El fiscal que interviene en el juicio a cinco policías y tres civiles por formar una organización de venta de drogas en Empalme Graneros, captada en escuchas en 2015, solicitó penas que van de los 3 a los 6 años de prisión. Lo hizo al presentar sus alegatos finales en el juicio oral que se desarrolla desde hace tres semanas en los Tribunales Federales de Rosario. "Este personal policial apostado en la calle como autoridad pública se jugaba un concepto feudal del territorio", consideró el fiscal Federico Reynares Solari.
La causa arrancó en 2016 como un desprendimiento de otra pesquisa por narcotráfico al entorno de Rosa Caminos, la hermana del asesinado jefe de la barra de Newell's Roberto "Pimpi" Caminos. En escuchas se detectó que el policía Cristian Fernando Gelabert brindaba protección al negocio de las drogas en barrio Tablada. Pero durante la investigación fue trasladado a la comisaría 20ª de Empalme Graneros y la causa se desdobló al detectarse que efectivos de esa seccional brindaban amparo a narcos y hacían negocios con ellos.
La causa, basada en escuchas elocuentes, tiene la particularidad de que no se secuestró droga en los allanamientos, a excepción de 3 gramos de cocaína. Por eso el fiscal cambió la imputación con la que llegaron los acusados a juicio por integrar una organización de comercio de drogas por el delito de confabulación. Esta figura, con 1 a 6 años de prisión, reprime la actividad de dos o más personas que se asocian para burlar la ley de drogas.
Al presentar sus alegatos finales ante los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Otmar Paulucci, el fiscal repasó una por una las escuchas. "No se les puede atribuir a esas conversaciones sino la interpretación de que se trata de la intervención policial en los puntos de venta de estupefacientes —consideró—. Se trata de algo grave. Lo que se jugaban los policías era un concepto feudal: «En nuestra jurisdicción dominamos nosotros»".
Entre los acusados se encuentran quienes fueran los jefes de la repartición. El comisario Roberto "Queja" Quiroga era el titular y al declarar en la jornada de apertura dijo que lo implicaban por haber iniciado investigaciones que "molestaron" en el barrio y descargó la responsabilidad en Gelabert. El fiscal pidió para él la pena de 6 años de prisión.
La misma pena requirió para el subjefe Jorge "Obra" Ocampo, el único a quien le incautaron droga: 3 gramos de cocaína en su casa de la zona sur. Si bien se abstuvo de declarar, en la instrucción había dicho que él solía llevar a Gelabert en su auto y es explicaría el hallazgo. El fiscal también pidió 6 años de prisión para Gelabert, el policía que fue la punta del ovillo en la causa y a quien comenzaron a seguir por el auto que usaba, sin saber aún que era un empleado de la fuerza de seguridad provincial.
Gelabert, apodado "Gavia" y considerado el "brazo ejecutor", era el policía que estaba en la calle y se encargaba de forzar a pagar un "arreglo" mensual a los dueños de los quioscos de droga. Para la acusación, era quien hablaba con los vendedores y recorría los puestos de venta. Para el policía Gustavo "Empleo" Elizalde pidió 5 años y medio d cárcel y para el uniformado Roberto "Mochila" Villalba, 5 años. A los dos les atribuyen funciones de recaudación.
En cuanto a los civiles acusados de integrar una red de narcomenudeo, la pena más alta requerida fue para Sixto Pérez, apodado "Chaqueño" y señalado con un rol de liderazgo. El fiscal pidió para él una pena de 5 años y 8 meses de prisión que se unificaría en 6 años con una condena anterior. Para Silvia de Morelle, señalada por regentear un búnker de José Ingenieros al 2800, solicitó 3 años y 3 meses de prisión, en tanto que pidió la absolución por la duda de su nieta Micaela Pared.
