Detenido en el penal federal de Ezeiza y sindicado como segunda línea de la banda de Los Monos, Cristián Nicolás “Pupito” Avalle fue imputado con otras seis personas como presuntos miembros de un grupo delictivo que este mes ideó y ejecutó entre siete y nueve ataques armados e incendiarios contra el Sindicato de la Carne y distintos frigoríficos del sur rosarino y Villa Gobernador Gálvez. Para el fiscal Franco Carbone las balaceras tuvieron el objeto de intimidar al titular del gremio, José Alberto Fantini, y a otras personas que forman parte de esa industria. En ese marco no descartó que detrás de las intimidaciones haya una facción de la barra de Newell's habida cuenta de que el principal acusado está detenido en un pabellón con Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos “Toro” Escobar, investigados como quienes gerenciarían desde la cárcel negocios ligados a la hinchada.
En una audiencia ante el juez Nicolás Foppiani, el fisical imputó también a Fabrizio Joel H., Cristian Damián R., Miranda Abril E., Gladis Yolanda R., Milagros Aylen A. y Nair Joana A. por el delito de intimidación pública agravada por el uso de explosivos y armas de fuego, además de otros delitos que atribuyó a cada uno de los acusados. El juez les dictó prisión preventiva por el plazo de ley a los tres hombres y a las cuatro mujeres, que deberán cumplir la medida en modalidad domiciliaria y monitoreadas con tobilleras electrónicas.
Además, a pedido del fiscal, se ordenó limitar a Avalle los tiempos de comunicación y que sólo pueda llamar a teléfonos fijos. También se indicó que aún queda al menos un sospechoso prófugo y otros presuntos implicados aún no identificados.
Conectados
Al esgrimir la evidencia contra los imputados Carbone vinculó los hechos por las modalidades empleadas en los ataques y porque en casi todos se dejaron notas con inscripciones similares. También detalló los hechos acaecidos a partir de la noche del 3 de abril pasado, cuando se registraron dos ataques casi simultáneos atribuidos al mismo grupo.
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El primero de los hechos sucedió pasadas las 22 cuando dos hombres a bordo de una moto Guerrero GR6 300 negra con detalles en rojo sin dominio prendieron fuego la sede del Sindicato de la Carne en Fausta al 5300, en la zona sur de Rosario, y efectuaron al menos cuatro tiros con una pistola Browning calibre 9 milímetros. Antes de retirarse dejaron una nota con contenido intimidatorio.
Minutos después, cerca de las 22.30, personas aún no identificadas arrojaron una bomba tipo molotov contra un bicicletero en el interior de la planta del Frigorífico Paladini ubicada en San Luis y Libertad de Villa Gobernador Gálvez. Además de ocasionar el incendio de cinco motos de empleados que estaban estacionadas allí, arrojaron una nota amenazante.
Cuatro días después, minutos antes de las 21 del 7 de abril, personas aún no identificadas prendieron fuego un camión Mercedes Benz estacionado en la puerta del Frigorífico Swift de Juan Domingo Perón y Lavalle de Villa Gobernador Gálvez.
El siguiente ataque, también en esa ciudad, fue a las 20.40 del 9 de abril en la planta del Frigorífico Mattievich en San Luis y San Diego. A bordo de la mismo moto empleada en el primer ataque referido, dos personas efectuaron al menos cinco disparos contra el portón de ingreso al mismo y dejaron una nota.
Veinte minutos después de ese ataque, alrededor de las 21 del 9 de abril, dos hombres fueron en la misma moto Guerrero hasta Lamadrid al 300 bis de Rosario y dispararon al menos dos veces contra la sede del Frigorífico Coto con una pistola Browning 9 milímetros y dejaron un cartel con una intimidación.
En ese mismo lugar, cinco días después, se registró el siguiente ataque atribuido al grupo se registró a las 21.27 del domingo 14 de abril. El hombre que hasta ahora permanece prófugo —se hicieron más de 15 allanamientos en su búsqueda— arrojó una bomba incendiaria hacia el interior del Frigorífico Coto y dejó otra nota.
La investigación comenzó a aclarar el panorama cuando el 16 de abril, cerca de las 22.40, efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez quisieron identificar a los ocupantes de una moto similar a la descripta en los ataques que circulaban por Filippini y San Diego de esa ciudad, a metros del Frigorífico Sugarosa. Los sospechosos se dieron a la fuga y entonces comenzó una persecución a lo largo de más de ocho cuadras que terminó cuando los ocupantes de la moto perdieron el control del rodado.
Así fue detenido Cristian Damián R. mientras que su cómplice pudo escapar. En manos del sospechoso se hallaron “tres bombas incendiarias tipo molotov y tres carteles con notas intimidatorias" de las usadas para perpetrar "ataques incendiarios contra las empresas frigoríficas Sugarosa y Paladini, y contra el Sindicato de la Industria de la Carne". La pericia de su teléfono abrió los caminos hacia a los otros imputados.
Organizados
Durante la audiencia el fiscal delineó los roles de cada imputado dentro de la organización. A Pupito le atribuyó haber ordenado desde la cárcel de Ezeiza los ataques contra los frigoríficos y la sede gremial. Carbone sostuvo que Avalle dictó las órdenes a su pareja, Miranda E., y a su madre, Gladis R., quienes estaban autorizadas por el Servicio Penitenciario Federal a comunicarse con él a través del teléfono fijo del pabellón donde está alojado.
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Las mujeres, según la investigación, transmitían esas órdenes a Fabrizio Joel Herrera, por entonces alojado en la cárcel Nº 6 de Rosario, en la ex alcaidía de Jefatura. Este hombre se encargaba de reclutar a los autores materiales y prometerles los pagos.
Hasta el momento solo dos de los ejecutores estaban identificados: uno es Cristian Damián R. y el otro es quien se encuentra prófugo. Respecto de este último el fiscal indicó que la hermana y la pareja de éste, Milagros A. y Nair A., colaboraron con uno de los ataques a la planta de Coto.
Nair A., por ejemplo, envió una foto por Whatsapp para redactar la nota intimidatoria. La otra mujer se encargó de brindarle las botellas de vidrio para que fabricara las molotov empleadas en ese ataque incendiario “con pleno conocimiento del destino que su hermano le iba a dar a esas botellas”. También le achacaron a Milagros A. haber ido al lugar del hecho y “tomar filmaciones del accionar policial” para mandárselas a su hermano para que éste acreditara el cumplimiento del trabajo encomendado.
Esas atribuciones derivaron en las imputaciones a cada uno de los acusados. Avalle agregó a su currículum, además de la intimidación pública agravada, la instigación de tres hechos de abuso de armas, daño agravado, dos hechos de daño y uno de incendio. A Hernández. también se lo imputó como instigador de los hechos. En cuanto a ambos instigadores, Carbone resaltó que ya tenían “importantes restricciones para comunicarse” y pidió que esas medidas se intensifiquen.
En el caso de Cristian Damián R. le agregaron al delito de intimidación pública la coautoría de cuatro hechos de encubrimiento por receptación dolosa ya que la moto en la que se lo acusa de haber perpetrados los ataques era robada. También lo acusaron de resistencia a la autoridad por haber intentado escapar antes de ser aprehendido.
Por su parte, las cuatro mujeres fueron imputadas como partícipes secundarias de intimidación pública agravada por el uso de explosivos y de arma de fuego.
La sombra de la barra
En una conferencia de prensa posterior a la audiencia Carbone no descartó que detrás del grupo liderado por Avalle esté la facción de Los Monos a la que le atribuyen la conducción de la barra brava de Newell's. No solo porque Pupito comparte pabellón en Ezeiza con Vinardi y Escobar, sino también porque hay un celular que hasta ahora no pudo ser secuestrado del que se estableció que también se enviaron órdenes al parecer vinculadas con los ataques intimidatorios. Y ese teléfono, para el fiscal, pudo haber sido usado por otros presos de ese pabellón.
En cuanto al móvil, el fiscal aclaró que Fantini aseguró que “nunca recibió una exigencia o pedido de dinero”. Tampoco los empresarios recibieron mensajes concretos. “Es evidente que lo que buscan estas intimidaciones tienen que ver con el sindicato y su conducción”, dijo Carbone.
Y al ser consultado si alguna facción de la barra de Newell's quiere hacerse de la conducción del gremio no lo descartó: “Es cierto que el Sindicato de la Carne tuvo presencia a lo largo de los años en lo que es la barra brava de Newell's Old Boys a través de personas que los vinculaban. El sindicato tiene 80 mil afiliados en el país y más de cinco mil en la provincia de Santa Fe. Es como un pueblo entero, hay un montón de gente, situaciones e intereses”, sostuvo Carbone al deslizar que el movimiento que genera el gremio de la carne podría resultar tentador para quienes pretenden gerenciar negocios varios desde la cárcel.
En ese marco, más allá de las complejidades del caso, sostuvo que la investigación se encamina a establecer la hipótesis definitiva sobre los ataques, sus responsables y motivaciones.
