Foto: La Capital / Archivo.
Patricio Serjal ingresa a declarar en el Centro de Justicia Penal. Tras ese trámite judicial quedó detenido. Eso fue el 11 de agosto de 2020.
El ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, imputado por proteger a una red de juego clandestino, quedó en libertad por decisión del camarista Guillermo Llaudet. La decisión judicial revoca la prisión domiciliaria del ex funcionario judicial y le impone una caución de $10 millones. Además, no podrá salir del país ni de la ciudad mientras dure el proceso en su contra.
El abogado defensor de Serjal, Ignacio Carbone, adelantó este jueves que pedirá “la nulidad de todas las actuaciones hasta ahora”, ratificó la inocencia de su cliente y aseguró que tiene, debido a la precariedad de su economía, que tiene problemas para afrontar el pago requerido por la justicia para que recupere la libertad.
En contacto con el programa “El primero de la mañana” de LT8, Carbone señaló que en estas horas el entorno del ex fiscal está analizando de qué manera afronta la caución real que le impusieron de $10 millones. “(Serjal) No tiene dinero. La Fiscalía avanzó en la investigación de cuentas en Uruguay y en otros lugares, con resultados negativos. No tiene un buen pasar económico. Seguramente algún familiar o amigo podrán afrontar la fianza con alguna propiedad que todavía no está”, subrayó.
Consultado sobre los doce años de prisión que solicitó la Fiscalía para Serjal, Carbone respondió: “La respuesta formal que hicimos fueron varios planteos, pero uno de los más fuertes es que este proceso estuvo viciado”, y adelantó que planteará la nulidad de todo lo actuado hasta ahora.
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“Entendemos que la evidencia que tiene la Fiscalía no es suficiente para acreditar lo que pretende acreditar”, comentó el abogado, quien insistió en la inocencia de su cliente. Así, reiteró que el ex fiscal “no recibió coimas” para permitir el juego ilegal, y apuntó contra los “arrepentidos” que acusan a Serjal, el también ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y el empresario Leonardo Peiti.
“Serjal no cobró coima, esa es una hipótesis de trabajo de la Fiscalía que fue instalada mediáticamente. Son meras asociaciones y dichos. Las personas que involucraron a Serjal son arrepentidos y ellos son los principales responsables en lo que llamamos prueba dura u objetiva, pero no existe ningún elemento para acreditar la hipótesis de la Fiscalía para vincular a Serjal”, expresó Carbone.
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Y en ese sentido, agregó: “No hay ningún mensaje de Serjal (haciendo referencia al cobro de coimas). Lo que dijo Ponce es una evidencia y debe confrontarse con otras cuestiones. Fueron dichos de una persona detenida, que después fue arrepentida y beneficiada claramente con un juicio abreviado con cuestiones que no se pueden entender. Hay que ver qué credibilidad le da un juez a esos dichos”.
Serjal fue detenido el 11 de agosto de 2020 y el 5 de enero pasado los fiscales Edery y Schiappa Pietra presentaron su acusación. Solicitaron que sea condenado a 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de una asociación ilícita cuya misión era favorecer a la banda con la “entrega de información sensible desde dentro de la Fiscalía”.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada solicitaron que Serjal vaya a un mismo juicio con Ariel “Guille” Cantero por el ataque al casino City Center que se concretó el 11 de enero de 2020, con balazos que le costaron la vida a un apostador. La red de juego bajo amparo judicial y el crimen del gerente bancario Enrique Encino quedaron conectados por una misma trama y comparten pruebas. Los fiscales solicitaron 5 años de prisión para el empleado judicial Nelson Ugolini, acusado de facilitar información desde la Fiscalía sobre investigaciones en curso.
En la causa también fue imputado en el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, condenado en septiembre a seis años de prisión efectiva que se redujo a la mitad. Tras la firma del procedimiento abreviado recuperó la libertad luego de pasar más de un año preso. El otro condenado es el empresario Leonardo Peiti, quien la semana pasada obtuvo la libertad condicional dos meses después de ser condenado a una pena de seis años reducida a tres por sus aportes a la causa por corrupción y juego clandestino.
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