La condena a 17 años de prisión dictada a un adolescente por el crimen de Juan Cruz Ibáñez, un estudiante de ingeniería de 23 años apuñalado en un robo a su departamento, comenzó a discutirse este lunes ante la Cámara Penal. En la audiencia de apelación el fiscal Guillermo Corbella pidió que se aumente esa pena a 30 años de prisión y que el acusado no acceda a salidas anticipadas de prisión, mientras que la defensa del acusado solicitó que se tengan en cuenta atenuantes y el monto de la sentencia se rebaje. El debate continuará la próxima semana.
“Seguimos como en estos cuatro años de la falta de Juan teniendo esperanza en la Justicia. Esperemos que estos tres jueces se pongan un poco en la piel de nosotros y que su sentencia sea ejemplificadora como lo fue la vida de Juan, que nos regaló 23 años de dulzura, de buena gente y buena madera”, dijo al finalizar el trámite Sonia, la mamá del joven asesinado, quien presenció el debate en la sala junto al padre y un hermano del muchacho. Por la privacidad que requieren las causas con imputados menores de edad, el tribunal sólo permitió la presencia de los familiares más cercanos.
En la audiencia se discutió la condena que en marzo pasado dictó la jueza de Menores Dolores Aguirre Guarrochena a Lucas Ezequiel Ojeda, quien era menor de edad al momento del crimen y se encuentra preso en la cárcel de Piñero desde que cumplió 18 años. En una instancia anterior, otra jueza que investigó el caso lo había declarado penalmente responsable de un homicidio criminis causa, es decir, cometido para garantizar un robo al departamento.
Este año la jueza fijó el monto de la pena y además solicitó al Servicio Penitenciario que le retiren la categoría de alto perfil, que comience a cursar desde 5º grado de la escuela primaria, que reciba asistencia psicológica y que realice talleres de música y escritura. Por el régimen especial de menores, la condena debe ser inferior a la prevista para mayores de edad. Para los mayores de 18 años el Código Penal prevé para este delito la pena de prisión perpetua, cuya aplicación a menores se considera inconstitucional.
Juan Cruz Ibáñez tenía 23 años, era oriundo de la localidad de Murphy y le restaban dos materias para recibirse de ingeniero en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), trabajaba en el desarrollo de proyectos especiales para una empresa de investigación tecnológica y vivía en un departamento del 2º piso de Zeballos 2131. La madrugada del 29 de junio de 2018, mientras dormía, un adolescente de 17 años escaló hasta la propiedad por el frente del edificio y lo atacó con un arma blanca. Le provocó 26 heridas mortales. Escapó en un taxi con numerosas pertenencias de la víctima hasta una casa de la zona sur, en Chacabuco al 4200, que compartía con su hermana.
El testimonio del taxista, quien al enterarse del crimen se presentó a declarar, llevó a los investigadores hasta la casa del sospechoso. Fue detenido el 3 de julio cuando iba en un colectivo de la comunidad Qom hacia la provincia de Chaco, donde tiene familiares. Le había dicho a su padre que “tenía miedo y estaba arrepentido”. Tres años y medio después de aquel hecho fue condenado. La jueza además redactó dos cartas: una para el condenado y otra para la familia de la víctima.
Ese fallo fue apelado tanto por el fiscal Corbella como por la defensora pública Mariana Caratozzolo, quienes comenzaron este lunes a expresar sus planteos ante los jueces Alfredo Ivaldi Artacho, Guillermo Llaudet y Carolina Hernández. Primero en exponer, el fiscal pidió que Ojeda sea condenado a 30 años de prisión o, subsidiariamente, a 25 años. La condena comprende además del crimen otros siete delitos como una amenaza, un intento de robo con arma y tres robos de motos.
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Según el fiscal, al aplicar 17 años la jueza no le impuso el máximo de la pena de homicidio calificado que puede recibir un menor. Esto se calcula según la escala prevista para el mismo delito cuando se comete en grado de tentativa: de 10 a 15 años. Es el criterio que fijó la Corte Suprema provincial al revisar el femicidio de Chiara Páez en febrero. Para Corbella, de aplicarse ese máximo y sumar las penas por los siete delitos sería factible imponer 30 años al joven. La familia de Ibáñez participó de numerosas marchas y manifestaciones solicitando una alta pena por el caso.
También cuestionó la mecánica del crimen que la jueza consideró probada en el fallo, donde planteó que tras el ingreso del Ojeda al departamento Ibáñez despertó y, ante esa circunstancia imprevista, el agresor fue hasta la cocina, buscó un cuchillo y lo apuñaló. El fiscal en cambio postula la reconstrucción realizada en un pronunciamiento anterior por otros jueces de la Cámara Penal, quienes postularon que el estudiante universitario estaba durmiendo cuando Ojeda se acercó a la cama para atacarlo, Ibáñez despertó asustado, se puso de pie y al darse vuelta comenzó a recibir las puñaladas.
Por último solicitó que, ante la naturaleza del delito, Ojeda no tenga acceso a la libertad condicional, las salidas transitorias y la libertad asistida. Caratozzolo, a su turno, cuestionó el monto de la pena, resaltó circunstancias atenuantes que no fueron tenidas en cuenta y pidió que se dicte una nueva sentencia con una pena más baja. La semana próxima habrá un segundo encuentro para las réplicas entre las partes y luego el tribunal tomará un plazo para deliberar y producir su veredicto.
