El senador por San Lorenzo es acusado de liderar una asociación ilícita de juego clandestino con “protección política y judicial”
La audiencia de imputación contra el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri pasó a cuarto intermedio hasta este miércoles a las 9. El legislador está acusado de haber tomado parte en calidad de jefe en una asociación ilícita dedicada al juego clandestino, organización que contó con “protección política y judicial” y que lleva cuatro años bajo la mirada de la Justicia.
En una audiencia que se prolongó por cinco horas en el Centro de Justicia Penal de Rosario, los fiscales Marisol Fabbro, María de los Ángeles Granato y José Luis Caterina basaron su acusación en la extracción forense de llamadas (para la recuperación y análisis de los datos de llamadas de teléfonos celulares) para ligar a Traferri con el exfiscal Gustavo Ponce Asahad (condenado a 3 años de prisión efectiva por corrupción.) y el empresario Leonardo Peiti (sentenciado como el zar del juego clandestino en la provincia), además de lograr la conexión entre los otros implicados en la asociación ilícita.
Los fiscales ubicaron a Traferri en un mismo rango dentro de una organización ilícita con Peiti, que en 2021 recibió 6 años de prisión (reducidos a 3 por sus aportes a la causa) por manejar una asociación ilegal en distintos sitios de la provincia, pagar sobornos y lavar dinero. También indicaron que contaba con protección judicial del destituido fiscal regional Patricio Serjal —imputado en libertad y con un pedido de 12 años de prisión— y del fiscal Gustavo Ponce Asahad, condenado a 3 años de prisión efectiva por corrupción.
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Dentro de ese armado, Traferri fue acusado como jefe de una asociación ilícita y por el delito de organización y explotación de juegos de azar sin contar con la debida autorización legal en calidad de partícipe primario. A esto se sumó un hecho de tráfico de influencias hacia el Ministerio de Seguridad y otros cuatro ante funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Acusación. Por último, le endilgaron los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública, cohecho pasivo en calidad de autor y peculado de caudales públicos. La imputación quedó en consideración de la jueza, quien finalmente deberá decidir si le da curso.
De acuerdo con el planteo ante la jueza Eleonora Verón, Traferri utilizó sus influencias como senador provincial y avanzó en el armado de una comisión bicameral para “mantener bajo su órbita el control de la información y la gestión del juego”, además de transferirle a Peiti una serie de acciones de empresas.
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La audiencia se desarrolló en la tarde de este martes luego de que Traferri renunciara a sus fueros, lo que permitió avanzar con el proceso judicial. El legislador, que en los años previos había rehusado presentarse, solicitó someterse a esta instancia para “ejercer su defensa y demostrar su inocencia”, tal como plantearon sus abogados, Oscar Romera y Juan Murray. Previamente los letrados recusaron a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, quienes habían llevado adelante la investigación en primer término.
En diciembre de 2020 una mayoría de senadores peronistas y radicales había rechazado el pedido de los fiscales Schiappa Pietra y Edery para quitarle la inmunidad a Traferri. Luego los fiscales presentaron un recurso de inconstitucionalidad que desembocó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con distintas resoluciones. Finalmente la general María Cecilia Vranicich y el fiscal regional Matías Merlo los reemplazaron por otro equipo de fiscales que interviene en la audiencia de este martes.
