Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, pidieron la elevación a juicio oral y público contra el ex fiscal regional Patricio Serjal. Lo acusan de haber organizado una asociación ilícita y por hechos de corrupción en el marco de una estructura ilegal dedicada al juego clandestino, por lo cual piden una condena de 12 años de prisión efectiva y la inhabilitación perpetua. Además solicitan que el juicio se realice en paralelo con el que juzgará a Guille Cantero por el ataque al casino por tratarse de dos causas relacionadas.
La investigación que llevó a la imputación de Serjal, y también del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y del empleado judicial Nelson Ugolini, nació de la causa que investigaba el ataque al casino ocurrido en enero de 2020 y por el cual resultó asesinado el gerente bancario Enrique Encino. En ese marco fue que comenzó a ventilarse cómo desde el interior del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se filtraba información a una red de juego clandestino.
“Entendemos que hay evidencia para sostener que vamos a obtener una condena en función de la acusación que hicimos”, explicó el fiscal Schiappa Pietra en diálogo con LT8. “Un grupo de personas con apoyo político permitieron el funcionamiento de una red de explotaciones de juego ilegal en la provincia, comandada y dirigida en cuestiones comerciales y operativas por (Leonardo) Peiti”, consideró el fiscal respecto de este empresario del juego que era el nexo con los fiscales acusados.
Sobre el rol de Serjal explicó: “Tenía por misión permitir el funcionamiento de esa organización, favorecerlos a partir de entrega de información sensible desde dentro de la fiscalía”. “Daban cuenta de cuándo había allanamientos y cuándo había causas que podían comprometerlos de alguna forma. Trataban de intervenir para que no se avanzara o que no prosperen esas investigaciones”, agregó.
El fiscal Schiappa Pietra avisó que pedirán que el juicio oral se realice en conjunto al juicio por el ataque al casino. Por ese hecho la fiscalía pidió recientemente la pena de 22 años para Ariel Máximo “Guille” Cantero, el líder de Los Monos acusado de haber ordenado el ataque al casino en el que fue asesinado Enrique Encino. Junto a Cantero serán juzgados otras tres personas acusadas de ocupar distintos roles en la planificación y ejecución al atentado a la casa de juegos.
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“Es una causa que primero se inicia con el atentado al casino City Center. Es una derivación de esa investigación por lo cual queremos que se trate todo en el mismo juicio. Las pruebas son en común”, explicó Schiappa Pietra. A su vez destacó lo que significa llevar a un mismo juicio a un fiscal regional y a líder de la principal banda narcocriminal de la región. “Se relacionan los fenómenos de criminalidad compleja y organizada con la corrupción y las problemáticas del crimen violento más cotidiano. Esta causa deja eso muy en evidencia”, sostuvo el fiscal.
La red de juego clandestino
A Serjal lo acusaron por los delitos de organizador de una asociación ilícita, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público, peculado de servicios y omisión de persecución. Por ese cúmulo de delitos la fiscalía pidió la pena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos y una multa de 90 mil pesos.
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Para el empleado del MPA Nelson Ugolini la pena solicitada es de 5 años de prisión efectiva y la inhabilitación por diez años para ocupar un cargo público, además de la multa económica de 90 mil pesos. Lo acusan de ser miembro de la asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.
Por esta misma causa ya habían sido condenados el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, el ex comisario Alejandro Torrisi y el empresario Leonardo Peiti. En septiembre pasado Ponce Asahad, bajo la figura de colaborador, fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua. Luego, en diciembre, Peiti también acordó en un abreviado como colaborador y la condena de seis años fue reducida a tres años de cumplimento efectivo. Torrisi también fue condenado, pero en 2020, a tres años de prisión condicional.
