Nueva orden de pericia psiquiátrica para un policía acusado de homicidio

El 23 de junio de 2017, David Campos, de 28 años, y Emanuel Medina, de 32, se estrellaron contra un árbol en Callao al 5700 a bordo de un Volkswagen Up luego de que una camioneta policial los embistiera desde atrás en el final de una persecución por el sur de la ciudad. El vehículo de los jóvenes fue rodeado rápidamente por policías que dispararon a mansalva sin que los muchachos opusieran resistencia. Medina recibió nueve balazos y Campos cinco.

En principio se dijo que las víctimas habían evadido un control y por eso los persiguieron. Pero vecinos y familiares sostienen que fue un caso de gatillo fácil, que se adulteró la escena y que les plantaron un arma dentro del auto para inculparlos.

Por el crimen hay 18 policías del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT) imputados por "encubrimiento doblemente agravado por la gravedad del hecho, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica". En tanto se determinó que las balas que mataron a Campos y Medina salieron de las armas de Alejandro Rubén Bustos y Leonel Emiliano Mendoza, imputados de "homicidio calificado".

Internación

En marzo de 2018, en una audiencia en la que se resolvió dejar en libertad a tres de los policías acusados por encubrimiento, el fiscal Adrián Spelta y las querellantes Marcia López Martín, Luciana Torres y María Eugenia Mistura, fueron notificados de que Bustos había sido trasladado desde la comisaría 10ª, adonde cumplía prisión preventiva, a una clínica psiquiátrica privada. El argumento del traslado inconsulto fue que había sufrido un "brote".

Esa situación se extendió hasta mayo cuando la jueza Paula Alvarez, en base al informe de un médico judicial, ordenó que Bustos debía ser trasladado a la cárcel de Piñero. Esa audiencia fue la primera en la que se ordenó la constitución de una junta médica para determinar el estado de salud mental de Bustos. Pero nunca se realizó.

En agosto ocurrió lo mismo. La defensa de Bustos, representada por Juan Ubiedo, presentó un hábeas corpus que fue resuelto por el juez José Luis Suárez sin que se realizara una audiencia y que terminó con el policía en el Hospital Agudo Avila. Desde esa institución pidieron que fuera derivado a una clínica privada, ya que el policía tiene obra social.

El derrotero continuó. Ni la Fiscalía ni la querella habían sido notificados de esos movimientos y recién lo supieron en octubre, cuando la defensa presentó otro habeas corpus porque la clínica psiquiátrica privada en la que estaba alojado cerró.

Otra vez

Ante el reclamo de las partes por la falta de notificación, el juez Alejandro Negroni dijo que no era él quien debía dirimir ese conflicto. Lo que sí ordenó nuevamente fue la constitución de la junta médica que tampoco se concretó.

Después de esa audiencia Bustos se entrevistó con un médico judicial que dictaminó que estaba en condiciones de ir a una cárcel común. Con ese informe la Fiscalía y la querella pidieron una nueva audiencia para reclamar que fuera trasladado a Piñero. Pero el juez Carlos Leiva resolvió no tratar el informe médico y volvió a pedir que se realice la junta médica. Esa resolución fue apelada y en noviembre revocada por la camarista Carolina Hernández, que ordenó que vuelva a primera instancia y que se trate el informe del médico y se constituya la junta.

La audiencia ordenada por Hernández se realizó el 3 de diciembre presidida por el juez Héctor Núñez Cartelle. "Sin que hubiera ninguna posición en contrario, el juez resolvió no tener en cuenta el informe del médico argumentando que tenía sólo una hoja. Consideramos que fue una resolución arbitraria y sin fundamentos y por eso la apelamos", explicó la querellante López Martín.

De acuerdo con la letrada, los médicos nunca indicaron cuánto tiempo debía estar internado Bustos ni qué tratamiento debía recibir, lo que es contrario a la ley de salud mental.

El lunes último se realizó la audiencia de Cámara en la que, además, se volvió a reclamar que la junta médica se realice y se traslade a Bustos a una prisión. A ello se sumó el fiscal Spelta, quien remarcó que la clínica en la que el policía está internado emitió un informe que da cuenta de que goza de buena salud mental.

La camarista Carolina Hernández, rechazó la apelación pero ordenó, una vez más, fijar una fecha para que una junta médica se expida. "Bustos fue convocado cuatro veces para realizar esa pericia y nunca se presentó", remarcó López Martín.