En total, hay siete personas vinculadas al legajo judicial, que fue abierto tras descubrirse un servicio ilegal a domicilio de encomiendas internacionales
Virginia Benedetto / La Capital
Avanza la investigación penal por contrabando contra tres empleados de la sede central del Correo Argentino de Rosario.
El juez federal de Garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, formalizó la investigación penal por contrabando sobre tres empleados de la sede central del Correo Argentino de Rosario que habían montado un servicio de entrega ilegal a domicilio de encomiendas internacionales, evadiendo los controles aduaneros oficiales y el pago de tributos por parte de los destinatarios.
Otros tres ciudadanos que receptaban los productos, principalmente juguetes e insumos de odontología y estética, también quedaron vinculados al legajo judicial cuya principal imputación es el contrabando agravado. Se ordenó la prisión preventiva domiciliara para tres de los principales involucrados en las maniobras. Cobraban montos que llegaban hasta entre 30 y 50 dólares el kilo de la encomienda, la mitad de los tributos oficiales.
De acuerdo a la imputación formalizada por la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal a Rosario, a cargo de Javier Arzubi Calvo, con la intervención en la investigación de la fiscal Soledad García y María Virginia Sosa, a las siete personas involucradas en las maniobras se les imputó el delito de contrabando agravado.
Al presentar la investigación, la fiscal García describió el encuadre legal, las atribuciones y la evidencia que sustentó la hipótesis oficial del caso. Recordó que las maniobras ocurrieron al menos desde 1° de enero de 2023 y que la investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que advirtió inconsistencias respecto de encomiendas internacionales que no habían sido entregadas.
Principalmente, la fiscal exhibió chats y conversaciones entre los imputados que demostraron el rol que tenía cada uno. En esos intercambios explícitos, se confirmó la logística confeccionada para tal fin, las transferencias de dinero en pesos y dólares entre billeteras virtuales de los imputados producto de la ganancia por el servicio ilegal, referencias explícitas a las tarifas y el cobro a los destinatarios, además de las zonas para el despacho.
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Los involucrados son Hugo L. (cesanteado desde abril 2023), Eduardo C., Maia L. y Juan Pablo A., funcionarios públicos del área Encomiendas Internacionales de la sede central del Correo Argentino en Rosario (Córdoba 721) quienes, según la imputación, “idearon un sistema paralelo a los mecanismos establecidos legalmente para el ingreso de mercaderías extranjeras al país”.
El servicio ilegal montado por los involucrados consistía en sustraer las encomiendas que llegaban desde el Centro Postal Internacional (CPI) del Correo Argentino, ubicado en la localidad bonaerense de Monte Grande, para entregarlas directamente a los domicilios particulares previo cobro de una tarifa que, según indicó la Fiscalía, estaba estipulada en 30 dólares el kilo, lo que representaba el 50% de los tributos que debían pagar los destinatarios. Maia L. y Juan Pablo A. intercambiaron datos donde hacían referencia a cobrar 4.500 dólares cada uno.
En esta etapa preliminar, la investigación determinó que luego de ser sustraídos, los paquetes, en su mayoría, iban a los domicilios de Juan Pablo G. (San Martin al 400 de Rosario), y a Sarmiento al 300 de Arroyo seco, de Javier J., y de otras personas que aún no fueron identificadas.
En el período señalado fueron un total de 486 encomiendas manipuladas, en su mayoría que contenían juguetes coleccionables, CDS, vinilos, insumos de odontología y estética, por un valor de la mercadería de 155.000 dólares. Todo ello sin el debido control aduanero ni pago de tributo correspondientes a las mercaderías ingresadas al país mediante el Régimen de Envíos Postales Internacionales.
En el caso de Hugo L. está señalado como diseñador del sistema y el encargado del mismo hasta su retiro en abril de 2023. Eduardo C., como jefe del Nodo Rosario, se le endilga no sólo no ejercer el debido control sobre sus subordinados, sino participar de las maniobras con el cobro de la tarifa a destinatarios o en la entrega de paquetes.
Maia L. era la encargada de hablar con los destinatarios, cobrar el dinero y coordinar la entrega de las encomiendas, ya que por su posición laboral tenía acceso directo a manipular las bolsas con envíos que llegaban desde el CPI de Monte Grande. Su compañero Juan Pablo A. era colaborador y estaba en complicidad directa con L. ya que ocupaban el mismo espacio laboral.
En el caso de Juan Pablo G., permitió el ingreso de 486 encomiendas sin el pago de tributos. Las mismas fueron ingresadas a nombre de Maria Eugenia A. (esposa), Mariano C., Daniela H. y Tomás A., que eran recibidas en su domicilio de calle San Martin al 400.
A Maria Eugenia A. se le atribuye ser partícipe secundaria de la maniobra, al haber colaborado con su esposo a los fines de poder continuar con el ingreso de la mercadería sin el pago de los tributos, específicamente recibiendo paquetes en Sarmiento al 300 de Arroyo Seco.
Al momento de solicitar las medidas cautelares, la fiscal requirió para Hugo L., Eduardo C., Maia L. la prisión preventiva domiciliaria por el plazo de 60 días en virtud de la gravedad de los hechos. “Entendemos que este hecho es grave, no admite condena condicional y fue realizado por funcionarios públicos. Ellos tenían un deber doble de legalidad y transparencia. No sólo se violó la ley sino la confianza pública. Hay una denuncia en Arca con referencias a 5.000 encomiendas que no se sabe a quién fueron entregadas y no podemos saber qué tenían en su interior. Además, no se pagó el tributo correspondiente que impide el control del Estado”, argumentó.
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En relación a Javier J. deberá cumplir una caución real por el monto de 15.000 dólares y se le impidió salir del país por 60 días. Mientras la caución se hace efectiva, debe firmar periódicamente en la sede de la Policía Argentina (PFA). Con respecto a Juan Pablo G. y a María Eugenia A. (ambos en libertad), se requirió que fijen domicilio, promesa de someterse al proceso y se les prohibió la salida del país.
Por su parte, se desarrollará otra audiencia para resolver la situación de Juan Pablo A., el cuarto empleado involucrado en las maniobras. Llegó 15 minutos más tarde de la hora fijada para el inicio de la audiencia, por lo que el juez decidió reprogramar otra citación para formalizar la investigación en su contra.
La hipótesis surgió tras el hallazgo de armas de guerra en una casa quinta de Roldán vinculada a la banda Los Menores. El ministro Pablo Cococcioni confirmó que, a partir del informe, se reforzó la custodia y se modificaron los traslados del mandatario
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