El rosarino Mario Roberto Segovia es juzgado como líder de una banda integrada por familiares que ensamblaba armas y explosivos que ofrecía a criminales de Rosario
Mario Roberto Segovia, el "Rey de la Efedrina", podría continuar en prisión por importar partes de armas y explosivos, ensamblarlos y venderlos
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Cuando falta poco más de un año para que cumpla su condena por el delito que le valió el mote de “Rey de la Efedrina”, el rosarino Mario Roberto Segovia enfrenta una pena de 15 años de prisión por otro emprendimiento desde la cárcel de Ezeiza: contrabandear partes de poderosas armas de fuego y explosivos, ensamblarlos y ofrecerlos a grupo criminales que operan en Rosario.
La operatoria fue descripta por el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, al formular el pedido de pena ante el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.
Iglesias pidió además condenas para otros cuatro acusados como miembros de la organización liderada por Segovia, casi todos familiares. Para Hernán Jesús Segovia, expolicía de 47 años y hermano del sindicado líder, solicitó diez años de cárcel y una multa de 50 millones de pesos. La misma pena, con una multa de 30 millones, pidió para Gonzalo Rodrigo Ortega, cuñado de 39 años.
Otro de los acusados es Matías, de 25 años e hijo del Rey de la Efedrina, para quien la Fiscalía solicitó cinco años y medio de cárcel y una multa de 20 millones de pesos. Finalmente, pidió cinco años de cárcel y multa de 10 millones para Ezequiel Hernán Bergara, un hombre de 34 años acusado de colaborar con la organización desde un lugar de menor responsabilidad.
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Además de las imputaciones como miembros de una asociación ilícita, los cinco están también acusados como coautores de “contrabando de importación de un fusil semiautomático, sin marca ni numeración, calibre 5,56 milímetros del tipo m4 (Plataforma AR15), tenencia de armas de fuego y materiales explosivos”. También los acusan de “fabricación ilegal de armas de fuego de manera habitual”.
Pero el Rey de la Efedrina y su hijo Matías comparten además acusaciones por el delito de “acceso sin autorización a correos electrónicos de una agencia estatal”. Ese delito informático fue clave en la conformación de la actividad porque fue mediante el hackeo de cuentas de mail de dos docentes formoseños los Segovia pudieron hacerse pasar por funcionarios de gobierno para relacionarse con empresas extranjeras que venden armas y explosivos a agencias estatales.
La Procunar situó el funcionamiento de la organización entre septiembre de 2016 y el 13 de julio de 2021, cuando se hicieron los allanamientos en cuyo marco cayeron los cuatro miembros de la banda que operan en la calle con las órdenes de Segovia. El juicio contra la banda comenzó en julio pasado y la próxima audiencia está prevista para el próximo martes 18 de febrero a las 12.30.
La investigación sobre este emprendimiento de Segovia comenzó en 2017 con el hallazgo de una tablet en un baño del penal de Ezeiza que resultó contener información al respecto. Por ejemplo, un año antes, se había detectado en el aeropuerto de la ciudad paraguaya de Luque una encomienda con dispositivos para fabricar explosivos ocultos en un sobre. El paquete había sido remitido por una empresa canadiense y la compra había sido realizada por correo electrónico, desde cuentas pertenecientes a docentes formoseños.
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Ese paquete, describió el fiscal, tenía un destinatario en Paraguay que se lo entregaría a una azafata de una empresa de ómnibus que lo ingresaría a la Argentina para dárselo a una persona que solía visitar a Segovia en la cárcel. Para conocer esas intenciones hubo que detectar previamente quiénes estaban usando los mails de los docentes y mediante la creación de cuentas espejo la Policía Federal encontró al usuario en una estación de servicios de Rosario; era Matías Segovia.
Iglesias les dijo a los jueces que en los mails interceptados la banda buscaba información sobre cómo desactivar artefactos explosivos, pero “quien tiene los conocimientos necesarios para desactivarlos, los tiene también para activarlos”, consideró.
La investigación avanzó sobre el resto de la banda con inteligencia criminal que revisaba diariamente la basura domiciliaria que arrojaban. Así se hallaron trozos de cable similares a los que se usan para fabricar explosivos, así como envoltorios de encomiendas internacionales destinadas, por ejemplo, a Bergara.
Así quedaron bajo la lupa otros sospechosos bajo alerta aduanero: la Aduana debía avisar a los investigadores cuando detectara encomiendas a nombre de esas personas. Eso permitió abrir un paquete e identificar distintas piezas que luego fueron encontradas ensambladas en un fusil semiautomático AR15 que fue secuestrado en poder de Hernán Segovia.
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El seguimiento de otra encomienda permitió verificar cómo se importaron silenciadores que habían ingresado al país como componentes. También se importaron partes sin terminar para ensamblar fusiles. En esa importación se supo que una empresa de correo privado les había rechazado una encomienda porque contenía cargadores, cuyo envío está prohibido.
Durante la audiencia la fiscalía reprodujo audios de miembros de la organización en los cuales se refieren a “escobas” para hablar de fusiles y se reprodujo un diálogo de Mario Segovia con un preso nigeriano al que consultó por la compra en Etiopía de fusiles AK47.
Los fiscales repasaron todo el material secuestrado en los allanamientos: un fusil ensamblado, municiones, explosivos (entre éstos 120 gramos de TNT) un reloj para usar como detonador, chalecos antibala, instrucciones para elaborar estupefacientes, manuales para armar fusiles AR15 y AK47, y guías para francotiradores urbanos. Además criticaron que Segovia “aparezca articulando todas las operaciones desde un penal de máxima seguridad”.
Durante su alegato Iglesias hizo un especial hincapié en el “contexto del crecimiento de la violencia narcocriminal que viene asolando a Rosario desde 2013”. Comparó tasas de homicidio y presentó los números de la violencia letal con armas de fuego. También remarcó las relaciones entre los principales jefes de las organizaciones (Ariel “Guille” Cantero, Esteban Alvarado, Julio “Peruano” Rodríguez Granthon) que “han convivido intramuros con Segovia” y destacó la necesidad de esas bandas de abastecerse de poderosas armas de fuego.
Para Iglesias, “de haber continuado esta operatoria, en Rosario se habría desatado una carrera armamentística entre las distintas bandas criminales con el consecuente agravamiento de la situación de seguridad”. Sin embargo, las referencias a la narcocriminalidad rosarina no fueron más allá del contexto ya que no se expuso evidencia sobre qué destino pudieron tener las armas ofrecidas por Segovia a esas bandas rosarinas.