y cuando no está prevista para juicios escritos o abreviados.
"No hay un solo ejemplo en nuestro país que podamos utilizar para justificar esta situación. Jamás se estableció un tribunal para decidir un juicio escrito y abreviado", señalaron. Y dicen que hubo "dos jueces más «puestos» para este caso" a fin de "darle fuerza" a la decisión y "cubrirla de legalidad".
Otro aspecto que cuestionan es que "hubo un doble examen de admisibilidad" cuando esa tarea ya había sido concretada en la instrucción. Y apuntaron a las facultades de los jueces para revisar los acuerdos, que consideran acotadas. Para los abogados, los jueces "se permitieron hacer una interpretación extensiva y extralegal" cuando "el tribunal no puede inmiscuirse en lo acordado por las partes en cuanto al hecho, la calificación legal y la pena", ya que el Código sólo permite rebajarla pero nunca retocar el acuerdo en perjuicio del acusado.
A su entender, los jueces "se convirtieron en actor y perseguidor penal" avanzando sobre la decisión de los fiscales y afectando la garantía de imparcialidad. "El juez es un sujeto pasivo. Está para decidir. No suple ni complementa al fiscal", consideraron. Y subrayaron que el juez sólo debe fundar sus decisiones "cuando interviene en un conflicto", algo que entienden superado porque hay acuerdo de partes.
En cuanto a la falta de fundamentación advertida en el caso Demarre, los abogados respondieron que no existe un deber de explicación por parte de la fiscalía: "Con el criterio adoptado por el tribunal todos los acuerdos abreviados quedarían sujetos a rechazo". Citaron, con recortes periodísticos incluidos, otros abreviados de impacto público.
En este sentido, pidieron que los tres jueces revisen todos los convenios cerrados tras el nuevo sistema procesal para comparar si en otros casos también hubo "conformación de un tribunal especial, doble análisis de admisión y control de legalidad". Y solicitaron que los jueces revisen cómo procedieron al homologar otros acuerdos, porque sus clientes "quedaron en una situación de desigualdad ante la ley".
Por último consideraron que la declaración de nulidad no corresponde en este caso porque "las nulidades en el proceso son a pedido de parte y siempre que el acto viciado acarrea un perjuicio".
En caso de que el petitorio no prospere, dejaron planteada la apelación y la presentación de recursos ante la Corte Suprema provincial o nacional.
